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Al tiempo que las Farc y el Gobierno acuerdan los términos en que se iniciará la discusión sobre el tema de víctimas en la mesa de diálogos de La Habana, 18 organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada piden ser tenidos en cuenta. En concreto, quieren participar tanto de la comisión de víctimas que viajará a Cuba, como de los foros que la Universidad Nacional y la ONU coordinan para llevar a la mesa de negociaciones las propuestas de quienes han sufrido la guerra.
El evento se realizó ayer en el colegio El Carmelo de Bogotá. Hasta allí se trasladaron voceros de las organizaciones de familiares de víctimas procedentes de 15 regiones del país. Y asistieron con su acostumbrada disciplina: portando la foto de su familiar colgada en el cuello, como una cruz, o recostada contra una pared. Pétalos de rosas y flores adornaban un pasillo con los retratos de la guerra, con los rostros de esas personas que alguna vez se despidieron de sus seres queridos y nunca han regresado. “Vivos se los llevaron, vivos los esperamos”, repitieron en coro una decena de sobrevivientes, aun a sabiendas en sus corazones de que lo más probable es que estén muertos.
Hasta aquí nada es nuevo. Las 18 organizaciones han pasado años repitiendo sus exigencias, alzando sus plegarias en plazas públicas o iglesias de ciudades y pueblos de todo el país. Han vivido la discriminación, la indiferencia y la revictimización, pero ahora que el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc parece haber llegado a un punto de “inflexión”, como lo dijo el propio presidente Juan Manuel Santos, ven la ventana por donde creen se deben filtrar sus suplicios y por donde debe llegar la verdad.
Las organizaciones que firman el documento, en su mayoría han sido afectadas por crímenes de agentes de Estado y paramilitares, y consideran que ha llegado el momento de que ese Estado le preste atención a la desaparición forzada. Un delito que involucra a más de 30 mil personas. Un delito que no es homicidio pero tampoco secuestro. Un delito que por años nadie ha sabido cómo manejar y que los familiares de las víctimas no dudan en señalar al Estado como responsable —“por acción u omisión”—, advierte una mujer de profundos surcos en su rostro, cuyo hijo no ha vuelto a casa.
Antes, la declaración del Gobierno y las Farc de reconocer a sus víctimas les volvió la esperanza. Y por eso tienen dos propuestas. Primero, que dentro de la comisión de esclarecimiento sobre los orígenes del conflicto se incluya una subcomisión que se encargue exclusivamente de la desaparición forzada. “La subcomisión debe tener en cuenta los impactos específicos y diferenciados sobre las comunidades, la sociedad y los efectos desproporcionados sobre las mujeres, y elaborar recomendaciones para garantizar la no repetición de este delito”, señala el comunicado que será entregado a las delegaciones negociadoras y los países garantes del proceso de paz.
Y segundo, han pedido la puesta en marcha de un programa enfocado en la satisfacción de los derechos de las víctimas de este delito. Para esto, plantean la necesidad de desentrañar el papel y la responsabilidad del Estado en estos hechos, así como impulsar una campaña de sensibilización social que permita reconstruir el tejido social que se ha visto afectado por el miedo y la indiferencia que ha producido la desaparición forzada en las comunidades afectadas.
En este sentido, plantean la necesidad de castigar a los funcionarios públicos que de manera directa o indirecta hayan participado en estas actividades delictivas. “Las desapariciones forzadas son un asunto muy espinoso para el Gobierno y esperamos que con esto encontremos respuestas. Estamos luchando para que tengamos el derecho para asistir a La Habana”, refirió Yaneth Bautista, hermana de Nidia Érica Bautista, desaparecida en 1987.
“Así como los exmilitares están sentados en la mesa, siendo que ellos cometieron crímenes de lesa humanidad, nosotros reclamamos el derecho a la verdad, justicia y reparación. Queremos estar en La Habana, contar el drama que hemos vivido, conocer la verdad sobre lo que les ocurrió a nuestros familiares. Llegó el momento de que el Estado asuma su responsabilidad en estos crímenes. Queremos la verdad, saber qué les pasó a nuestros familiares, y queremos tener la garantía de no repetición”, exigió Gloria Luz Gómez, directora de Asfaddes.
Finalmente, criticaron tanto a la Mesa Nacional de Víctimas como los foros que Naciones Unidas y la Universidad Nacional coordinan para llevar las propuestas de las víctimas a La Habana. En ambos casos afirmaron sentirse limitados en su participación y no haber sido oídos.
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@AlfredoMolanoJi