El interminable viacrucis del secuestro

Nadie puede afirmar a ciencia cierta cuándo empezó el secuestro en Colombia, pero lo que sí salta a la vista es que se convirtió en una verdadera industria criminal y que todas las organizaciones ilegales de los últimos 50 años lo han utilizado para fines extorsivos o políticos. Ahora vuelve a convertirse en la piedra de escándalo de la primera crisis del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, en medio de una sociedad que se resiste a aceptar que la retención de militares por parte de la guerrilla pueda ser considerada como la captura de prisioneros de guerra.

Aunque los anales judiciales de Colombia documentan casos de secuestro desde los años 30 y 40, la proliferación de este delito empezó a ser una evidencia desde mediados de los años 60. Y fue así porque desde sus orígenes como organizaciones empecinadas en la toma del poder por la vía de las armas, las Farc, el Eln, o el Epl, convirtieron el secuestro en su principal herramienta de financiación económica. De esta manera, primero a través del plagio de empresarios, ganaderos, o grandes hacendados, y con el correr de los años con toda clase de ciudadanos, se multiplicó el delito.

Cuando cayó el telón de los años 60 y en diversos países de América Latina se había insertado el secuestro como método de guerra de diversos grupos insurgentes, en Colombia ya había tomado dimensiones alarmantes. La prueba es que el Estado empezó a diseñar herramientas legales para combatirlo y constituyó los primeros grupos de choque para neutralizar la acción de los plagiarios. Sin embargo, lo que para los grupos guerrilleros se volvió una costumbre cotidiana, pronto cobró forma como un mecanismo usual de diferentes expresiones de delincuencia común.

Ya en los años 70, a la calamidad se fueron sumando quienes con el correr de los años terminaron constituyendo los carteles del narcotráfico. De hecho, como está documentado en diversas investigaciones, personajes como los hermanos Rodriguez Orejuela en Cali o incluso algunos personajes que años después hicieron parte del cartel de Medellín, se iniciaron como secuestradores. Poco a poco, el universo de víctimas fue creciendo notoriamente y ya no fueron únicamente hombres de negocios sino personas del común privadas de la libertad por módicas cuantías.

No obstante, definitivamente fueron los grupos insurgentes los que en mayor medida profesionalizaron el delito del secuestro. Y pronto a las Farc, el Eln, o el Epl, vino a sumarse otro grupo que hizo del plagio una de sus principales armas de guerra: el M19. Sin embargo, esta última organización optó por añadirle un componente propio de su modus operandi: el secuestro político. Aún se recuerda, en 1976, el secuestro y posterior ejecución por supuestas razones políticas del líder sindical José Raquel Mercado, ajusticiado a sangre fría bajo el argumento de traición a la patria.

A finales de los años 70, ya el secuestro era sinónimo de horror generalizado y a través de sucesivos decretos de Estado de Sitio, una y otra vez los diversos gobiernos diseñaron normas o crearon grupos especializados para tratar de erradicar este flagelo con perspectivas de convertirse en una plaga. Entonces, ocurrió lo inesperado, que al mismo tiempo se convirtió en el hecho que dio lugar a la transición del movimiento de autodefensas en la barbarie del paramilitarismo. Cuando el narcotráfico se sintió víctima de esta amenaza, su reacción fue peor que la misma tragedia.

El episodio recuerda que a finales de 1981 en Medellín, una célula guerrillera del M19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa Vásquez, socios del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Su reacción, en consenso con otros narcotraficantes de diversas regiones, fue la creación del grupo Muerte a Secuestradores (Mas), según algunas analistas, una de las expresiones que fueron dimensionando de qué manera se fue expandiendo el fenómeno paramilitar auspiciado por el narcotráfico.

