Una comisión de congresistas, entre ellos Roy Barreras e Iván Cepeda, se reunió el pasado fin de semana con la delegación de las Farc en La Habana. / EFE

La cuestión de una eventual participación de las Farc en la arena política del país es bastante compleja, pero más allá de qué tipo de garantías jurídicas y políticas estarían dispuestos a concederles el Gobierno y la sociedad colombiana, lo que está en juego es la viabilidad política del proyecto de esa guerrilla de transformarse en un partido político. Es decir, no solamente su capacidad de pasar de la violencia a lo político, sino de sobrevivir como actor político e influir en la política.

Las Farc no ignoran que la transformación de una organización armada en partido político es una apuesta arriesgada. Al aceptar las reglas del juego democrático existe el riesgo de que el grupo armado no logre convertir su poder en votos y se quede sin representación política a corto plazo. Como las elecciones suelen producir un efecto winner takes all, es decir, el ganador se va con todo, las reglas y mecanismos de la democracia pueden terminar afectando la existencia de los partidos recién creados. Si la negociación política se limita a la (re)integración de los grupos ilegales en armas dentro del sistema político y a su participación en elecciones, se corre entonces el riesgo de que esa negociación contenga los gérmenes de la desaparición o destrucción del grupo armado que acaba de negociar.

Para mitigar los riesgos, muchos grupos armados han optado por una negociación tanto inclusiva como distributiva a través de acuerdos de “power sharing”, o sea del ejercicio conjunto o compartido del poder. En Colombia, algunos proponen reservar circunscripciones especiales para las Farc, lo que permitiría garantizar que tengan candidatos elegidos tanto en lo local como en lo regional y lo nacional. Sin embargo, esos esquemas suelen ser una “buena solución equivocada”.

El ejercicio compartido del poder es cuestionable, primero, porque es poco democrático y tiende a favorecer el inmovilismo. En efecto, un pacto que otorgue ciertas ventajas políticas a un grupo minoritario determinado resulta casi siempre cuestionado si ese grupo termina beneficiándose de dichas ventajas, más allá de su importancia o representatividad política.

Segundo, compartir el poder puede ser algo solamente ficticio. Por lo tanto, aunque ello se presenta generalmente como una solución sin perdedores, este esquema suele terminar con una parte que gana más que la otra.
Finalmente, el problema del power sharing es que, en la práctica, las responsabilidades políticas o administrativas son ofrecidas sólo a algunos mandos altos de los grupos armados, lo que limita bastante el alcance de este esquema.

Bajo esas condiciones, parecen bastante limitadas las perspectivas de que las Farc puedan influir a futuro en la vida política colombiana. Ad portas del inicio formal del segundo punto de la agenda de paz sobre participación política, no pueden ignorar que no representan a la mayoría de los colombianos y que si negocian su derecho de participar en futuras elecciones, su representatividad quedaría muy limitada.

¿Qué está entonces realmente en juego detrás de esa voluntad de reintegrarse en la vida política sin apostarle al Congreso?

En mi opinión, la participación de las guerrillas en política tiene que ver con un elemento a la vez más fundamental y simbólico de sus reivindicaciones: el de su reconocimiento. Reconocimiento de sus reivindicaciones, de su legitimidad, de sus derechos.
Si consideramos como el filósofo alemán Axel Honneth —quien retoma la antigua figura de Hegel— que los conflictos sociales son al fin y al cabo una lucha por el reconocimiento, lo que está en juego no serían simples transacciones o regateos, ni tampoco el simple “derecho a tener derecho” (Hannah Arendt). Que nos guste o no, lo que está en juego tendría que ver con el reconocimiento de legitimidad de las guerrillas a poder participar en la vida política, es decir, el reconocimiento de que su lucha fue y sigue siendo principalmente política y que se necesita un ámbito más seguro y transparente para sobrevivir políticamente.
A primera vista, un acuerdo sobre esos puntos no sería inalcanzable. Aunque todavía falta mucho para desmontar la figura del “enemigo interno”, el Gobierno ha reconocido varias de esas reivindicaciones implícita o explícitamente.

Sin embargo, participar en la vida política implica también importantes reconocimientos por parte de las guerrillas: primero, el reconocimiento de que Colombia no enfrenta un problema de transición democrática y que no está en juego un cambio de régimen político. Segundo, que al entrar en la competencia democrática, ya no podrán combinar todas las formas de lucha. Tercero, que no podrán imponer cambios estructurales profundos en contra de la mayoría. Y finalmente, el reconocimiento de que buscar influir en la vida política pasa también, y sobre todo, por tener en claro cómo quieren que sean reconocidos.
En la gran mayoría de los procesos de paz ese último punto suele ser el más olvidado. Pasar de enemigos a adversarios políticos requiere pensar más allá que el solo hecho de abandonar las armas, renunciar a la violencia y tener derecho a participar en elecciones. Requiere saber qué papel se quiere jugar y cómo se piensa jugarlo, es decir, qué tipo de actor se quiere ser a futuro.
Si las Farc tienen realmente expectativas de participación política, no pueden ignorar que no es lo mismo proyectarse como un partido político, una fuerza social, una ONG o un sindicato, y pueden difícilmente ambicionar ser todo o todas esas figuras al mismo tiempo.

*Director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia.