Una emblemática restitución en riesgo de fracasar

Habitantes de La Secreta en el municipio de Ciénaga, Magdalena. / Fotos: Cristian Garavito

Foto: Cristian Garavito/ El espectador

Los días 12 y 13 de octubre de 1998 una masacre perpetrada por paramilitares generó un desplazamiento masivo en la vereda La Secreta, en la estribación occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Dieciséis años después la mayoría de los desplazados han vuelto a sus tierras, pero ahora temen tener que irse otra vez, antes de que se repita el cruel ciclo de la violencia. (Vea en imágenes:Viaje a La Secreta, la vereda donde peligra proceso de restitución de tierras)

Ese 13 de octubre Elizabeth tenía ya nueve meses de embarazo; en la noche empezó a tener dolores de parto y estaba acostada en su cama. Su esposo apareció de repente, pálido, y le dijo: “Mija, preparémonos porque nos van a matar”. Venía en camino un grupo de más de 50 paramilitares fuertemente armados. Elizabeth, con su esposo, su madre y sus tres hijos, huyó hacia el monte. A mitad de camino, sin embargo, decidió regresar. “Dejé que siguieran y me devolví porque era muy peligroso yo embarazada en pleno monte. Pasé una noche de pánico en mi casa esperando que me mataran. Mientras tanto los paramilitares, con lista en mano, asesinaban a supuestos colaboradores de la guerrilla en diferentes sectores de la vereda”.

A las 5:00 a.m. del día siguiente, Elizabeth salió corriendo a buscar ayuda porque estaba a punto de dar a luz. Se encontró con su madre y parió a su hijo Kenner al borde de una quebrada. Luego se reunió con su familia y huyeron todos hacia Ciénaga.

El mismo 13 de octubre, las trillizas Dania, Dalia y Daniela Castillo tenían apenas tres años. Vivían con otros cinco hermanos y sus padres en una finca conocida como San Marcos. Allá llegaron los paramilitares, lista en mano, y durante una noche mantuvieron encerrados a los hombres en un cuarto y a las mujeres y niños en otro. Al día siguiente se llevaron un grupo hacia un cerro llamado Las Tetas, donde la madre, el padre y un hermano de las trillizas fueron torturados y asesinados, entre otros familiares y trabajadores que se encontraban en la finca. Los siete hermanos sobrevivientes, todos menores de edad, huyeron e intentaron reconstruir sus vidas en Riosucio, Caldas, al amparo de la hermana mayor, que tenía 15 años.

Estos son dos entre varios testimonios desgarradores de aquella masacre que provocó el desplazamiento de casi toda la vereda. Pero como la vida del campesino no tiene sentido sin el vínculo con su tierra, algunos desplazados empezaron a retornar poco a poco meses después de los hechos, aun cuando buena parte de la zona seguía bajo control paramilitar.

Entre los primeros en retornar estuvieron Elizabeth con su mamá, su esposo y sus hijos. “No nos fue bien en Ciénaga, pasamos muchas necesidades. Así que volvimos, pero la violencia seguía y nos tuvimos que ir a Media Luna, Cesar, donde casi nos matan también. Nos salvamos porque no aparecíamos en las listas de esos grupos. Luego volvimos a nuestra tierra por segunda vez y aquí seguimos”, dice.

También volvieron los hermanos Castillo, que prácticamente convivieron con los verdugos de sus padres, entre hostigamientos y amenazas. Dania, una de las trillizas, que ya tiene 19 años y se acaba de casar, recuerda: “Regresamos, retomamos nuestras tierras, empezamos a cultivar. Al principio fue muy difícil, pero ahora nos restituyeron legalmente y tenemos maíz, cilantro, yuca, ganado, cosas para nuestro consumo y para la venta. El proceso va bien, pero claro, después de todo lo que uno ha vivido, desconfía de cualquier cosa”.

A algunos de los primeros que retornaron les permitieron trabajar en sus tierras, pero muchos otros fueron obligados a trabajar con cultivos ilícitos. Además, los paramilitares trajeron trabajadores foráneos a esos cultivos. Uno de los habitantes del territorio cuenta que tras las masacres empezó a verse mucha más coca y marihuana en la zona. “Desde acá controlaban parte de esa economía. A algunos campesinos los obligaban a cultivar y venderles la coca fiada. Les pagaban a los tres meses, si querían. Luego sacaban la marihuana y sobre todo la cocaína ya procesada hacia EE.UU., Puerto Rico, República Dominicana, Honduras y Venezuela”.

La llegada de los paramilitares no era el primer episodio violento en la zona. La Secreta, como la Sierra Nevada de Santa Marta en general, está marcada por el conflicto desde los años 70, cuando con la bonanza marimbera empezaron las disputas territoriales con la llegada de colonos, hacia los 80 con las guerrillas y en los 90 con los paramilitares.

“El interés ha existido desde hace mucho tiempo porque es un lugar estratégico, sirve de corredor entre La Guajira, el Cesar y el Magdalena. Tiene salidas al río, al mar y a Venezuela. Es un territorio de mucho interés para el contrabando y para el camuflaje de actividad ilegales, como lo han denunciado las autoridades locales y nacionales. Aunque los actores y los discursos hayan cambiado con el tiempo, las estructuras de poder y los intereses por el control social y territorial persisten”, explica Yadira Galeano, coordinadora del Consejo Noruego para Refugiados en el Magdalena.

