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El Gobierno estudia la posible declaración del estado de emergencia económica para manejar la crisis social causada por las oficinas que captan dinero ilegalmente, conocidas como pirámides, según informó este domingo a la Agencia EFE una fuente oficial.

La fuente del Gobierno dijo que el equipo jurídico de la Presidencia ya estudió la posibilidad de decretar dicho estado especial, que está previsto por la Constitución para permitir al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa en casos especiales por un plazo inicial de 30 días.

El presidente Álvaro Uribe ha tenido varias reuniones con sus asesores desde el viernes y este domingo, tras reunirse con el gabinete para adoptar la decisión, la daría a conocer. “El interés del Gobierno es garantizar que los ahorradores recuperen su dinero”, indicó la misma fuente, tras añadir que se proyecta reformar las normas para tipificar como delito la captación de dinero por parte de empresas no autorizadas.

El fenómeno de las pirámides entró en crisis la semana pasada cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en metálico a cambio de pagar intereses de hasta el 300 por ciento. Según el Gobierno, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares ofreciendo triplicar los fondos.

El pasado miércoles se registraron disturbios en varias ciudades, en las que se decretó el toque de queda para contener las protestas, que dejaron dos muertos, mientras que un tercer ahorrador defraudado se suicidó. Entretanto, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, le pidió a las autoridades regionales que “colaboren para identificar dónde se está haciendo esa captación” de dinero.

El Ministro explicó que “se van a endurecer las penas y se va establecer un nuevo tipo de delito que no va a ser excarcelable”. El sábado el presidente Uribe afirmó que las pirámides son parte de la “cultura mafiosa” y la ambición de ganancia fácil y rápida. Como consecuencia de esta crisis, el viernes renunció el superintendente financiero, César Prado.