“El 77% del Congreso refrendó acuerdo de paz”: Santos

El mandatario dijo que la votación con la que la Cámara avaló el documento pactado con las Farc (130 votos), es alta y “tiene un gran significado”. Se espera que la otra semana se radiquen los proyectos que darían lugar a la implementación.

Presidencia

Colombia enfrenta desde este jueves el reto de poner en marcha el pacto de paz con las Farc, renegociado tras el fracaso del acuerdo original en un plebiscito y refrendado este miércoles en el Congreso. “Este acuerdo de paz fue refrendado por más de tres cuartas partes, 77% del Congreso votó a favor de refrendar los acuerdos”, resaltó presidente Juan Manuel Santos. (Vea aquí el especial "A construir la paz")

“Ayer se refrendó el acuerdo de paz en la Cámara de Representantes, 130 votos; el día anterior, en el Senado de la República, 75 votos. Cuando un coge en su conjunto el Congreso, más de tres cuartas partes votaron para refrendar”, agregó el mandatario.

"Lo que viene ahora es la implementación de este acuerdo (...) Tenemos un enorme desafío", dijo también en rueda de prensa el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

En esta etapa de implementación, el Congreso, donde Santos cuenta con mayorías, será una vez más escenario clave para consolidar la paz con las Farc. Allí será presentada la próxima semana la ley de amnistía para los guerrilleros, acordada en las negociaciones que transcurrieron durante cuatro años en Cuba.

Además, Cristo dijo que se enviará un paquete legislativo que incluye un proyecto sobre la participación política de los guerrilleros. Las Farc cuentan actualmente con 5.765 combatientes.

Para la pronta validación de las iniciativas relacionadas con la paz, el gobierno espera contar con un mecanismo de aprobación rápida ("fast track"), sobre el cual aún debe pronunciarse la Corte Constitucional.

"En este momento se está procediendo a preparar un primer paquete de indultos, entre tanto se presenta la ley de amnistía y se da todo el trámite legislativo", dijo el alto comisionado para la paz y miembro del equipo negociador de paz del gobierno, Sergio Jaramillo, en la misma rueda de prensa.

Oposición ausente

El acuerdo de paz ratificado en el Congreso fue sellado hace una semana por Santos y el líder de las Farc, Rodrigo Londoño ("Timochenko"), luego de que ambas partes revisaran el pacto original para incluir propuestas de los opositores ganadores del plebiscito del 2 de octubre.

El texto de 310 páginas fue aprobado sin cambios el martes y miércoles tras maratónicas sesiones en el Senado y la Cámara de Representantes.
La oposición, liderada por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, optó por no participar en las votaciones, al considerar que el Congreso "no puede suplantar" el pronunciamiento popular de las urnas.

Los uribistas también rechazan el pacto en general, pues creen que permite la "impunidad total" y otorga elegibilidad política a guerrilleros culpables de crímenes atroces antes de que cumplan sus penas.

La decisión del gobierno y las Farc de refrendar el acuerdo renegociado en el Congreso tuvo mucho que ver, según han dicho, con la fragilidad del cese al fuego bilateral que mantienen desde fines de agosto después del plebiscito. El alto al fuego también se vio perturbado por la muerte de dos guerrilleros hace unas semanas en supuestos combates con el Ejército y, más recientemente, por una serie de homicidios y atentados contra líderes sociales.

No a "nuevas condiciones"

El gobierno insiste en que las Farc deberán comenzar a movilizarse en cinco días hacia las 27 zonas donde se concentrarán para dejar progresivamente sus armas bajo la supervisión de Naciones Unidas. Sin embargo, la guerrilla ha dicho que para ello debe estar primero aprobada la amnistía.

Jaramillo respondió este jueves a ese planteamiento: "Las Farc no pueden introducir nuevas condiciones al acuerdo", afirmó, recordando que, en todo caso, según el texto, todos los guerrilleros deberán estar máximo a fines de diciembre en las zonas de concentración.

"Sigue habiendo desafíos relacionados no solamente con lo político, sino con su implementación en el terreno: con el ELN, con la violencia contra líderes, y una situación fiscal bastante grave", dijo a la AFP Kyle Johnson, analista del International Crisis Group.

"Entonces, tenemos un acuerdo en un contexto supremamente difícil para la seguridad política del acuerdo y también para la implementación misma, en términos de la capacidad del Estado", explicó.