El principal argumento de quienes están de acuerdo con que la plataforma tecnológica Uber debe ser catalogada como ilegal es que a través de ella los carros de servicio especial prestan un servicio individual de pasajeros que sólo les corresponde a los taxis amarillos. Así quedó más que claro en el comunicado emitido el fin de semana pasado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte, en el que se afirmó que “las tecnologías que faciliten la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros con vehículos de servicio público especial no son legales”.
Ana Paula Blanco, directora de comunicaciones de Uber para América Latina, explica, sin embargo, que Uber opera bajo el artículo sexto del decreto 174 de 2001, que regula servicio especial de pasajeros.
El artículo dice que el servicio especial “es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas (prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo específico de usuarios”.
Ana Paula dijo a este diario que el nicho de mercado de Uber, pasajeros que están dispuestos a pagar más por un servicio de calidad mayor a la de otros medios de transporte público, son esas personas particulares “que requieren de un servicio expreso” de las que habla el artículo sexto.
Ahora, Uber no es una empresa de transporte. En entrevista con El Espectador esta semana, el viceministro de Transporte, Enrique Nates, dijo que, para que Uber sea legal, puede constituirse como empresa de transporte, esto, enmarcado en la libertad de empresa que hay en Colombia. Uber, no obstante, ha manifestado no tener interés en constituirse como tal, pues es una empresa de tecnología, que conecta al usuario con un “socio conductor”. Uber es el puente, según Blanco.
La reglamentación dice también que el servicio se presta con base en un contrato escrito, algo que, al parecer, no tiene. Sin embargo, Ana Paula Blanco explica que el usuario “descarga unos términos y condiciones donde cada vez que se pide un servicio, se ratifica ese contrato”. En Colombia, sin embargo, los extractos contractuales digitales no están regulados. Hay un proyecto de decreto del ministerio en cola que pretende hacerlo. “Esas son las conversaciones que queremos tener con el ministerio y con las demás entidades de Gobierno porque hay una diferencia grande entre ser ilegal y no estar regulado”, dijo Blanco.
Uber X, la modalidad a través de la cual un vehículo particular puede prestar el servicio de transporte, lanzado hace casi un mes, no se cobijaría bajo este artículo, pues las personas naturales no son empresas de transporte. Sin embargo, para discutir ese y el resto de aspectos de vacíos legales, Uber dice estar “pidiendo regulación al gobierno”. El Espectador conoció que en la agenda del viceministro de Transporte fue incluida la próxima semana una cita con representantes de Uber.