El Marco le da poder al Legislativo de establecer, por iniciativa del Gobierno, las condiciones jurídicas y políticas para acuerdos con grupos armados ilegales.

El Marco Legal para la Paz no ha cumplido siquiera un año de haber sido aprobado y ya se avizora la que sería su prueba de fuego: los acuerdos de paz con las Farc. Después de meses de controversia y de críticas de parte de personajes tan disímiles, políticamente hablando, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la iniciativa está en firme. Ahora habrá que ver cómo se desarrollan las mesas de diálogo anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos con la organización guerrillera para que el Marco sea reglamentado.

Valga recordar que el Marco Legal para la Paz le da poder al Legislativo de establecer, por iniciativa del Gobierno, las condiciones jurídicas y políticas para acuerdos con grupos armados ilegales que quieran desmovilizarse. Es decir, qué penas recibirían, quiénes lo harán, cómo sería la reparación a las víctimas, si los desmovilizados podrían participar en política o no. En resumidas cuentas, los mecanismos de justicia transicional que el Congreso considere necesarios para la paz. Lo que quede en la reglamentación del Marco serán las condiciones, palabras más, palabras menos, de los acuerdos de paz.

En lo que a conceptos jurídicos se refiere, la justicia transicional tiene un conjunto de medidas y mecanismos con los que una sociedad intenta alcanzar la paz y la reconciliación sin vulnerar el derecho a las víctimas al perdón, la reparación y la justicia. Su condición de transicional radica en que con ella se busca salir de un momento de conflicto para entrar a uno de posconflicto y superación de la violencia.

Al respecto, el fiscal general Eduardo Montealegre comentó en entrevista con Caracol Radio, que, dentro del Marco Legal para la Paz, los beneficios jurídicos que podrían recibir los desmovilizados si se comprometen con la paz, serían desde principios de oportunidad hasta exoneración de la pena. Debido a que aún no se ha definido nada, sería el Legislativo quien determine las medidas que se tomarían con los desmovilizados. Sin embargo, el mismo Marco Legal para la Paz establece que será el fiscal general de la Nación quien “determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal”.

El presidente Juan Manuel Santos ya ha dicho que una de las bases sobre las que se realizarán los diálogos será la de no repetir los errores del pasado, como los que hayan podido quedar de las negociaciones con el M-19 y las AUC.

Asimismo, en el Marco Legal para la Paz se establece que “una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político precisamente aquellos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática y, en consecuencia, no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”. Según se sabe, algunos congresistas ya han estado moviéndose para que de estrecharse los acercamientos entre el Gobierno y la guerrilla, se empiece a preparar y se tenga pronto el marco jurídico para los acuerdos. No obstante, por ahora todo son especulaciones.