El proyecto habitacional propone combatir en cantidad y calidad, el déficit habitacional que registra el país. La iniciativa se llama "Techo digno y ciudades justas", y mediante el desarrollo de esta iniciativa el gobierno considera que en la próxima década se podría terminar con las necesidades habitacional de los colombianos.
“Llegó la hora de acabar con el déficit estructural de vivienda en Colombia. Así como los colombianos consideran inaceptable que los niños no puedan ir a la escuela o que los pobres no puedan acceder a la salud, esta ley parte del principio de que todos, en el país, deben tener un techo digno”, indicó Lozano.
“Con este estatuto se busca acabar las vueltas innecesarias, los papeleos eternos, las cartas de subsidio guardadas esperando el otorgamiento de un crédito. Esta ley, que recoge más de 11 leyes y 2.000 normas, regulará la entrega, disposición y adecuado aprovechamiento de la vivienda en el país para que por fin, todos los colombianos puedan tener casa propia” señaló el titular de la Cartera Ambiental.
“La industria de la construcción en Colombia está preparada para asumir este reto”, puntualizó.
Los cambios que contempla
-El más relevante de todos es la revolución, la transformación del uso del subsidio.
Antes: Se destinaba solamente para el pago parcial de la cuota inicial.
Esto implicaba un mayor monto de ahorro de la familia y un menor valor de crédito otorgado por la entidad bancaria, con una mayor cuota para el beneficiario.
Ahora: Se destina una parte para el pago de la cuota inicial y la otra para ayudar a pagar las cuotas del crédito.
Se requiere un menor ahorro por parte de la familia, se potencializan sus ingresos para lograr un mayor crédito, pagando una menor cuota ya que el Estado asume una parte importante de la misma.
Finalmente, esta nueva fórmula implica un aumento real en el valor del subsidio
-Institucionaliza la política de Macroproyectos de Vivienda de Interés Social Nacional.
-Motiva la demanda de VIS con incentivos como: modificación del subsidio, ampliación del espectro de quienes pueden entregar créditos de vivienda (cooperativas, asociaciones), exclusión del pago de gastos notariales y de registro, financiación de gastos de conexión a los servicios públicos (es decir, diferir en cuotas la instalación de contadores) y estándares mínimos para el diseño y construcción de vivienda (por ejemplo, éstas deberán contar con mínimo 2 habitaciones -piezas- para dormir).
-Control y vigilancia realmente efectivos: Se requiere de una entidad del orden nacional que se encargue de la vigilancia, control y sanción de las conductas de quienes participan en los procesos de oferta, promoción, construcción y financiación de vivienda, así como de aquellas en que incurren las personas naturales beneficiarias del subsidio de vivienda familiar. Por esto, se le otorgan competencias especiales a la Superintendencia de Industria y Comercio para que siempre esté alerta ante cualquier rumor de fraude.
-“Más dientes” contra avivatos: el Estatuto promueve la creación de un Régimen Sancionatorio, con los instrumentos suficientes que le permitan al Gobierno Nacional evitar conductas que afecten el normal desarrollo de los programas de vivienda.
-Revisión de la figura de los desalojos, los cuales siempre tendrán que ejecutarse con el acompañamiento permanente de la Procuraduría en los procesos judiciales. Se prohíben desalojos nocturnos y prácticas inhumanas de cobro.
-En materia de Desarrollo Territorial, le da herramientas a alcaldes locales para que puedan expropiar terrenos y de esta manera agilizar procesos constructivos.
-Establecimiento del Régimen Disciplinario del Curador Urbano.