Aunque Marta Nieves Ochoa fue liberada rápidamente después de una violenta cacería del cartel de Medellín a varios miembros del M19, desde ese momento, bajo la fachada del Mas, las fuerzas paramilitares desbordaron su acción y ya no solo convirtieron en blanco de sus retaliaciones a probados autores de secuestros, sino a todo aquel que se considerara cercano a la guerrilla. Sindicalistas, profesores universitarios, dirigentes de izquierda, el paramilitarismo, siempre de la mano del narcotráfico, y con apoyo de unidades aisladas de la Fuerza Pública, dimensionó la guerra.

En 1982 llegó a la presidencia Belisario Betancur, quien decidió impulsar un proceso de paz con los grupos insurgentes. Dos años después, con las Farc, el Epl, el M19, y algunos reductos del Eln, se firmaron diversos acuerdos de cese al fuego. Sin embargo, rápidamente estos avances se fueron a pique. En particular, con las Farc se firmó un acuerdo que permitió la creación del grupo político Unión Patriótica. Su historia es conocida: la mayoría de sus principales cuadros fue asesinada y miles de simpatizantes corrieron la misma suerte. La paz de Betancur terminó en tragedia.

Lo que poco se recuerda es que en los acuerdos de La Uribe de 1984, quedó escrito por primera vez que las Farc renunciaban al delito de secuestro. Aunque en la práctica nunca se cumplió esta premisa, sí quedó como una constancia de que ya el país tenía claro su rechazo colectivo a este delito con demasiadas víctimas. Rotos los acuerdos de paz en los tiempos de Virgilio Barco, nuevamente el secuestro se volvió una práctica cotidiana y sus métodos extorsivos fueron emulados por grupos delincuenciales, narcotraficantes y organizaciones de extrema derecha.

En cuanto al M19, en una aparatosa toma de rehenes se autoliquidó políticamente, sin que le quedara otra opción que buscar una paz honrosa. Fue la aciaga jornada del 6 y 7 de noviembre de 1985, en la que un comando de esta organización se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, provocando una aún más descabellada reacción de la Fuerza Pública, propiciando una guerra a escasas cuadras de la casa presidencial que terminó de la peor forma: 101 personas muertas, 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sacrificados y 11 personas desaparecidas. Aún hoy, 27 años después, Colombia no ha podido superar ese luctuoso acontecimiento.

Después de la desazón del proceso de paz de la era Betancur y la reedición de la guerra insurgente y paramilitar, los secuestros extorsivos se siguieron multiplicando y el momento de los plagios políticos le correspondió a las organizaciones mafiosas. Fue el instante en que Pablo Escobar Gaviria, además de su arremetida terrorista de carros bomba, secundada por la acción paramilitar dejando su recorrido de masacres y magnicidios, acuñó el secuestro político como una forma de doblegar al Estado o al menos volverlo endeble frente a sus exigencias.

En diversos momentos de su cruenta guerra, Pablo Escobar utilizó el secuestro como su forma de blindaje. En esa ofensiva cayeron víctimas como el procurador general de la Nación Carlos Mauro Hoyos, secuestrado y asesinado en enero de 1988; o Diana Turbay y Marina Montoya, secuestradas y asesinadas en enero de 1991, durante un episodio de secuestros colectivos. El saldo favorable para el capo de capos fue lograr que el Gobierno de César Gaviria promoviera una laxa política de sometimiento para que Escobar siguiera delinquiendo a sus anchas desde su propia cárcel.

Y mientras el narcotráfico y el Estado libraban una guerra a muerte, el M19 decidió dejar las armas, pero el método que utilizó para hacerse escuchar e impactar a la sociedad para que se abriera paso un proceso de paz, fue un secuestro político. A mediados de 1988, una célula de esta organización guerrillera secuestró al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y condicionó su liberación a un diálogo con el gobierno. Al final, este episodio fue el comienzo del proceso de negociación que concluyó con la desmovilización del M19 en marzo de 1990.

