¿Hacia una amnistía parcial?

Los guerrilleros ‘Rodrigo Granda’ e ‘Iván Márquez’, negociadores de las Farc en La Habana. / AFP

Las alarmas están prendidas. La caída en la favorabilidad del presidente Juan Manuel Santos, del 60% que registró en septiembre al 45% hoy —según la encuesta Colombia Opina realizada por la firma Ipsos-Napoleón Franco para RCN Radio y Televisión, La FM y Semana—, sumada a la pérdida de confianza en las negociaciones con las Farc —en sólo dos meses el respaldo a la mesa de diálogo en La Habana cayó del 77% al 57%— y el aumento del pesimismo sobre el rumbo que lleva el país —el 69% de los colombianos cree que las cosas van por mal camino—, tienen cavilando a las altas esferas del Gobierno. Y los análisis que se hacen en la Casa de Nariño apuntan a que sólo la concreción de acuerdos concretos en el proceso de paz les devolverá lo perdido y les permitirá revertir una tendencia que en cualquier momento puede afectar la gobernabilidad.

La directriz es mostrar resultados. Y según una fuente cercana a las conversaciones en Cuba, la carta de las Farc a la Cruz Roja Internacional, firmada por su estado mayor central, en la que se muestran dispuestas a acoger las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y plantean que el Acuerdo general para la terminación del conflicto adquiera el carácter de “acuerdo especial”, busca allanar el camino de cara a unos objetivos fundamentales para la organización guerrillera: que haya amnistía, la cual cobijaría a quienes están negociando la paz en La Habana, y que se garantice la participación electoral en 2014, a través de la conformación de un partido o un movimiento político que tendría una lista al Congreso integrada por militantes que no tienen líos con la justicia.

Ya se sabe que con su solicitud de pasar al acuerdo especial, las Farc buscan que éste pase a formar parte del bloque de constitucionalidad, generando la obligación a las partes de mantener el escenario de diálogo, como un compromiso inquebrantable sobre el que no podrán pender amenazas de suspensión o rompimiento. Pero más allá de si ello es posible jurídicamente o no, lo que queda claro —y el Gobierno lo sabe— es que, con este tipo de posturas, las Farc quieren bajar la presión que sin duda se percibe sobre la mesa de negociación y que tiene que ver, precisamente, con los temas de víctimas y de delitos de lesa humanidad. Estrategia que se complementa con hechos como la declaratoria unilateral de cese al fuego o la misma liberación de los cuatro ciudadanos chinos, la semana pasada, sin protagonismos mediáticos.

Tal y como lo plantea Leonardo González, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), es claro que la única salida decente al conflicto es la política y que uno de los puntos en la agenda de negociación debe ser precisamente el asunto judicial de quienes tienen sentencias por graves violaciones al DIH. “En este contexto, es importante tener en cuenta que una postura exégeta de querer hacer una sociedad basada en los principios internacionales se puede quedar corta cuando se enfrenta a la realidad de construir un proceso de paz entre combatientes que han cometido y seguirán cometiendo toda clase de delitos”, dice.

Y cita González tendencias que ya se han expresado recientemente en el país, como la expuesta por el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien afirmó que para futuros procesos de paz era necesario “conceder las amnistías más amplias posibles”, lo que ha generado un despliegue de opiniones a favor y en contra. “Esta clase de argumentos se acercan más a la necesidad de paz, en donde deben flexibilizarse las penas, incluso desde una figura como la amnistía o el indulto, para quienes han cometido actos de barbarie y delitos de lesa humanidad. Esta postura está en línea con el bien común y supremo de la paz”, agrega el analista.

Ahora, el exministro Álvaro Leyva Durán es de los que sostienen que el mensaje de las Farc a la Cruz Roja Internacional da por sentado que el Acuerdo general ya tiene carácter de acuerdo especial, lo cual, sin embargo, no modifica la naturaleza jurídica de las partes, es decir, no le otorga estatus de beligerancia a la guerrilla. “Sencillamente establece que el acuerdo que se firmó está en el marco del DIH y del bloque de constitucionalidad, y que ninguna de las partes se puede retirar de la negociación hasta conseguir la paz”. Para Leyva —a quien muchos incluso ubican como uno de los posibles líderes del movimiento político que crearían las Farc—, la amnistía es una posibilidad pero no una garantía, porque no hay seguridad jurídica. “Sólo habría garantías si hubiera una constituyente”, dice.

Lo que queda claro es que, más allá de la agenda pactada, tarde o temprano los diálogos caerán en los temas que algunos llaman de fondo. Eso sí, el presidente Santos les ha dicho a todos los involucrados en el proceso que lo que se acuerde en La Habana tiene que salir perfecto. El anuncio de amnistía se daría en la primera quincena de enero, sólo si es efectivo el cese de hostilidades, y los pactos para abrirles la puerta a las Farc en la política llegarían a más tardar en marzo. La guerrilla estaría enviando nuevos mensajes de buena voluntad, por ejemplo, al anunciar el desminado de zonas y liberar secuestrados que aún tendrían en su poder. De paso, buscarían hacer visible la situación de los que consideran son los presos políticos que están en las cárceles colombianas. Un tire y afloje en el que el Gobierno tiene que caminar midiendo cada paso y, en la actual coyuntura, cuidándose de no caer en el abismo.

El dilema entre negociación y derechos de las víctimas

Para Javier Ciurlizza, director del programa para Latinoamérica y el Caribe de la organización no gubernamental International Crisis Group, el Gobierno no tiene hoy espacio jurídico para perdonar los crímenes graves. ¿La razón? Colombia reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde junio de 1985 y la evolución de la jurisprudencia de este tribunal ya ha señalado la inadmisibilidad de las leyes de amnistías para los crímenes graves de derechos humanos.

Además, en la revisión de la Ley de Justicia y Paz en 2005, la Corte Constitucional sentó jurisprudencia diciendo que los crímenes contra los derechos humanos y el DIH no pueden ser considerados delitos políticos y, por tanto, ser amnistiados ni indultados, ya que los derechos de las víctimas están por encima de los intereses de una negociación.

Ahora, hay otros conceptos como el de el abogado Héctor Riveros, quien cree que los elementos de justicia transicional son integrales y en la medida en que haya reparación, puede haber menos justicia penal y condenas con penas alternativas, que pueden representar una privación de la libertad más corta u otros tipos de ejecución de penas.