:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/r8EJPlNrgxDbwLINQZK02rcLZo8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/DYRAF2HMJ5D57DG3QDIRVCQKEQ.jpg)
Ante la ausencia del Estado en la zona, la comunidad afrodescendiente del corregimiento de El Hoyo, Patía, en Cauca, expidió su propio reglamento para poder convivir con la minería ilegal e intentar mitigar el daño que están generando decenas de retroexcavadoras en el río Patía, uno de los principales afluentes del océano Pacífico.
A tres kilómetros de la estación de Policía del corregimiento Piedra Sentada, en el sur del Cauca, hay un peaje improvisado. No es del Gobierno ni de la insurgencia, es de la comunidad de la cuenca media del río Patía. Ellos lo llaman la Vara, otros que apenas conocemos, el Peaje. Lo cierto es que hasta este punto pueden llegar las retroexcavadoras, volquetas y carrotanques antes de ingresar a los ríos. Ahí, los dueños de las máquinas deben hacer un aporte que, según las tarifas de la comunidad, va desde los $5.000 hasta los $500.000.
La medida comenzó hace un año, cuando se desbordó la llegada de retroexcavadoras. Según un informe de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), están ubicadas en 130 entables o minas sobre los principales afluentes donde nace el río Patía, es decir, en los ríos Quilcacé, Esmita y Timbío. De ahí que el Consejo Comunitario del corregimiento de El Hoyo, ubicado pocos kilómetros antes de la formación del río Patía, diga que hay más de 120 retroexcavadoras, contadas en un recorrido hecho por los propios líderes de la zona hace algunas semanas. En nuestro recorrido contamos 33.
Al corregimiento de Piedra Sentada se llega después de dos horas de viaje desde Popayán. Está asentado a un lado del cordón de la vía Panamericana. El desvío es por una carretera destapada y sólo a cien metros de ese caserío está el primer rastro de lo que ha provocado la locomotora minera: “Distriminas, venta de repuestos para maquinaria pesada Kotelco y Comatsu”, se lee en un letrero que está en la fachada de una casa de bahareque.
De ahí en adelante la carretera es una trocha que en 2012 fue rellenada con balastro por miembros de la comunidad, para que fuera transitable. Luego, cuando llegaron las máquinas a finales de ese año, la carretera se empezó a agrietar y la chiva que transportaba a los negros patías al mercado en la cabecera municipal de nuevo tuvo que ser sacada a tirones con manilas.
En ese momento aparecieron los desterrados. El negro Virgilio* fue uno de ellos. Apareció para liderar el único reglamento minero que existe en Colombia, paralelo al propio Código Nacional Minero elaborado en el Congreso de la República.
Ante la ausencia del Estado, redactaron un documento de cuatro páginas al que llaman Mandatos comunitarios para el ejercicio de la minería en los municipios de El Tambo y El Patía. Tiene cuatro capítulos. En el primero se exponen las compensaciones económicas que justifican que el peaje improvisado sea para la reparación de vías y la construcción de puentes, escuelas y cementerios.
Al principio, cada fin de mes recaudaban más de $4 millones. Sin embargo, las máquinas que entraron no volvieron a salir y hoy registran ingresos mensuales de apenas $1 millón. De ahí que los líderes reunieran este año a los mineros ilegales para acordar aportes directos para las obras de la comunidad. El último fue de $18 millones para reparar el puente colgante que comunica al corregimiento con el municipio de El Tambo. Esto se logró tras un paro que hace un mes la comunidad les hizo a los mineros al taponarles la vía para impedir el paso de combustible.
El segundo capítulo se llama “Mandatos para la convivencia social”. Ahí, el Consejo Comunitario advierte a los mineros que de promover la prostitución en la zona y amenazar a los líderes comunitarios, serán expulsados del territorio. Y como un silencio para evitar el destierro, prohíben las armas dentro de la comunidad, pero las permiten en los campamentos para la protección del producido: “Sólo estará permitido el porte de armas de bajos calibres, tales como escopetas, guacharacas, revólveres calibre .38 y pistolas 9 milímetros”, sentencia el mandato.
El documento termina hablando de la mitigación ambiental, donde se enfatiza que quienes hagan daños a los bosques y vegetaciones en las riberas de los ríos deberán restituir hasta veinte veces el área afectada, de lo contrario serán expulsados de la región.
Cuando se le pregunta a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) si conoce el documento, la respuesta es que no tiene competencia para estos casos, mientras que la Policía del departamento, a través del comandante operativo, coronel Mauricio Cárdenas, dice que ese reglamento no partió de la comunidad, sino de los frentes 8º y 60 de las Farc, que operan en la zona y manejan el negocio: “Ellos son los que dicen quién entra y quién no, cuánto deben pagar por cada máquina y gramo de oro extraído”. Asimismo el alcalde del municipio de El Patía, Nacor Acosta, con los dos escoltas que tiene, dice que apenas puede hacer denuncias ante la Fuerza Pública.
