Un particular caso se dio en las elecciones regionales de octubre. El alcalde electo en el municipio de Unguía (Chocó), Cayetano Tapias Romero, avalado por Opción Ciudadana, fue condenado días antes de los comicios, el 19 de octubre, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir, por hechos ocurridos en 2006, cuando también se desempeñaba como burgomaestre de este municipio.
Tapias Romero fue denunciado por presuntas anomalías en el manejo presupuestal de Unguía y puntualmente se le acusa de haber girado cheques a personas naturales y jurídicas sin los soportes necesarios. Además, señala la sentencia que no hay evidencia de ingreso de los suministros que se habían pagado con el presupuesto del municipio.
Por estos hechos, la jueza penal del Circuito Especializado de Descongestión, Inés Damaris Ñustes, lo condenó, en primera instancia, a 58 meses de prisión y a pagar una multa de más de $141 millones. La sentencia lo inhabilita para el ejercicio del derecho y de funciones públicas durante el mismo período de la condena, lo que lo no le permitiría posesionarse.
Lo más curioso de este caso es que la Comisión Escrutadora de Chocó le entregó la credencial como alcalde electo, pues Tapias Romero apeló la sentencia ante el Tribunal de Quibdó y, en respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso, debió acogerse el veredicto de las urnas.
Así lo explicó el presidente (e) del Consejo Nacional Electoral, magistrado Carlos Camargo, quien afirmó que “el efecto de la condena, al ser apelada, es suspensivo y no hay motivos para no entregarle la credencial o impedir su posesión”.
Así las cosas, el resultado del 25 de octubre, que de acuerdo con el último informe del preconteo informativo de la Registraduría ubica como ganador a Tapias Romero con 1.781 votos, por encima de su rival Cristian Alexánder Chaverra quien obtuvo 1.639 sufragios, se tendrá que mantener hasta que la justicia diga lo contrario.
El Espectador se comunicó con Tapias Romero, quien afirmó que está siendo objeto de una persecución política. “Colombia es un Estado de Derecho y todos tenemos derecho a defendernos. Lo cierto es que la gente de mi pueblo decidió que yo sería por tercera vez alcalde y así será. La investigación se inició con la funesta participación del DAS, que afortunadamente fue liquidado”.
El caso de Tapias Romero se suma al del empresario John Jairo Torres, conocido como John Calzones, quien está detenido, ganó la Alcaldía de Yopal, capital del departamento de Casanare, y por la normatividad le tuvo que ser entregada la credencial de alcalde de este municipio el 5 de noviembre pasado.