Las tierras que se ubican en las haciendas Jaragüay y Campo Alegre en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Cabe resaltar que en dicha zona, era una zona estratégica de control paramilitar.
Son cerca de 100 familias las que acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, para recuperar sus terrenos perdidos. Luego de las investigaciones y los trámites permitentes, se radico la petición ante el Juez Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Córdoba, que fallo a favor de restituir las tierras a los demandantes.
Fuentes de la Unidad de Restitución de Tierras, señalaron como en el pronunciamiento que devuelve los derechos de propiedad sobre 10 parcelas se evidencian las marañas jurídicas que incurrieron los paramilitares para conservar las tierras que habían despojado, entre ellas, la creación de empresas fachadas, ya que varios de los predios están a nombre de la empresa Seguridad al Día S.A., una sociedad unipersonal que respondía a la voluntad de postulado a Justicia y Paz, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, tal como lo expresó el mismo en una audiencia ante la Fiscalía General de la Nación: “Esta es una empresa que se montó para hacer esta negociación y de pronto para otros posibles negocios que se presentaran. Había un muchacho ahí en Medellín, era el que representaba porque era una empresa unipersonal. Este muchacho, esta persona, es ajena al accionado o a cualquiera de los negocios o decisiones que yo tomara. Solamente se creó esta empresa para colocar estas tierras u otras tierras que se presentaran hacia futuro y para tener una legalización, pagar impuesto, catastro o registro (…).”
Asimismo, la Unidad de Restitución de Tierras, informó que otras parcelas registran como propiedad de Inversiones la Milagrosa, una sociedad comercial donde figuran los campesinos despojados como accionistas, los cuales supuestamente donaron el predio para conformar el capital de dicha empresa. En las escrituras públicas de los predios figura la firma de los solicitantes efectuando las transferencias en diferentes notarias del departamento. Sin embargo, estas personas afirman no haberse desplazado nunca hasta esos lugares para efectuar dicho trámite; de hecho, algunos aseguran que muchos de los firmantes ya habían fallecido para la fecha de las transferencias.
Años atrás las tierras fueron adjudicadas a dicho grupo de campesinos demandantes través de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), la ONG creada por los hermanos Castaño, que tenía como propósito evidenciar su interés en la desmovilización. Pero tan sólo algunos años después, en cabeza de Sor Teresa Gómez Álvarez, jefes paramilitares que siguieron delinquiendo como Jesús Ignacio Roldán alias’ Mono Leche’ y alias ‘Don Berna’, los campesinos beneficiados por Funpazcor fueron de nuevo victimas del despojo, siendo el asesinato de la lideresa Yolanda Izquierdo una de las muestras del acoso y la presión que ejercieron los grupos delincuenciales para despojar a los campesinos.
“Nos dejaron prácticamente sin nada porque mi papá, después de quitarle las tierras, se sentía como sin fuerzas. Desde ahí él empezó a enfermarse, además dice que quien lo despojó de sus tierras fue Sor Teresa y Mono Leche. Uno no podía hacer nada. Todos vivíamos bajo amenaza. Debíamos obedecer lo que ellos dijeran”, expresó una de las beneficiarias del fallo.
Como lo señalan los voceros de la Unidad de Restitución de Tierra, la sentencia, además de restituir a los campesinos, incluye una serie de medidas tendientes a reparar de manera integral los derechos que les fueron vulnerados, proceso en el cual participan entes territoriales, la Unidad para la Atención Integral a Víctimas, ICBF, Sena, entre otras instituciones.