Tras la “desmovilización” paramilitar de 2005 y 2006, cuando parecía que La Secreta empezaba a liberarse de la violencia, el grueso de la población volvió a sus tierras por voluntad propia y luego, con la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, empezó a formalizarse la restitución de sus predios.

La Secreta se convirtió en un caso emblemático de restitución. Las trillizas Castillo fueron las primeras menores de edad restituidas en el país en 2013. Ya van 46 sentencias emitidas por jueces de tierras, que han jalonado la institucionalidad para reconstruir la vereda y su tejido social.

Fabián Oyaga, director de la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena, dice que el de La Secreta es un caso particular porque una mayoría de desplazados ya había retornado a sus tierras sin acompañamiento del Estado. “Teníamos que intervenir buscando formalización y regulación de la propiedad. No había opositores al proceso, como en otras zonas de Magdalena, sino que eran baldíos que los desplazados habían retomado. Se ha avanzado bastante. No obstante, en el tiempo aparecen importantes factores de riesgo para garantizar la sostenibilidad del proceso de restitución”.

Los pobladores de La Secreta lo confirman. La mayoría siente que ha progresado, sobre todo en materia de proyectos económicos productivos. Con ayuda del Departamento para la Prosperidad Social y la cooperación internacional, recientemente se puso en marcha un proyecto que promete ser un polo de desarrollo: un centro de acopio para la producción de café, su producto tradicional. No obstante, es evidente que queda casi todo por hacer en materia de vivienda (de 77 subsidios aprobados, ninguno ha sido implementado), atención psicosocial, mejoramiento de la infraestructura educativa, construcción de vías y, lo que más preocupa a la población, seguridad.

Hoy la comunidad ve en el corto plazo el riesgo de otro desplazamiento masivo. La Fuerza Pública aparece rara vez, cuando van funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras o los jueces de tierras. En los últimos meses, las amenazas de grupos armados ilegales se han vuelto cada vez más frecuentes. Dicen los habitantes que les piden vacunas de un millón de pesos por predio restituido. “Sabemos que están rondando y vienen para acá. Nos piden un millón cuando apenas tenemos para comer”, dice un habitante. Como sucedía en los días previos a la masacre del 98, los pobladores de la vereda ya no se acuestan a dormir tranquilos.

Tan grave es la situación que el líder de la comunidad, Silver Polo, ya tuvo que desplazarse de su tierra por segunda vez, después de recibir recurrentes amenazas por vía telefónica, a través de mensajes de texto, de panfletos y hasta incursiones en la casa de sus hijos. Ahora él, que planeaba ser un hombre libre en su vereda, está obligado a una vida de nómada y anda con un esquema de seguridad para protegerse. “Es el precio que pagan los líderes campesinos en el país: por intentar llevar desarrollo y que se cumplan los derechos de su comunidad, termina uno amenazado”, asegura.

En efecto, como lo confirma Christian Visnes, director de país del Consejo Noruego para Refugiados, últimamente se han incrementado las amenazas, no sólo contra Silver, sino contra otros líderes campesinos del departamento y funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras. “No ha habido ataques directos. Los procesos de restitución están andando, los opositores a la restitución actúan dentro del marco de la ley, pero todavía no se han definido muchos procesos. En el momento en que se definan más casos, la violencia podría despertar con nuevas amenazas. No se sabe qué pueda pasar”.

Para Silver, así como para muchos habitantes de La Secreta, es muy claro que los grupos que de nuevo rondan la zona están compuestos por los mismos paramilitares que se desmovilizaron en 2006. “No tengo dudas. Aunque uno se arriesgue hay que decirlo: los hostigamientos vienen de parte de desmovilizados que ven en el proceso de restitución una afectación para ellos, en especial para los cultivos ilícitos que tienen en zonas a donde llega la restitución, como fue La Secreta. En la comunidad los hemos identificado. Aunque ya no sean grandes grupos, se han visto agrupaciones de seis u ocho hombres armados. Por más pequeños que sean, tenemos que prevenir otro ataque, otro desplazamiento”.

El líder dice que, así como él tuvo que desplazarse por segunda vez, la comunidad ya tomó la decisión de que, si el Estado no llega rápidamente, se van del territorio antes de que los maten. “Eso acabaría con un proceso de restitución que ha sido exitoso. Denuncié las amenazas ante la Defensoría del Pueblo, el Batallón de Alta Montaña, la Policía Nacional, el Gaula, la Fiscalía. Tengo ocho meses en esta situación y no me responden de dónde vienen las amenazas. Ellos niegan que existan grupos ilegales en la Sierra. Sí los hay. Aunque sean pequeños son una amenaza para una comunidad absolutamente vulnerable y desprotegida”.

Así como La Secreta fue un caso de éxito emblemático en el país, un segundo desplazamiento de la comunidad sería un rotundo fracaso. Christian Visnes afirma que “el retorno de las poblaciones desplazadas a sus territorios es la negociación de la paz por fuera de la mesa de negociación en La Habana. El fracaso del proceso de La Secreta y un nuevo desplazamiento se podría entender como una seria amenaza para la paz. La Secreta y todos los casos donde los campesinos han vuelto a sus tierras son la expresión más profunda de una sociedad civil que exige que se detenga la incansable violencia armada. Los campesinos ya no tienen más tiempo para esperar. Las obligaciones del Estado deben hacerse efectivas y la comunidad internacional debe acompañar de manera decidida a estas comunidades y complementar la acción del Estado”.