Tras la pista de tres niños en Cauca

La policía busca a una menor de ocho años cuyo paradero es incierto y a un niño de 14 años raptado por extorsionistas que exigen mil millones por su liberación.

Edinson Arley Bolaños
27 de noviembre de 2014 - 10:57 p. m.
Cientos de pobladores de Almaguer y Caldono marchan para exigir la liberación de los menores.  / Archivo particular
Cientos de pobladores de Almaguer y Caldono marchan para exigir la liberación de los menores. / Archivo particular

Cauca permanece en la incertidumbre por los tres menores de edad que desaparecieron los pasados jueves y lunes y que aún no regresan al seno de sus hogares. El primer caso se registró en Caldono el 20 de noviembre, cuando el joven indígena Javier Yatacué, de 14 años, salió por última vez de su casa rumbo al Instituto Técnico Agropecuario de Pioyá, en la vereda Granadillo.

Según Albeiro Calambas, líder indígena del resguardo de Pioyá, Yatacué se fue a las filas de las Farc de manera voluntaria. No obstante, el defensor del Pueblo del Cauca, Mauricio Redondo, dijo que el hecho es un reclutamiento forzado por tratarse de un menor de edad víctima del grupo ilegal que utiliza estas prácticas para engrosar el número de combatientes en el norte del departamento. Y fue más allá al denunciar que se están llevando a los jóvenes con engaños u ofrecimientos de dinero o bienes materiales.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asegura que desde 2012 a junio de este año, 64 adolescentes se han desvinculado de grupos al margen de la ley en el Cauca. Según las estadísticas, los municipios con mayor vulnerabilidad son Jambaló y Paz, con 13 menores que se retiraron de las filas insurgentes, seguidos de Toribío, Caldono y Corinto, con siete, y El Tambo, Cajibío y Morales con seis.

La oficina de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) tiene sus propias estadísticas. Tan sólo de comunidades aborígenes, en lo que va corrido del año han sido reclutados diez menores. Olinto Masabuel, consejero del CRIC, afirma que “es muy difícil que alguien se vaya voluntariamente a la guerra, pero si eso es así, no deberían de recibirlo. Igualmente lo decimos para la Fuerza Pública que tampoco deben recibir a los indígenas para prestar el servicio militar. Ni obligatorio, ni voluntario, porque la Constitución Política nos excluye de eso”.

A pesar de que las Farc han anunciado que regresarán al joven a su comunidad en las próximas horas, a más tardar el viernes, la Guardia Indígena continúa rodeando el territorio para presionar a los insurgentes a que entreguen cuanto antes al joven nativo.

Mientras este caso parece esclarecerse, otra desaparición se registró en el municipio de Piendamó. Al lado de una carretera, los padres del joven Víctor Manuel Mosquera encontraron su mochila con los cuadernos y la motocicleta en la que todos los días se desplazaba al colegio, ubicado en el corregimiento de Pescador.

El comandante de la Policía del Cauca, coronel Ramiro Iván Pérez, asegura que se trata de un secuestro y que la familia ya recibió una llamada extorsiva a la que el Gaula está haciendo seguimiento e investigación. Emilso Mosquera, padre de Víctor Manuel, pidió a los captores que liberen pronto a su hijo de 14 años, ya que, asegura, son una familia humilde que vive de sembrar y cosechar café en la vereda San Pedro y que no cuentan con mil millones para su rescate. Según este campesino, el único motivo para vivir es que su primogénito termine el bachillerato y cumpla el sueño de llegar a la universidad para ser un profesional.

Mientras tanto, en el sur del Cauca, la familia Sotelo Jiménez vive su propio calvario. Luisa Fernanda, una menor de nueve años, desapareció cuando se encontraba comprando el desayuno. Salió en pijama y no regresó a su casa. Amanda Jiménez, su madre, quien trabaja como secretaria del inspector de Policía del municipio de Almaguer en el Macizo Colombiano, dice que hasta el momento no hay rastro de su hija, a pesar de que varios pobladores aseguran que dos hombres se la llevaron en una motocicleta roja con rumbo desconocido.

Así el panorama, Cauca está tras la pista en tres casos distintos en un territorio donde operan trece estructuras de grupos ilegales, todas activas y, según el comandante de la Policía del Cauca, diez pertenecientes a la guerrilla de las Farc y tres al Eln. Por eso la alerta es máxima. El defensor Mauricio Redondo dijo que Caldono, Jambaló y Toribío siguen siendo municipios en riesgo porque el conflicto arrecia y los niños siguen siendo fortín de la guerra allí.

 

 

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Por Edinson Arley Bolaños

 

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