El tema agrario, y con él el de la tierra, es el primer punto en las negociaciones entre el gobierno Santos y las Farc. / Archivo

“La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras no está sometida a negociaciones en ninguna mesa dentro o fuera del país. Esta ley se cumple, como se cumple toda la organización jurídica del país (...) la ley se viene aplicando con todo rigor, de acuerdo con los términos y tiempos establecidos en la norma, y por parejo y con el mismo rasero, independientemente de que las víctimas del despojo lo sean de la guerrilla, de los paramilitares o de la delincuencia común (...) para la ley es víctima del despojo cualquiera sea el pelambre del despojador”.

Son palabras del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, con las que se reafirma la postura del Gobierno en cuanto a que la restitución de tierras no tiene reversa ni formará parte de la mesa de diálogo que se iniciará en 10 días con las Farc. Las dijo hace apenas unos días en el Tolima, justo después de presentar ante los jueces agrarios una demanda colectiva en la que 33 familias exigen la devolución de unos predios despojados por la guerrilla. Se trata de la primera de una serie de demandas que buscarán que el Estado restituya 662.468 hectáreas que —dicen las gentes de la región— las Farc les quitaron.

El Ministerio de Agricultura, apoyado en la Unidad de Tierras, la Unidad de Víctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Incoder y todas las instituciones militares y policiales, realizó un juicioso análisis de las tierras despojadas por la subversión. Según el informe, conocido por El Espectador , de las 23.199 solicitudes de restitución que se han recibido a la fecha, en 7.946 (38%) figuran las Farc como las causantes del despojo. En el Tolima se han recibido 1.943 solicitudes, de las cuales 1.267 (67%) de los afectados dicen haber abandonado sus predios por cuenta del accionar de esta guerrilla.

El estudio destaca que en la evolución de las Farc se evidencia un crecimiento militar y financiero relacionado fuertemente con el narcotráfico. Incluso, el documento reseña las políticas trazadas en la sexta, séptima y octava conferencias guerrilleras realizadas en 1976, 1982 y 1993, respectivamente. “A finales de los años 80 y comienzos de los 90 el país andaba preocupado por los carteles de Medellín y Cali, lo que permitió al paramilitarismo y a la guerrilla fortalecerse”, explicó un investigador que participó en la elaboración del informe.

La guerrilla empezó a cobrar impuesto por cuidar laboratorios y permitir que la droga fuera sacada de sus zonas. “Cobraban un 5%. Luego, a través de lo que denominaron el Plan Yarí, establecieron el cobro de extorsiones a ganaderos y a compañías extranjeras. Hay casos en que se exigía un porcentaje por utilidades a las multinacionales y hasta cobraban por dejar entrar bebidas, ropa, medicinas y alimentos a las zonas donde tenían el control. Las Farc montaron una economía paralela en el sur del país, especialmente en las zonas fronterizas”, agregó el investigador.

El tema de la tierra aparece con la octava conferencia, realizada en el 93. Allí se habla de ésta como un factor de expansión y se comenta de la minería, la ganadería y la agricultura como actividades para la financiación. “Todo enfocado a la tierra, por eso no es de extrañar que hoy tengan las extensiones que tienen. Pero también hay discusiones sobre la creación de empresas propias, la adquisición de acciones empresariales y hasta la compra de CDT”.

El documento sostiene que la adquisición a la fuerza de tierras por parte de las Farc fue una estrategia de defensa para poder usarlas como corredores de movilidad. El mayor número de predios despojados está en zonas de influencia de los bloques Oriental y Sur. La Superintendencia de Notariado y Registro pudo establecer 17 tipologías de despojo, como la legalización de propiedades a través de un abogado o la utilización de testaferros con capacidad económica suficiente para sustentar la concentración de éstas.

En varios de los computadores incautados a jefes de la insurgencia se encontró información referente a que diariamente se hacían listados para contabilizar el ganado; también se halló un plan de repoblamiento en zonas como Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare y Meta. De la misma forma, correos electrónicos informaron sobre la existencia de un programa con indígenas en Aguas Claras, La Tunia, El Recreo, Yarí, El Triunfo y El Pato. Zonas donde las Farc han tenido histórica influencia.

Según los documentos encontrados en los computadores de los abatidos Mono Jojoy y Édgar Tovar, jefe del frente 48, cada cuatro años se hace evaluación de cómo van las tierras de la guerrilla, las cuales deben reportar una ganancia superior al 10% de lo invertido. Los documentos incautados por las autoridades también evidenciaron que con esas tierras se ha promovido la creación de resguardos indígenas.

El estudio de títulos adelantado por la Superintendencia de Notariado se inició en la antigua zona de distensión y reveló que en el Caquetá la tierra está concentrada en 12 personas. También se detectaron oficinas paralelas del Incoder: “Falsifican resoluciones de adjudicación de tierras baldías a favor de supuestos campesinos, que después terminan en manos de guerrilleros”, se lee en el citado informe.

La problemática de los Parques Naturales Nacionales también está relacionada con la estrategia de apropiación de tierras por parte de las Farc, en especial en la Sierra de Chiribiquete, el Alto Fragua y la Serranía de los Churumbelos. Entre las personas que figuran como implicados en los despojos adelantados por las Farc está alias Hernán Benítez, quien sustituyó en el mando del frente 48 a Édgar Tovar. Entre los municipios más comprometidos con los despojos perpetrados por la guerrilla están La Uribe, Mesetas, Cartagena del Chairá, Doncello, Puerto Rico y San Vicente. Todos municipios del oriente y sur del país.

El informe resalta una problemática hasta ahora desconocida en el país, pero clave en estos momentos, cuando estamos a pocos días de que se instalen en Oslo (Noruega) las negociaciones del gobierno Santos con la insurgencia. Mesa que tiene entre los puntos a discutir las víctimas y las tierras.