Los voceros de las Farc ‘Marcos Calarcá’, ‘Andrés París’, ‘Mauricio Jaramillo’, Rodrigo Granda, ‘Sandra Ramírez’ y ‘Hermes Aguilar’ durante la última rueda de prensa en La Habana. / EFE

Desde el pasado 4 de septiembre, cuando el presidente Juan Manuel Santos le confirmó al país que se había llegado a un acuerdo con las Farc en torno a una hoja de ruta para sentarse a dialogar sobre el fin del conflicto en el país, habló de cinco puntos en la agenda: desarrollo rural y acceso a la tierra; garantías al ejercicio de la oposición política y participación ciudadana; fin del conflicto armado, que implica abandono de las armas y reinserción a la vida civil por parte de los guerrilleros; búsqueda de solución al problema del narcotráfico, y derechos de las víctimas. Sólo en torno a ellos —dijo— giraría el llamado “Acuerdo general para la terminación del conflicto”.

Ahora, a pocos días de que se formalice en Oslo (Noruega) el comienzo en firme de las conversaciones, hay ciertos temas considerados fundamentales en los que los equipos negociadores se han concentrado: el narcotráfico, incluida la extradición; la reinserción de los combatientes, y la participación en política. Asuntos considerados neurálgicos de cara al proceso, con aristas por todos lados, propuestas y, por supuesto, mucha incertidumbre de cara al futuro.

Y es claro: tanto el Gobierno como la guerrilla saben que el capítulo del narcotráfico es el más difícil de encarar, teniendo en cuenta que éste implica una de las mayores pesadillas para las Farc: la extradición, a la que se han opuesto históricamente y sobre la que hoy no dudan en afirmar que con ella no habrá paz. Postura que les ha servido para solicitar la presencia de Simón Trinidad en la mesa de negociación, aunque saben de las dificultades de dicha petición.

Pero sea como sea, quieren abrir el debate y mientras se escuchan voces de la imposibilidad de atender ese pedido, ya que depende de la justicia estadounidense, saben que si Trinidad participa en las conversaciones desde su sitio de reclusión, al menos mediante videoconferencia, —posibilidad que estaría estudiando el Gobierno— ello significa una victoria.

En lo que tiene que ver en concreto con el tema del narcotráfico, si bien las Farc han dicho que no comercializan con drogas y que lo único que hacen es cobrar un impuesto en las zonas de producción, el Gobierno tiene claro que muchas de las estructuras insurgentes están vinculadas al ilícito negocio, en especial aquellos frentes que se han visto relacionados con las llamadas bacrim, con las que además trabajan en minería ilegal.

Frentes que incluso están identificados: son los que operan en zonas como Cauca, Putumayo, Guaviare, Valle y Nariño. “Llegará el momento en que ese tema salga a flote y no es un secreto que la justicia de Estados Unidos podría solicitar la extradición de algunos jefes guerrilleros, como Fabián Ramírez, alias Caliche, Joaquín Gómez y hasta el mismo Pablo Catatumbo, quienes están radicados en esas regiones claves para el tráfico de narcóticos.

El Gobierno sabe —por información de inteligencia— que las Farc no sólo cuidan los cultivos, sino que procesan y exportan. Y los negociadores del presidente Santos tienen claro que si ese tema no se aborda desde el principio, posteriormente podría ser un serio tropiezo en la mesa. En las conversaciones exploratorias quedó evidenciado que las Farc temen que les pase lo mismo que a los jefes paramilitares, que pese a haber firmado acuerdos con el gobierno de Álvaro Uribe, muchos terminaron extraditados.

“La verdad es que el tema tarde o temprano saldrá a relucir y las Farc insistirán en saldar su deuda, sin tocar una cárcel en Estados Unidos. Por eso creemos que escogieron como voceros para el proceso a integrantes de la llamada facción ideológica, que no viven en Colombia y no tienen mando militar, a excepción de Rubén Zamora”, le dijo a El Espectador una fuente cercana al proceso. El afán de la guerrilla es tratar de avanzar hacia algún tipo de acuerdo en torno a la extradición de nacionales, en el cual, piden, estén involucradas las autoridades norteamericanas.