Ese mismo año, el paramilitarismo multiplicado por las hordas criminales de la casa Castaño, ya se había posicionado como una organización nacional. Paradójicamente, su primer jefe, Fidel Castaño Gil, secundado por sus hermanos Carlos y Vicente Castaño, argumentaba que se había visto forzado a apelar a la guerra después del secuestro de su padre Jesús Antonio a manos de la guerrilla. Los grupos de autodefensa, sin embargo, sin que se divulgara mucho, también incluyeron los secuestros y las desapariciones como parte de su accionar delictivo en todo el país.

Aunque el gobierno de César Gaviria le dio inicialmente prelación a solucionar el problema de la guerra de Pablo Escobar, después de la Asamblea Constituyente de 1991, también decidió apostarle a un proceso de paz con los grupos insurgentes. En principio en Caracas (Venezuela) y después en Tlaxcala (México), entre 1992 y 1993, Estado e insurgencia adelantaron varias rondas de negociación para tratar de ponerle fin a la guerra, sin resultados convincentes. El episodio que finiquitó esta oportunidad para la paz fue una vez más el secuestro de un colombiano.

Una célula del Epl secuestró al exministro de Estado Argelino Durán y antes de que fuera liberado murió en cautiverio. Esa fue la gota que rebosó la copa. El proceso de paz se deshizo y regresó la violencia. Entre medidas de conmoción interior, grupos especializados o clamor ciudadano, el secuestro empezó a alcanzar niveles alarmantes y, como en tiempos anteriores, fueron los grupos insurgentes los principales promotores de este delito. Claro está que también en el paramilitarismo, la delincuencia común o el narcotráfico, cobró forma como método de su accionar ilegal.

Ya en tiempos de Ernesto Samper, después de que fracasó la posibilidad de un diálogo de paz con la insurgencia y cuando el primer mandatario cargaba con la cruz del proceso 8.000, las Farc demostraron hacia dónde querían evolucionar en el tema de la privación de la libertad. El 30 de agosto de 1996, un grupo guerrillero asaltó la base militar de las Delicias en el Putumayo, y tomó cautivos a 60 militares. Días después hizo lo mismo con 10 infantes de marina en Juradó (Chocó). De inmediato exigió el despeje militar de una zona del territorio nacional para liberarlos.

Durante 10 meses, el drama de los uniformados cautivos se transformó en un tema central de la agenda pública. El 15 de junio de 1997 fueron liberados en una zona desmilitarizada del Caquetá, pero ya las Farc habían decidido poner en marcha su nuevo plan de guerra. A través de una serie de ataques contra bases militares, que se inició con el asalto al cerro de Patascoy (Nariño) en diciembre de 1997, las Farc empezaron a sumar retenidos de la Fuerza Pública. Lo hizo planteando que en adelante iba a tener prisioneros de guerra, sujetos al canje por sus guerrilleros presos en las cárceles.

Entonces empezó un drama nacional de al menos una década. En desarrollo del proceso de paz en el gobierno de Andrés Pastrana, las Farc lograron que el Estado firmara con ellas un acuerdo de intercambio humanitario. Más de 300 soldados y policías recuperaron su libertad a cambio de 10 insurgentes que salieron de las cárceles. La diferencia numérica fue notoria pero la guerrilla constituyó un triunfo político. Tanto así que al tiempo que liberó a los soldados y policías, se quedó con los suboficiales y oficiales y empezó a sumar al cautiverio a líderes políticos.

Cuando asumió la presidencia Álvaro Uribe, el tema ya era neurálgico para el país, pero por primera vez la sociedad empezó a tomar posición en la calle en contra de la privación ilegal de la libertad. La guerrilla siempre quiso imponer su premisa de que eran prisioneros de guerra, pero tanto el Estado como la opinión pública nunca dejaron de señalarlo como secuestro. Fueron largos años en que la guerra colombiana tuvo un capítulo aparte con el doloroso cautiverio de militares, políticos y policías, algunos de los cuales alcanzaron a superar una década en las cárceles de la selva.

