En primer lugar, propone un cambio en la figura del defensor del cliente en las entidades financieras. La administración Uribe pretende que el defensor sea nombrado por la Superintendente Financiero y no por las propias instituciones financieras.
Esta persona debe ser abogado para llevar procesos de conciliación entre la entidad y el cliente y su independencia de las partes garantizará una resolución imparcial de los conflicto.
La reforma propone que el defensor de una resolución de quejas en un plazo máximo de 15 días, a no ser que entre en proceso de conciliación con el banco.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, esta propuesta busca fortalecer los mecanismos de atención al usuario y resolver con mayor agilidad las quejas que a diario presentan los clientes del sector financiero y que el año pasado superaron las 800 mil, de las cuales el 48 por ciento fueron resueltas a favor de los usuarios, 30 por ciento a favor de la entidad y el 22 por ciento aún están pendientes de ser resueltas.
Como el objetivo de la reforma es el usuario, en ella se establece que de ser aprobada los derechos de los consumidores y los deberes de las instituciones deben quedar completamente definidos, para que el usuario tenga certidumbre de su posición como cliente de una entidad financiera.
Adicionalmente, la reforma pretende obligar a las entidades financieras a que le entreguen la información veraz, integral, legible y de fácil entendimiento a los usuarios, por lo que en los contratos que este firme deben estar escritos en caracteres visibles y detallar los términos de las operaciones que va a realizar.
Este proyecto también prohíbe que las entidades financieras incluyan en los contratos cláusulas en las que los clientes renuncian a sus derechos y aclara que en los mismos no pueden existir espacios en blanco y si los hay deben incluir instrucciones precisas para que el cliente sepa cómo llenarlos.
Pese a que inicialmente se había contemplado que la reforma incluyera una regulación en las tarifas, Zuluaga explicó que el Gobierno no lo considera conveniente porque de ser así implicaría una desestimulación de la competencia.
Régimen de Ahorro Individual de Pensiones
En este punto, el Gobierno propone adoptar un modelo de multifondos que obedezca a la edad y a los perfiles de riesgo de los aportantes y de esta manera maximizar sus recursos.
El modelo establece, entonces, que existan tres tipos de fondos: bajo, medio y alto riesgo, en el que el ahorrador puede escoger de acuerdo a su vida laboral. Es decir, una persona que esté iniciando su vida laboral puede estar en un fondo de mayor riesgo, mientras que una persona que esté en el final de su vida laboral estará en un fondo de bajo riesgo, para garantizar su pensión. Al afiliado que no escoja el fondo, se le asignará.
Sobre la Comisión de administración que cobra los fondos, ésta seguirá siendo del tres por ciento, pero se establecerá un esquema de incentivos para premiar la gestión de las administradoras en cuanto a su portafolio, que, en consecuencia, incentivará la competencia entre las mismas y haría que los ahorradores fueran los más beneficiados.
Cesantías
La reforma financiera presentada por el Gobierno ante el Legislativo propone crear dos portafolios: uno denominado a la Vista, pensado en los ahorradores que retiran sus cesantías en cortos periodos, de liquidez en los primeros seis meses.
En contraposición, el segundo tipo de fondo estará dispuesto para ahorradores de mayor permanencia que les garantizará mayor rentabilidad.
Leasing
Hasta ahora, las entidades bancarias no podían realizar actividades de leasing, con la reforma financiera los bancos no tendrían que usar un vehículo independiente para ello, sino que se integraría al propio banco.
Asimismo, el proyecto establece que las entidades bancarias puedan conceder financiación para la compra de compañías del sector real.
Casas de Cambio
De ser aprobada la iniciativa, las casas de cambio pasarían a llamarse Sociedades de Intermediación Cambiaria y se tendrían vía libre para realizar giros en moneda nacional, en el país.
Fogafin
La reforma establece que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) quedaría encargado de hacerle seguimiento a las liquidaciones de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.