Como es de esperarse, todos hacen cálculos. Por ejemplo, para algunos miembros del Gobierno los negociadores que las Farc presentaron está semana son todo lo que tienen para llevar a la mesa. Y aunque “van a presentarse disidencias” —como le dijo a este diario la mencionada fuente— confían en que éstas no van a darse a nivel de secretariado ni del llamado Estado Mayor. Ahora, también tienen claro que varios comandantes de frentes van a seguir con el narcotráfico, precisamente aquellas estructuras que desde hace seis o siete años están dedicadas a trabajar con las bacrim.

Otro aspecto sobre el que se viene trabajando intensamente tiene que ver con el problema de la disolución de las estructuras armadas de las Farc y en el modelo de reinserción de los combatientes a la vida civil. Y aquí hubo una propuesta osada: tanto la guerrilla como el Gobierno llegaron a explorar la posibilidad de que algunos de ellos ingresaran a las filas del Ejército Nacional, siguiendo el ejemplo de los procesos de paz en Centroamérica. Sin embargo, la propuesta no ha tenido acogida, pues las partes son conscientes del malestar que podría causar dentro de las filas castrenses.

En este sentido hay otras propuestas que tienen mejor ambiente. La principal consiste en brindar a los eventuales desmovilizados unas áreas para que puedan dedicarse a tareas de campo. Se trata de una especie de “zonas de reserva campesina” que podrían estar ubicadas —por ejemplo— en la frontera con Venezuela, para que los exguerrilleros funjan como guardias fronterizos y a la vez se reintegren a la sociedad mediante el trabajo con la tierra. Un viejo sueño de las Farc que se inscribe dentro de su planteamiento de “seguridad alimentaria”.

Otras ideas que dan vueltas en la actualidad tienen que ver también con la posibilidad de que se conviertan en erradicadores de cultivos ilícitos, que sean una especie de policías cívicos dedicados a cuidar las reservas naturales en el país o que se cree una especie de sistema de familias guardabosques. “Ello tiene un propósito y es que los exguerrilleros se queden en las zonas donde han estado siempre y que allí mismo logren reinsertarse. El tema es que estén todos cobijados bajo una estructura rural”, explican quienes están metidos de lleno en la evaluación de las propuestas.

Finalmente, el último de los asuntos sobre los que se viene discutiendo arduamente en estos momentos tiene que ver con el escenario de la participación política que se les va a ofrecer a los desmovilizados. Las Farc han expresado su interés en presentarse a las elecciones de 2014, lo que significa que deben firmar la paz en el transcurso de 2013. Pero el Gobierno sabe que es posible que no todos los guerrilleros formen parte de ese acuerdo final, justamente por el tema de narcotráfico.

“Habrá acuerdo con quienes quieran firmar y la ventaja que tiene este proceso es que la cúpula o el secretariado está dentro del proceso, no así algunos jefes de frentes que podrían quedarse por fuera y los cuales serán combatidos como delincuencia común, enfrentando el fantasma de la extradición”, señaló la fuente gubernamental.

Desde la perspectiva de la insurgencia, el asunto va más allá. Para las Farc no se trata simplemente de participar en política, sino de tener garantías y por eso han planteado una reforma profunda al sistema electoral. Hasta donde se sabe, la guerrilla no está pensando en la elegibilidad de las figuras del secretariado y a lo que apuntan inicialmente es a transformarse en una fuerza política con garantías de respeto y equidad. Se ha venido trabajando en una propuesta de transformación del sistema electoral y de un estatuto de oposición que les garantice una actividad política sin el riesgo de que sean asesinados o excluidos de la contienda política a través de las trampas que hoy contempla el sistema de elección.

Claramente, las Farc no quieren que se repita el episodio de la Unión Patriótica, partido político que surgió luego de los acuerdos de paz alcanzados con el gobierno de Belisario Betancur a mediados de los años 80 y cuyos líderes y principales figuras fueron asesinadas, para terminar posteriormente perdiendo la personería jurídica por no alcanzar el umbral exigido por la ley. Por eso, la reforma al Código Electoral y la construcción de un estatuto de oposición son dos puntos sin los cuales no estarían dispuestas a continuar en la mesa de diálogos.

