ONG recomiendan a EE.UU. condicionar certificación en DD.HH. a Colombia

De acuerdo con informes, en 2009 hubo 125 casos de amenazas a defensores y 32 de ellos fueron asesinados posteriormente.

Una convergencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales recomendó al Gobierno de Estados Unidos que condicione la certificación anual en derechos humanos a Colombia a avances de este país en la lucha contra la impunidad en casos cuyas víctimas sean activistas humanitarios.

La sugerencia la hicieron trece ONG extranjeras en una carta al embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, que fue divulgada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Los firmantes de la comunicación, fechada el pasado día 23, se manifestaron preocupados por una reciente amenaza masiva de paramilitares a organizaciones y personas del sector de la defensa de los derechos humanos en el país.

Un total de 60 ONG y activistas, entre ellos tres senadores de la oposición, recibieron la amenaza, suscrita por "Los Rastrojos", grupo armado de naturaleza paramilitar creado por narcotraficantes.

Las intimidaciones aparecen en correos electrónicos y panfletos que "Los Rastrojos" hicieron llegar a sus destinatarios durante la segunda semana de este mes.

Entre las organizaciones amenazadas están Codhes, la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR) el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) , la Fundación Nuevo Arco Iris, la Asociación de Desplazados Afrodescendientes (Afrodes) y Minga.

"Estos casos, muy raras veces, son investigados y los responsables rara vez son llevados a los tribunales", escribieron los autores del mensaje, entre ellos Kelly Nicholls, de la Oficina de Estados Unidos en Colombia, Gimena Sánchez-Garzoli, del programa para Colombia y los Andes de la Oficina de Washington para América Latina, y Adam Isacson, del Centro de Política Internacional.

Las amenazas se han convertido en "práctica común en Colombia", continuaron las fuentes, que señalaron que Somos Defensores, ONG de este país andino, documentó el año pasado 125 casos de amenazas a defensores "y 32 de ellos fueron asesinados posteriormente".

Para ellas, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe "debe hacer de la investigación de estas amenazas una prioridad superior".

Además, agregaron que el Ejecutivo colombiano debe asegurar de que estas amenazas "serán investigadas a fondo y de manera oportuna, y que los responsables serán llevados ante los tribunales".

Las mismas ONG consideraron que la impunidad en estos casos debe ser "seriamente evaluada" por Estados Unidos en la parte colombiana del estudio anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, documento que se conoce como certificación.

El mensaje también está suscrito por Viviana Krsticevic, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; Nora Rasman, del Foro TransAfricano; Charo Mina Rojas, de Afrodes en Estados Unidos; Ted Lewis, de Cambio Global; Lisa Haaguard, del Grupo de Trabajo para América Latina, y Andrew Hudson, de Human Rights First.

Igualmente lo firman Annalise Udall Romoser, del Lutheran World Relief; James H. Vondracek, del Chicago Religious Leadership Network on Latin America; Barbara Gerlach, del United Church of Christ Justice and Witness Ministries, y Stephen Coats, de US Labor Education in the Americas Project.