En medio de la tragedia, con miles de secuestros extorsivos de cuyo rastro poco se supo, por cuenta de un canje que nunca se dio, Colombia vivió una secuencia de horror sin nombre. En mayo de 2003, por ejemplo, durante un fallido rescate militar, la guerrilla asesinó a sangre fría al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, a su consejero de paz Gilberto Echeverri y a diez militares más. En 2007, las mismas Farc asesinaron a 11 diputados del Valle del Cauca que permanecían cautivos luego de un asalto guerrillero a la sede de la Asamblea del Valle.

Fueron ocho años en que la sociedad colombiana se dividió entre la posibilidad del rescate militar de los cautivos y la concreción de un acuerdo humanitario entre el Gobierno y la guerrilla. En medio de las posiciones enfrentadas la sociedad se volvió a tomar la calle y en varias multitudinarias jornadas expresó su rechazo total hacia el secuestro. Infortunadamente, la visibilidad de este delito solo dio para que la sociedad fuera soldaría con los secuestrados políticos. Miles de familias colombianas siguieron sufriendo en silencio el secuestro extorsivo.

En la etapa final del gobierno Uribe, sin que se concretara nunca el acuerdo humanitario, las Farc optaron por las liberaciones unilaterales de secuestrados, eso sí, en medio de actos políticos que volvieron a dividir a la opinión pública. Cuando terminó la administración Uribe aún quedaban varios militares y policías secuestrados por las Farc. Sin embargo, en un par de ocasiones, a través de las operaciones Jaque y Camaleón, las Fuerzas Militares lograron rescatar a varios de los militares y políticos que tuvieron que sufrir un largo cautiverio en las alambradas de la selva.

El 26 de febrero de 2012, súbitamente las Farc anunciaron la liberación unilateral de los cautivos políticos que quedaban en su poder, al tiempo que formalizaron que renunciaban al secuestro extorsivo como herramienta de guerra. En sus propias palabras, derogaron su supuesta “ley 002” que en abril de 2000 se había arrogado el derecho a secuestrar para financiar su causa. Sin embargo, al mismo tiempo, plantearon la negociación de un tratado de regularización de la guerra para tratar el tema de los prisioneros del Estado y de la guerrilla. Este tema no fue tan aplaudido como sí lo resultó ser el supuesto anuncio del fin del secuestro.

Solo con el tiempo se vino a saber que ese mismo 26 de febrero fue el comienzo de las conversaciones que meses después se concretaron en La Habana (Cuba). Semanas después, los últimos cautivos de la guerrilla fueron liberados y el país creyó saldado un interminable capítulo de horror. Pero el pasado 25 de enero quedó claro que el tema sigue vigente. Ese día las Farc retuvieron en Florida (Valle) a los agentes de policía Cristian Camilo Yate y Víctor González, y cuatro días más tarde anunciaron que los convertían en prisioneros de guerra.

Una vez más el país revivió la pesadilla de la última década. Las Farc expidieron una declaración para aclarar que ellos habían renunciado al secuestro extorsivo, pero que reivindicaban su derecho a tener prisioneros de guerra como en cualquier conflicto del mundo. De inmediato el jefe de la delegación del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, le hizo saber a la guerrilla que no pensaba negociar la regularización del conflicto sino la terminación del mismo y que para el Estado un secuestro es un secuestro, es decir, que no iba a comprar la idea de la insurgencia.

Hoy que se reanudaron las conversaciones de paz en La Habana, el país vuelve al debate crucial de los últimos 50 años: la defensa de la libertad personal. La guerrilla quiere persistir en que sus cautivos son prisioneros de guerra, invocando un derecho internacional humanitario que no cumplen en la mayoría de sus manifestaciones. El Estado y la sociedad en general no tranzan en la idea de que se trata del horrendo secuestro de siempre. Después de más de cinco décadas de familias destruidas por este delito y de un interminable número de víctimas, Colombia solo quiere abolir el secuestro.