Cara a cara entre el fiscal y el procurador

Eduardo Montealegre y Alejandro Ordóñez se sacaron chispas en un foro en la Universidad Externado sobre los dilemas jurídicos del proceso de paz.

El procurador  Ordóñez y el fiscal  Montealegre, ayer en la Universidad Externado de Colombia.   / Óscar Pérez - El Espectador
El procurador Ordóñez y el fiscal Montealegre, ayer en la Universidad Externado de Colombia. / Óscar Pérez - El Espectador

Dos posiciones radicalmente opuestas y un veredicto que definirá el futuro de las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc. Se trata del debate en torno a la viabilidad del Marco Legal para la Paz como herramienta de justicia transicional, sin que se presente la violación o sustitución de la Constitución. El escenario: la Universidad Externado de Colombia, donde ayer, en el marco del foro “Dilemas jurídicos del proceso de paz”, el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal general, Eduardo Montealegre —en un cara a cara—, fijaron sus distantes puntos de vista.

De un lado, el jefe del Ministerio Público calificó el Marco para la Paz como una “caricatura” que conduce a la impunidad. En el otro, el jefe del ente acusador sostuvo que en el derecho moderno hay formas alternativas de justicia que darían paso al principal anhelo del país: la paz. Como se sabe, la última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que actualmente estudia la exequibilidad o no del acto legislativo con que el Gobierno espera afianzar los eventuales acuerdos que se logren en la mesa de negociación de La Habana.

A la hora de los argumentos, las críticas del procurador Ordóñez fueron bastante fuertes. Afirmó que el Marco Legal para la Paz plantea penas tan laxas que llegan al punto de la impunidad y no responde a los estándares internacionales de justicia. “Acá se habla de investigar a los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, pero más adelante les ofrecen el beneficio de una pena alternativa. Lo que se plantea es una caricatura, un instrumento jurídico que beneficia a los victimarios y desconoce a las víctimas”, dijo.

En la riposta, el fiscal Montealegre salió a la defensa del Marco y afirmó que los conceptos jurídicos de Ordóñez son del Siglo XVIII, “por eso piensa que la única forma de enfrentar el delito es la pena privativa de la libertad. En la justicia moderna —como lo ha planteado la Corte Constitucional— hay modelos de justicia restaurativa que se han venido aplicando de forma exitosa en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Esa propuesta de investigar, acusar y juzgar a todos los que han estado relacionados con el conflicto no es más que una utopía. Con esos argumentos del procurador, el único derecho que se puede sacrificar es el derecho a la paz”, expresó.

Aterrizando en el articulado del Marco para la Paz, Ordóñez lanzó otra crítica. “Se habla de investigar a los máximos responsables de delitos cometidos de forma sistémica. Qué tal si hablamos de violaciones, torturas, secuestros, despojos de tierras, asesinatos, reclutamientos y tratos degradantes que no se puede comprobar que se hayan realizado de forma sistémica. ¿No van a ser investigados? ¿Van a quedar en la impunidad?”, preguntó. Y agregó: “De continuar con el Marco Jurídico tendremos partidos políticos financiados por el narcotráfico, porque ellos (los guerrilleros) son narcotraficantes”.

Una posición que, según el fiscal Montealegre, es “radical e inexorable”. Pero además, el jefe del ente acusador rechazó otra postura esgrimida por el procurador, en el sentido de que el Marco Legal para la Paz no es más que una amnistía disfrazada: “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho que lo fundamental en procesos de paz es desentrañar las grandes organizaciones; se habla de que no haya amnistías absolutas y eso no va a pasar acá, porque hay un compromiso con la verdad y la reparación”, explicó.

Pero el procurador Alejandro Ordóñez fue incluso más allá, al atreverse a lanzar una tesis para argumentar su planteamiento sobre la impunidad: “Yo puedo decir que los falsos positivos no son delitos de lesa humanidad sino crímenes de guerra, porque si no hubiera confrontación no habría pasado. Yo he dicho: hay que llorar por los dos ojos, no debe haber ni amnistías encubiertas para las Farc, ni para militares”. Y enseguida acusó a Montealegre de debilitar su función y de ese modo afectar el proceso de paz. “Los guerrilleros en La Habana ahora pretenderán no pagar ni un día de cárcel, incluso aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad”, advirtió.

Ahora, en el marco del foro en la Universidad Externado y más allá de los argumentos radicalmente opuestos del fiscal y el procurador, quedó claro entre los asistentes que la última palabra la tendrá la Corte Constitucional. Y en criterio del exmagistrado y hoy rector del citante centro de educación superior, Juan Carlos Henao, si el fallo es adverso se tendrá que recurrir a una nueva herramienta para buscar el fin del conflicto.

Otra cosa que quedó clara con el cruce de argumentos entre Ordóñez y Montealegre fue la tesis de la existencia de dos bloques políticos y jurídicos frente al proceso de paz. El del presidente Juan Manuel Santos, quien ha encontrado en el fiscal a uno de los principales defensores en la búsqueda de una salida negociada a la guerra, y el del expresidente Álvaro Uribe, que con el apoyo del procurador ha esgrimido el planteamiento de que la negociación en Cuba está llevando a Colombia por el camino de la impunidad.

En defensa del fiscal

En defensa de los planteamientos del fiscal Montealegre salieron la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y el juez español Baltasar Garzón. La ministra Correa dijo que aunque cualquier acuerdo de paz debe respetar los estándares internacionales, de verdad, justicia y reparación, la definición de los grandes responsables de esa guerra es el único camino que queda y que no es impunidad, como asegura el procurador Ordóñez. “Hoy no es posible lograr la verdad judicial por la masividad de violaciones que existen, ningún sistema de justicia puede afrontar esa carga, por eso se vuelve necesaria la creación de una comisión de la verdad que no sólo les dé la voz a los victimarios y testigos, sino que escuche a las víctimas para que ellas sean constructoras de esa verdad”. Para la ministra Correa esa disminución de juzgamiento tiene que ser compensada con el derecho a la verdad y el reconocimiento del daño por parte de todos los actores. En esa misma orilla se pronunció el juez español Baltasar Garzón, diciendo que la priorización de casos en la justicia transicional tampoco implica impunidad y que “nadie debería rasgarse las vestiduras por eso”. Además, como aludiendo a los choques entre el fiscal y el procurador, Garzón sostuvo que no se debe correr el riesgo de que haya choques entre las instituciones del Estado.

@felipeprensa

 

Apoyo al  fiscal

En defensa de los planteamientos del fiscal Montealegre salieron la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y el juez español Baltasar Garzón. La ministra Correa dijo que aunque cualquier acuerdo de paz debe respetar los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación, la definición de los grandes responsables de esa guerra es el único camino que queda y que no es impunidad, como asegura el procurador Ordóñez. “Hoy no es posible lograr la verdad judicial por la masividad de violaciones que existen, ningún sistema de justicia puede afrontar esa carga, por eso se vuelve necesaria la creación de una comisión de la verdad que no sólo les dé la voz a los victimarios y testigos, sino que escuche a las víctimas para que ellas sean constructoras de esa verdad”. Para la ministra Correa esa disminución de juzgamiento tiene que ser compensada con el derecho a la verdad y el reconocimiento del daño por parte de todos los actores. En esa misma orilla se pronunció el juez español Baltasar Garzón, diciendo que la priorización de casos en la justicia transicional tampoco implica impunidad y que “nadie debería rasgarse las vestiduras por eso”. Además, como aludiendo a los choques entre el fiscal y el procurador, Garzón sostuvo que no se debe correr el riesgo de que haya choques entre las instituciones del Estado.