El ministro del Interior, Fernando Carrillo, y el presidente del Congreso, Roy Barreras, tras la reunión de ayer.

Aunque en el Gobierno y en el mismo Congreso lo niegan, con el argumento de que sólo se legislará para garantizar la participación política de los desmovilizados de las Farc hasta que se establezcan acuerdos en la mesa de negociación en La Habana, es un hecho que desde ya se está avanzando en el trámite de una reforma política que garantizaría esa vocería, la creación de nuevos partidos y hasta la posibilidad de expresar sus opiniones más radicales sin temor a ser sancionados por los organismos de control.

Así lo confirmó el mismo presidente del Senado, Roy Barreras, luego de un encuentro con el ministro del Interior, Fernando Carrillo, en el cual definieron las prioridades legislativas, entre ellas precisamente las garantías de participación política en el marco del proceso de paz. Tema que debe adelantarse desde ya, pues aunque en el Gobierno consideran que puede convertirse en una “camisa de fuerza” para el proceso —como lo dijo el lunes pasado el ministro en entrevista con El Espectador—, su trámite tardaría cerca de un año y de llegar a un acuerdo en La Habana, no habría tiempo para lograr la participación de los desmovilizados en las elecciones de 2014.

“Se impulsará la reforma política constitucional que ya fue aprobada en su primer debate en la Comisión Primera de Cámara, para que se convierta en una iniciativa más integral y robusta e implique garantías para la oposición en Colombia, incluyendo la creación de nuevos partidos políticos”, ratificó Barreras.

De hecho, en el encuentro con Carrillo se abordó otro tema que a todas luces generará ardua polémica: según se conoció, en el articulado de la mencionada reforma se incluirá un mecanismo para garantizar “que en el ejercicio de una oposición radical pero democrática —como podría ser la de las Farc— no haya amenazas de los órganos de control o de cortes que lleguen a coartar las opiniones políticas”, explicó el congresista.

El debate no es de poca monta y ha sido abordado una y otra vez durante los últimos años en el mundo político. Se podría decir que desde 1999, cuando ante una demanda interpuesta por un grupo de ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación y vinculó mediante indagatoria a los 111 representantes a la Cámara que votaron la absolución del entonces presidente Ernesto Samper, acusado dentro de lo que se conoció el Proceso 8.000.

Viviane Morales, una de las vinculadas, interpuso una tutela argumentando que se violaba el derecho de los congresistas a la inviolabilidad de las decisiones que tomaban en el ejercicio de su labor, tesis que finalmente respaldó la Corte Constitucional. Hoy, todos los juristas aceptan la tesis de que un congresista no puede ser perseguido en razón de las opiniones expresadas durante el curso de su actividad parlamentaria ni por los votos que emita en el ejercicio de su cargo, que es lo que ahora quiere reglamentarse en aras de la paz.

Pero este es sólo uno de los temas que aborda la reforma política que ya está andando en la Cámara de Representantes y que además plantea evitar que el umbral de votos para mantener la personería jurídica de los partidos políticos aumente del 2% al 3%, tal como lo contempla la reforma de 2009.

Hay dos motivos que resultan prioritarios para hacer esta propuesta. El primero es que, teniendo en cuenta la posibilidad de que las Farc dejen las armas y pretendan participar del debate político, es necesario garantizar su llegada al Congreso. Por otro lado, de aumentar el umbral, correrían riesgo las personerías jurídicas de los partidos Verde, Mira, PIN, Cambio Radial y hasta el Polo Democrático, quedando de paso el Legislativo sin la vocería de la oposición, que como se sabe, es uno de los puntos de la agenda que han acordado el Gobierno y las Farc y que será la hoja de ruta de las negociaciones de paz.