Aunque la imagen es cruda, el directivo la guarda para mostrar una de las formas como conductores y propietarios de buses son extorsionados. Es una composición de dos fotografías. Una muestra a un chofer recién abaleado y la otra, un conjunto de vehículos de la compañía. La imagen, dice, llegó con un mensaje aún más intimidatorio: “Pague, o mire lo que le pasa”.
Reconoce que, si bien la empresa no se deja intimidar, unos 400 propietarios de buses, de los 500 que hay allí, sí pagan extorsiones. Cada semana, cuenta, pagan entre $50.000 y $80.000 por “vacunas” y otros “servicios” que comenzaron como voluntarios y se volvieron obligatorios: celada, alistada, aseo y parqueo. “Algunos deben pagar $5.000, guarden o no guarden el carro”, dice el directivo, que no reveló su nombre por seguridad.
En promedio, algunos propietarios afiliados a esta empresa pagan unos $26 millones cada semana. Esta cifra explica en parte los $140 millones que salen cada semana del gremio de buses por extorsiones, según el Instituto Popular de Capacitación (IPC). Sin embargo, estos son cálculos aproximados, pues ni el Gaula de la Policía ni la Secretaría de Seguridad tienen cifras reales de este delito.
En Medellín, el gremio de buses de servicio público está conformado por 43 empresas y 4.286 vehículos. Sin embargo, el Gaula sólo tiene registro de siete denuncias y dos son de municipios vecinos. “Estas empresas han denunciado porque el tema se les salió de las manos, pero las empresas no denuncian”, dice un investigador.
Los buseteros cuentan, por ejemplo, que ante la posibilidad de que se implemente el recaudo electrónico, los extorsionistas han dicho que deben recoger el dinero y llevárselo o consignarlo en una cuenta. “Van a buscar la forma de cobrar y los propietarios van a buscar la forma de pagar”, dice un directivo.
Los paros y asesinatos de conductores de buses en los últimos tres años, en cambio, no han estado concentrados en siete empresas. Son muchas más las que han padecido ataques. Desde octubre de 2009 hasta enero pasado fueron asesinados, mientras trabajaban, al menos 16 conductores y dos despachadores en Medellín, Bello, Itagüí y Caldas, de los 10 municipios del Valle de Aburrá.
Los investigadores del Gaula reconocen que la extorsión es un tema muy complejo. Primero, porque las 14 grandes estructuras criminales de Medellín y su área metropolitana, y los 119 combos vinculados a éstas se financian a través de cuatro fuentes: microtráfico, extorsión, sicariato y juegos de azar. Segundo, porque así las autoridades golpeen a una de estas estructuras en la cabeza, la que ocupa después ese espacio absorbe todo el negocio criminal. Tercero, porque la delincuencia ha permeado algunas empresas. Y cuarto, porque han creado una amplia red de cobradores que incluye a niños y decenas de alistaderos clandestinos.
Aunque José Jaír Jiménez, subsecretario de Seguridad, dice que no se puede ser tan iluso como para creer que se va acabar de tajo con este negocio, con la “herencia que dejó Pablo Escobar”, confía en que los planes de la Alcaldía de Medellín, la Policía y la Fiscalía van a mejorar la situación.
Por ahora, la Alcaldía y los taxistas acordaron implementar nuevamente la tarjeta de control, la cual debe estar lista para marzo, así como hacer un barrido de parqueaderos para determinar cuáles son legales y cuáles no, analizar posibles soluciones, como abrir un canal de radio sólo para ellos, y poner cámaras en algunos de los vehículos.
En cuanto a los buses, la medida más próxima sería el recaudo electrónico. Aunque es un tema de vieja data, Ómar Hoyos, secretario de Movilidad, asegura que para junio de este año ya debe estar lista la reglamentación. “Cuando llegué (…) no había un estudio que permitiera hacer una reglamentación desde el punto de vista técnico”, dice.
Jiménez agrega que lo más efectivo para atacar la extorsión en general es la creación de la Unidad de Objetivos de Alto Valor, un grupo conformado por seis fiscales y 40 policías que tienen el objetivo de atacar el microtráfico, la extorsión y los líderes de las bandas criminales que operan en la ciudad, entre ellos Carlos Chata, Mono Pepe, Carlos Pesebre, Elkin Triana, Ronald y Nando.
El funcionario destaca también las 120 camionetas inteligentes que poco a poco estarán en los puntos más críticos, la próxima compra de 10 CAI móviles, la articulación de más de mil cámaras (780 de la Alcaldía y 300 de hospitales y centros comerciales) y la instalación, en las principales entradas y salidas de Medellín, de 10 arcos con cámaras y escáner, para analizar si entran y salen drogas y armas.
El caso más evidente de control al sector del transporte ocurrió el 25 de mayo de 2005, cuando por seis horas pararon 220 rutas de transporte urbano e intermunicipal, después que la Fiscalía ordenara capturar a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, por el homicidio del diputado cordobés Orlando Benítez. “Ahí empezaron a mostrar signos de que no sólo era el tema de la extorsión sino el control sobre esa actividad económica (…). Después de eso los transportadores comenzaron a ser ‘vacunados’ de manera mucho más artesanal, como una especie de peaje”, concluye Herrera.
Mientras escribía este texto, el directivo de una empresa llamó al autor y le dijo que los conductores de dos rutas estaban muy atemorizados porque miembros de un combo les habían dicho que la cuota ya no era de $10.000, sino de $20.000.