La ex canciller Barco dijo desde Washington, en una entrevista radial que la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (Atpdea, por su siglas en inglés) "es un tema que está muy pendiente" en los distintos sectores del Legislativo norteamericano.
"Hay conciencia de que esto hay que sacarlo adelante", agregó la diplomática al referirse al fin de este régimen preferencial, con el que Estados Unidos compensa la lucha antidrogas regional y que expirará el próximo 31 de diciembre.
La embajadora admitió que "es muy poco" el espacio que queda en las actuales sesiones del Congreso estadounidense, que ahora está centrado en la crisis financiera del país con el estudio de un conjunto de ayudas propuesto por el Ejecutivo.
Se espera que el Legislativo sea convocado de nuevo para un período de sesiones en noviembre próximo, que será la oportunidad que se tenga para que la prórroga del Atpdea sea estudiada y votada, dijo Barco.
"Albergo la esperanza que haya estas sesiones ahora en noviembre", señaló Barco, quien observó que, de no prorrogarse la norma antes de que expire, a los exportadores colombianos les quedaría el eventual reconocimiento retroactivo de las preferencias.
Sin embargo, consideró que se trata de una opción que "no es buena" y ofrece dificultades, como las de la incapacidad de muchas empresas para cubrir los impuestos y el temor de que los beneficios no lleguen al productor, sino que queden en manos de la cadena de distribución.
Según la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), las preferencias alcanzan a más del 90% de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, por lo que su eventual desaparición le puede acarrear al sector unos 450 millones de dólares en sobrecostos.
La prórroga del Atpdea, acuerdo que ya ha sido renovado en el pasado, es la alternativa que queda para mantener estos beneficios hasta el Congreso estadounidense apruebe el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre ambos países.