Un total de 2.553 civiles habrían sido desaparecidos en el departamento del Casanare entre 1986 y 2007, según lo revela un estudio adelantado por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Cospacc.

Sin embargo, las autoridades sólo reconocen 1.524 de esos casos, toda vez que los allegados a las víctimas en la región han dejado de denunciar 1.029 desapariciones que, según los afectados, fueron originados por la acción u omisión de la fuerza pública presente en la región, en la mayoría de los casos.

Según los autores del informe, a medida que ha venido creciendo la presencia de la fuerza pública sobre la zona, principalmente del Ejército, se han venido multiplicando tal casos, que se suman a otro tipo de violaciones a los derechos humanos de los casanareños.

Para el Cinep y Cospacc, los Llanos Orientales, especialmente el departamento del Casanare, han sido un corredor estratégico para todos los actores armados, incluso en los años cincuenta, durante la llamada "epoca de la violencia". Desde las guerrillas liberales, lideradas por Guadalupe Salcedo, hasta los hombres de alias "Martín Llanos" han hecho de estas tierras su fortín.

El documento resalta que a finales de los años 70 y mediados de los ochenta la violencia esmeraldífera, que azotaba a Boyacá, y el ya poderoso narcotráfico fueron extendiéndose en toda la región. Los hombres de Víctor Carranza y Gonzalo Rodríguez Gacha fueron ocupando la zona, dando origen al paramilitarismo, que aún sigue hostigando a la población llanera.

Primero fueron las Autodefensas Campesinas de Casanare, ACC, y luego el Bloque Centauros, entre otros que mantuvieron el control en ese territorio, sembrando terror en muchos municipios. Entre algunas de sus fechorías, se cuenta la desaparición de 50 civiles en las poblaciones de Recetor y Chámeza, en sólo tres meses (entre diciembre de 2002 y febrero de 2003).

Para las ONG, el recrudecimiento de los ataques a la población civil y los hostigamientos de los grupos armados, principalmente paramilitares, se han generado a partir de la instalación de la Décima Sexta Brigada, en 1992, y la de la Décima Octava, en 1996. En torno a la operaciones de esta última, se recuerda la masacre de Santo Domingo, en Arauca, en la que murieron 17 personas, luego de que una aeronave de las Fuerzas Militares dejara caer una bomba sobre un lugar lleno de civiles que departían en un bazar.

El informe advierte que en la mayoría de los casos las autoridades han tenido alguna participación en las desapariciones, lo que incluye las ejecuciones extrajudiciales, cometidas bajo la modalidad denominada en Colombia como "falso positivo". En este sentido, el documento no oculta la inoperancia de la Justicia, que aún tiene pendiente por empezar a conocer centenares de casos, según precisan las ONG.

Detenciones ilegales, secuestros, torturas, homicidios, saqueos, tráfico de estupefacientes, entre otros, son los elementos que sirven de soporte a esta denuncia elevada por el Cinep y Cospacc, que además revela una actualidad que ya había sido esbozada por la Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos, que en su informe señaló al Casanare como la zona más crítica en materia de violaciones a los derechos civiles en Colombia.