La tragedia de los afros de Nariño

Desde hace cuatro años, la Corte Constitucional viene advirtiendo sobre la situación en el Pacífico nariñense, pero lo que se ha hecho al respecto no es suficiente. / Archivo

Los afrodescendientes de Nariño viven una tragedia sin precedentes por cuenta del conflicto, la minería, los monocultivos y el olvido estatal. Así lo viene advirtiendo la Corte Constitucional desde hace cuatro años y, sin embargo, el Gobierno no ha hecho lo suficiente para solucionar el problema. Por ello, el alto tribunal acaba de emitir un auto en el que hace un fuerte llamado de atención a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y resuelvan de una vez por todas esta tragedia humanitaria.

En este auto, conocido por El Espectador, la Corte denuncia con vehemencia que “los derechos fundamentales individuales y colectivos de las personas y comunidades afrodescendientes ubicadas en los municipios de la región pacífica del departamento de Nariño, víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento y resistencia, continúan siendo masiva y sistemáticamente desconocidos”.

“Las personas y comunidades de la región se encuentran en una situación de riesgo agravado frente a nuevos desplazamientos, producto del contexto de conflicto armado, de violencia generalizada y de sus factores asociados, que se vive en sus territorios colectivos y ancestrales”, sostiene el alto tribunal.

Y agrega que “las medidas ordenadas por la Corte Constitucional en el auto 005 de 2009, no han sido cumplidas cabalmente por las autoridades públicas en el departamento de Nariño (...). Los informes del Gobierno siguen limitándose a reportar una sumatoria de actividades, hechos, medidas, reuniones, planes, documentos, sin que esto se vea reflejado de manera concreta en una protección efectiva de los derechos fundamentales de las comunidades protegidas”.

Esa entidad reitera, como si no fuera obvio, “que las autoridades están en la obligación constitucional de cumplir dichas órdenes y de incorporar un enfoque diferencial étnico integral y transversal de prevención, protección, asistencia y atención a la población afrocolombiana desplazada”.

Los problemas son muchos: violencia, desplazamiento, confinamiento y, como si fuera poco, una tragedia ambiental causada por la minería ilegal y la realización indiscriminada de aspersiones en una región repleta de cultivos ilícitos, pero también de cultivos de pancoger vitales para la supervivencia de las comunidades. A esto se suma que, de acuerdo con la Corte, el Gobierno ha acudido en muy pocas ocasiones a la figura de la consulta previa como un mecanismo para conocer y respetar el pensamiento de las comunidades ante los distintos megaproyectos y aspersiones realizadas en esta zona de Colombia.

En estos casos, la Corte le ordena al Ministerio del Interior garantizar el cumplimiento del “deber de adelantar los procesos de consulta previa para la protección de los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes del Pacífico de Nariño, frente a proyectos de exploración y/o explotación minera, turística o portuaria, planes de erradicación de cultivos ilícitos, proyectos extensivos de monocultivos agrícolas, obras de infraestructura, y cualquier otra medida, cuando éstas puedan afectarlos directamente”, como, por ejemplo, las mencionadas aspersiones.

Igualmente le pide al Gobierno un diagnóstico veraz sobre el estado en el que se encuentran estas comunidades y sus líderes y lideresas que han sido amenazados por los grupos armados ilegales. De hecho, les solicita a la Procuraduría y a la Fiscalía que remitan un informe completo y detallado sobre las acciones que se han venido adelantando y los resultados obtenidos en relación con la investigación del asesinato del líder comunitario Miller Angulo, ocurrido el 1º de diciembre de 2012 en Tumaco, “cuya muerte ha tenido un impacto muy fuerte sobre la población desplazada y las comunidades afrodescendientes de Nariño”.

El objetivo de todo esto no es otro que sacar a los afros de Nariño de la tragedia en la que se ha convertido vivir en sus territorios ancestrales, tierras que, lastimosamente, se han convertido en un botín para los grupos armados ilegales, la minería ilegal y cuanto interés oscuro hay en Colombia.

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@juansjimenezh