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Los municipios —que se encuentran en la cuenca del río Bogotá— se reunieron esta semana con el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz; el director de las CAR del departamento, Alfred Ballesteros, y la directora de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Silvia Yepes, para determinar un plan de trabajo que garantice la operación óptima de las PTAR por parte de los alcaldes.
Según el gobernador Cruz: “No se estructuró una transición para (que los municipios asumieran la operación) y por esto nos reunimos con la Superintendencia de Servicios Públicos y la CRA para buscar fórmulas de corto plazo, como la transición para que los municipios puedan utilizar recursos propios para operar las plantas mientras se puede resolver el tema tarifario a través de las empresas de servicios públicos, o de los municipios cuando lo prestan de manera directa”.
Cruz, además, agregó que los municipios necesitarían aproximadamente de 50 a 100 millones de pesos mensuales para operar las PTAR, pero legalmente no está claro que puedan utilizar esos recursos. “No queremos que los municipios se vean afectados por investigaciones futuras y por esta razón hemos solicitado a las diferentes entidades que nos indiquen al respecto para la transición”.
Las autoridades están preocupadas por la situación actual de estos municipios. Cruz incluso sugirió que de no resolverse en el corto plazo, “podría generarse un problema de saneamiento básico y una emergencia compleja en los 21 municipios”.
Alfred Ballesteros, director de la CAR, le pidió a la CRA y a la Superintendencia de Servicios que diseñen “un régimen de transición que les permita a las administraciones municipales operar las PTAR”.