Los desterrados de la minería
Días después de la visita de El Espectador a la zona a finales de septiembre, según lo reportó la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, ocho líderes fueron amenazados con un mensaje contundente. “No se metan con este negocio, porque la minería es una mafia”, le dijeron al negro Virgilio, el primer desterrado de su tierra natal.
Pero Virgilio no sólo fue víctima del destierro de la minería ilegal. También Adelinda Gómez, su amiga dentro del proceso del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), quince días antes de ser asesinada recibió llamadas para que abandonara su pueblo (Almaguer) y no pusiera resistencia a la extracción de oro ilegal que hoy se hace sobre el río Marmatos, otro afluente del Patía.
Quizá en lo único que ha coincidido este reglamento de El Hoyo, Patía, con el Código Nacional Minero es en que ha sido de difícil aplicación. Los mineros de oro y carbón no sólo construyeron vías alternas para evadir los impuestos de la comunidad, sino que también, tras la aparición del documento, como una amenaza de destierro, a principios de este año, aparecieron asesinados José William Angulo y Eduardo Andrés Peña en la mina de oro de la finca La Marcela de este corregimiento. “A uno de ellos lo encontramos con los dedos cortados y al otro la comunidad lo sacó del río porque tenía una piedra amarrada al cuerpo para que no flotara”, cuenta el negro Virgilio.
Luis Albeiro Villaquirán, director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), reconoce que este problema se salió de las manos del Estado. Lo único que ha podido hacer la corporación es entregarle las coordenadas a la Policía para que realice los operativos. Sin embargo, los documentos de la Fuerza Pública apenas reportan este año el desarrollo de tres en todo el departamento y uno en el corregimiento de El Hoyo. Estas acciones dejan como resultado cinco retroexcavadoras decomisadas, dos motobombas, dos volquetas y siete capturas en flagrancia.
Tales resultados, según el coronel Mauricio Cárdenas, obedecen a la talanquera que tiene la Fuerza Pública para aplicar el decreto 2235, el cual les permite quemar la maquinaria cuando capturan en flagrancia a los infractores o comprueban que los dueños son grupos armados ilegales. “A veces resulta que esas máquinas las han alquilado para abrir carreteras. Entonces, si las quemamos, cuando aparecen los dueños vienen las demandas para la Policía, porque aplica el principio de la buena fe”, dice Cárdenas.
Peor aún, la maquinaria decomisada no se puede “sacar de los sitios porque no tenemos la logística necesaria que nos permita hacerlo. Lo que nos ha tocado es dejarla a cargo del dueño, pero resulta que cuando visitamos de nuevo la zona, la máquina otra vez está trabajando”.
Otra situación que ha impedido un operativo de gran magnitud, según el coronel Cárdenas, es que el Cauca no cuenta con Fuerza Pública suficiente para ingresar a sitios como el corregimiento de El Hoyo, ya que en la zona no sólo hay máquinas desarrollando la labor, sino también cientos de personas de la comunidad que barequean para poder sobrevivir al lado de las grandes minas y dificultan entrar a quemar o incautar la maquinaria.
A raíz de esta problemática que está acabando con el río más largo del litoral Pacífico, el mes pasado se desarrolló un consejo extraordinario convocado por la Corporación Ambiental del Cauca, a la cual asistieron desde la Policía y las alcaldías hasta la Agencia Nacional Minera. “Ahí se hizo evidente la urgencia de que en los próximos meses se desarrolle un operativo en el que participen la Fuerza Aérea, el Ejército y otras fuerzas especiales”, manifiesta el coronel Cárdenas. Con esta acción no sólo pretenden desestabilizar a los frentes 8º y 60 de las Farc, sino también a los Rastrojos, que en las últimas semanas han aparecido vestidos de camuflado.
Mientras, en El Hoyo, Patía, la comunidad espera a que un operativo le devuelva la posibilidad de seguir barequeando en su territorio y dice que aunque el Código Nacional Minero no les ha dado regalías, el reglamento que crearon hará realidad sus sueños. El negro Virgilio cuenta que en los próximos meses, con los aportes de los mineros ilegales, pretenden terminar un “beneficiadero” o acopio panelero de todo el municipio. “La idea es que todo productor de caña obtenga su cédula panelera para cumplir con la Ley 779 que exige el Gobierno a los pequeños y medianos productores, y así poder sacar nuestro producto a competir en el mercado”.
* Nombre cambiado