Violencia e impunidad: enemigas de las mujeres

Yamile Garzón, bogotana de 42 años, fue víctima de maltrato en su hogar. Víctor Vargas, su esposo durante veinte años, le propinó golpes físicos y morales que la dejaron frágil y sin autoestima. Incluso, en febrero de 2012, después de la separación, el hombre intentó ahorcarla con un cable justificando que si ella no era para él, no sería para nadie.

Doce años antes, en febrero del 2000, Janeth Beltrán*, que entonces tenía 15 años, fue golpeada, humillada y violada por cuatro miembros de las Auc en un pueblo de Bolívar. Le cortaron el pelo, le pintaron el rostro como a un payaso y la dejaron tirada, inconsciente. Para ambas, la justicia se ha hecho la de la vista gorda.

Después de denunciar los hechos, el proceso legal de Yamile no ha tenido avances: su esposo continúa libre y, ella, sumida en una depresión que no le ha permitido conseguir un trabajo o reconstruir un hogar, no ha recibido la atención médica y económica que, por ley, el Estado tendría que ofrecerle.

El caso de Janeth, que tuvo la valentía de denunciar diez años después de su pesadilla, también está congelado. Aún no comienzan las investigaciones para identificar a sus agresores y, pese a tener dos antecedentes de suicidio, no ha recibido el tratamiento sicológico al que tiene derecho.

Pese a estar en regiones distantes de Colombia, la impunidad reina para ellas y para la mayoría de mujeres en el país. Así lo revela el Sexto Informe de Derechos de las Mujeres ¿Hacia un real camino a la igualdad?, presentado ayer por la Corporación Sisma y la Red Nacional de Mujeres.

Según el documento, entre el 81% y el 90% de las investigaciones por inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar y delitos sexuales contra mujeres que se presentaron entre 2009 y 2012 no concluyeron con medidas de justicia.

Como sucede con Yamile Garzón, en 14.017 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, equivalentes al 86% de las que tiene registro la Fiscalía, la administración de justicia no ha podido determinar la culpabilidad del autor o autores.

Para mujeres como Janeth Beltrán, las expectativas no son distintas: de 44.592 investigaciones por violaciones y actos sexuales abusivos que han adelantado las autoridades colombianas en los últimos tres años, sólo el 19% terminaron en sentencias condenatorias.

Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, afirma que "lo que más aumenta la impunidad es la impunidad misma. Es un círculo vicioso que necesita un compromiso serio del Estado para romperse", de lo contrario, dice, "las mujeres van a seguir creyendo que no vale la pena denunciar y vamos a estar haciendo una normatividad de mentira, una ley que no le va a servir a nadie".

De otro lado, luego de cinco años de expedir la Ley 1257 de 2008, que busca proteger y defender a las mujeres de la violencia de género de manera integral: en salud, educación, justicia y trabajo, el informe resalta que “es posible evidenciar que no ha habido un impacto significativo en el incremento de investigaciones penales sobre los delitos”. Por ejemplo, en materia de feminicidios, la Fiscalía sólo informa de 18 investigaciones, cifra minúscula si se tiene en cuenta que Medicina Legal tiene registro de 320 casos de homicidios a mujeres por razones de género entre 2010 y 2011.

A propósito de estas cifras, sin duda alarmantes, el documento de Sisma y de la Red Nacional de Mujeres atribuye este clima de impunidad a que la violencia “todavía se justifica y legitima por condiciones relacionadas con el incumplimiento de los roles femeninos”.

Además, el desconocimiento de la los contenidos de la Ley 1257 por parte de funcionarios públicos “es bajísimo” e “impacta negativamente en el funcionamiento de un modelo integral de prevención, protección y atención”.

Una ley de cuidado

Si bien la Ley 1257 pretende ser integral, el informe resalta que “tiene muchísimos obstáculos”. De un lado, la mayoría de beneficios previstos para las mujeres víctimas de violencias en el ámbito laboral están condicionados a la expedición del Programa de Equidad Laboral, que según Beatriz Quintero, va a pasos de tortuga en el Ministerio del Trabajo.

De acuerdo al informe, el Ministerio de Educación tampoco ha emitido aún los lineamientos y orientaciones pedagógicas, conceptuales y operativas de los proyectos pedagógicos que pretenden superar los estereotipos, prejuicios y violencias contra las mujeres, y el Ministerio de Salud todavía no ha adoptado los mecanismos necesarios para la entrega del subsidio monetario, el alojamiento, y hospedaje para las mujeres víctimas regulados por el Decreto 4796 de 2011.

De acuerdo a Diana Guzmán, investigadora en temas de género del Centro de Estudios Dejusticia, aunque se trata de una ley importante, “la 1257 se demoró mucho tiempo en ser regulada y no había los recursos para que fuera inmediatamente aplicada. Además, existe mucho desconocimiento de la norma y así no tiene sentido para las mujeres”.

Asimismo, una de las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia está relacionada con las enormes dificultades de la Fiscalía General de la Nación para identificar a los presuntos responsables de los hechos, lo cual encuentra explicación, entre otros motivos, en que tratándose por ejemplo de casos asociados al conflicto armado, los agresores no eran conocidos por las víctimas y que usualmente ellos durante la comisión del crimen ocultan su rostro, como sucedió con Janeth Beltrán.

Según Beatriz Quintero, “si el país no se compromete realmente, la incapacidad d elas mujeres le va a salir muy cara a Colombia. ¿Es viable una democracia y un crecimiento económico en un país que no respeta la mitad de su población y que no le da garantías a las mujeres de vivir una vida libre de violencia? No creo”.