Y la cosa no para allí. En el interior del grupo negociador de la guerrilla se han venido estudiando modelos políticos. Por ejemplo, se ha indagado sobre un profundo cambio en las ramas del poder y no se descarta que pongan sobre la mesa una reforma del Estado en su estructura política, apuntando hacia un sistema unicameral, semiparlamentario y semipresidencial. Una discusión de vieja data y que, palabras más palabras menos, implica, entre otras cosas, establecer las figuras de jefe de Estado o presidente y primer ministro.

Narcotráfico, no extradición, reinserción y participación política. Los puntos claves sobre los que los negociadores del Gobierno y las Farc están haciendo más énfasis, convencidos en cada orilla de que hay que llegar pronto a acuerdos. Porque hasta de un “proceso express”, es decir, una negociación que se tome menos tiempo del que los colombianos se imaginan hoy en día. El tire y afloje seguirá siendo intenso. Hoy, en torno a la mesa de negociación, se rumora del temor que existe de que las Farc no lleguen unificadas al final del proceso y que no sean más de tres mil hombres los que se desmovilicen. El objetivo es que entre ellos estén sus máximos líderes para así llevar a que la marca ‘Farc’, si es que así se le puede decir, desaparezca y Colombia pueda mirar con mayor optimismo hacia el futuro.

La lección de Carlos Castaño

Carlos Castaño, el asesinado jefe de las autodefensas, supo advertir a tiempo sobre el daño que le haría a su movimiento la alianza con el narcotráfico. “Quienes de alguna manera consideramos tener deudas con EE.UU., sentimos los ojos de los gringos en todo momento y, aunque quisiéramos que fuera sólo paranoia, los hechos y la presión comienzan a estrangular a narcos, guerrillas y autodefensas (...). No estoy actuando como mediador, sino como alguien más que en su momento tendrá que responder por sus actos ante la justicia norteamericana”, dijo en su confesión al periodista Mauricio Aranguren, en 2001.

Castaño siempre fue consciente de que en ese tema EE.UU. sabe cruzarse a tiempo. En 2004, cuando él mismo buscaba aproximarse a Washington para tomar distancia de los narcos mimetizados en el proceso de paz con el gobierno Uribe, encontró la muerte. En mayo de 2008 los máximos jefes paramilitares fueron extraditados, todos acusados del delito de narcotráfico.

Integrar las guerrillas al Ejército Nacional

La fórmula de integrar a las fuerzas armadas ilegales en las legítimas no sólo se ha planteado en las agendas de paz de Colombia. Al menos en tres países centroamericanos el modelo se ha puesto en práctica. Guatemala, Nicaragua y El Salvador son un ejemplo de ello. Este último firmó los Acuerdos de Paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) en México.

En el segundo de nueve capítulos de este acuerdo el Gobierno se comprometió a la creación de la Policía Nacional Civil como un nuevo cuerpo policial que estableció cuotas para que los desmovilizados del Fmln las integraran.

Se estableció que fuese el 20% para cada bando y el 60% de participantes neutrales. También se creó la Academia Nacional de Seguridad Pública para formar a los agentes de la Policía Nacional Civil, dando énfasis en la formación para el respeto de los derechos humanos.

‘Política con garantías’: Farc

El segundo punto del texto del acuerdo que el Gobierno y las Farc firmaron en La Habana (Cuba) plantea garantías para que “el ejercicio de la oposición política se pueda hacer sin temor”. Es claro que este grupo subversivo quiere incursionar en política sin que ese deseo termine en exterminio, como el de la Unión Patriótica, ni en la continuación de la confrontación armada. Sólo el año de 1987, según cifras oficiales, murieron 749 civiles, 568 guerrilleros y 501 miembros de la Fuerzas Armadas. Cerca de 200 miembros de la UP fueron asesinados, siendo el crimen del excandidato presidencial y presidente de esta colectividad, Jaime Pardo Leal (el 11 de octubre), uno de los más repudiados. Las Fuerzas Armadas también recibieron fuertes golpes. Uno de ellos fue la muerte de 27 soldados en Caquetá, en junio, en el ataque de las Farc a una caravana de vehículos.