Según el Informe Anual de Impunidad llevado a cabo por la red global de organizaciones comprometidas con la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión (IFEX-ALC), la ausencia de resultados sigue siendo el conflicto más apremiante para la labor periodística en toda Latinoamérica.
El recuento, que retrata los casos y recomendaciones particulares para cada país, expresa la preocupación del organismo internacional por los eventos ocurridos en relación con la periodista Jineth Bedoya. El caso de Jineth Bedoya ocupa un lugar relevante en el documento dadas sus condiciones de política internacional, puesto que la comunicadora, en conjunto con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), demandó en 2012 al Estado colombiano por la vulneración a sus derechos básicos y la falta de prestaciones en materia de seguridad que le fueron ofrecidas.
En la actualidad, según lo menciona el texto de la IFEX, se ha dado prioridad a la situación de la periodista y en este contexto se produjo la vinculación de tres paramilitares en el proceso. Pese a la relación establecida entre las acciones criminales y los sindicados, no se ha logrado un avance hacia la inculpación de los insurgentes que fueron señalados por los entes judiciales.
En el marco de circunstancias como la promoción estatal de la Ley de Víctimas y el proceso de paz que se lleva a cabo con las Farc en La Habana, la FLIP informa que de enero a octubre de 2013 se han registrado más de 100 agresiones a la prensa, presentándose en estas “más de un periodista víctima”.
La IFEX resalta la creación, por parte de la Fiscalía, de la Unidad de Análisis y Contexto, que inscribe en una de sus líneas de investigación la violencia contra la prensa.
En Colombia la impunidad sigue regente en 62 casos de asesinatos a periodistas, lo que para la organización que realiza el informe representa un fracaso en la labor de impartir justicia.
Entre las recomendaciones que deja la IFEX para la revisión de la actualidad judicial en el país se encuentra la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información pública, la observación de diversos casos cercanos a la prescripción y la promoción de resultados garantes de la nueva institucionalidad en materia judicial, dado que el actual sistema colombiano se considera en el ámbito internacional como carente de trayectoria en su rango de acción.