El Caguán y las zonas de reserva

El viernes se realizó en San Vicente, Caquetá, símbolo de paz y de guerra, la reunión nacional de zonas de reserva campesina, tema llevado por las Farc a la mesa de negociación en Cuba. Percepciones.

Desde el día en que Marulanda dejó la silla vacía no había vuelto a San Vicente, a cuatro horas de Florencia por una carretera pavimentada por ratos y por ratos trocha. Los cananguchales —moriches amazónicos— siguen en pie, como los muchos soldados que cuidan los puentes de noche y día. El pie de fuerza del Ejército debe llegar a 15.000 hombres: Brigada 12 con 10 batallones, entre los cuales los más nombrados son Guapi, Cazadores, Liborio Mejía, Bael 19 y Guaula.

¿Por qué hay tanto hombre en el departamento?, le pregunto al coronel Gómez. “Porque Caquetá es la retaguardia de las Farc”, me responde con amabilidad. ¿Y por qué es la retaguardia? “Pues porque cuando se despejó la zona, la guerrilla echó raíces”. Vi que por ese camino íbamos hacia un círculo vicioso, le cambié de tema: ¿Las Farc están en el tercer encuentro de zonas de reserva campesina reunido en San Vicente? “No le puedo informar eso, pero puede haber guerrilleros vestidos de civil”.

Vuelvo a la carga por otro flanco: se dice que aquí hay miles de hectáreas robadas por la guerrilla, ¿usted qué opina? “No puedo opinar sobre eso, pero háblese con mi general, comandante de la VI División”. La entrevista no me dio ninguna luz. Casi sin haber hablado con él, yo habría podido, sin imaginación, responderme. Por eso fui a conversar con la señora notaria. Doctora —le pregunté sin mucho preámbulo—, ¿las guerrillas tienen aquí tierras tituladas, como dicen fuentes oficiales? “Pues mire, después del despeje el doctor Vargas Lleras, que era senador, declaró que las Farc habían ‘corrido’ aquí mil títulos y me llegó una comisión de la Policía y del Ejército a revisar la relación de las escrituras. Le saqué todos los libros. Trabajaron medio día y se fueron aburridos de leer títulos. Después tuve una visita extraordinaria de la Superintendencia de Notariado y Registro. Se aburrieron también de leer nombres propios, hectáreas, linderos. Si el Gobierno tiene la seguridad de esos delitos, tiene que demostrarlo y quien debe investigarlo es la Fiscalía, no la Fuerza Pública”.

El encuentro de zonas de reserva campesina se celebraba mientras tanto en la plaza de ferias de San Vicente. Me recordó la marcha campesina de los campesinos de El Pato en el año 80, que se tomaron Neiva para denunciar y protestar por los bombardeos de que eran blanco por pate de la Fuerza Aérea. Cientos de colonos se concentraron en el estadio con niños, mujeres y ancianos. Dormían, cocinaban y debatían debajo de las graderías. Fui con Alejandro Reyes a entrevistar a los dirigentes, algunos de los cuales fueron asesinados después de que nos contaron la dolorosa historia que habían vivido desde la violencia de los años 50, que remataba en los bombardeos de los que huían. El Pato fue una de las zonas de autodefensa que los campesinos fundaron huyendo de la llamada Guerra de Villarrica, en el oriente del Tolima, en el año 55, cuando Rojas Pinilla quiso congraciarse con Estados Unidos bombardeando con napalm lo que se definió como refugio de comunistas. Nosotros —nos dijo un dirigente de la marcha en Neiva— somos huyentes de varias guerras. Quince años después, el Banco Mundial invirtió varios millones de dólares en la primera zona de reserva campesina, figura creada por la Ley 160 del 94. Se compró la hacienda Abisinia, en Balsillas, que fue de la familia Lara. Se titularon predios, se organizó la producción, se construyeron viviendas. Después Uribe acusó a las ZRC de ser zonas de despeje y, de hecho, las sacó de la legalidad.

En San Vicente volví a encontrarme a muchos dirigentes que entrevisté en Neiva o que conocí más tarde en Balsillas. Participaban con otros 3.000 campesinos en el encuentro, a donde llegaron en 50 buses, en lanchas, en motos. La reunión fue presidida por César Jerez, uno de los dirigentes de la ZRC de Cimitarra, en el Magdalena Medio, que fue relegalizada en el Gobierno a instancias del entonces gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina, quien asistió a la reunión.

En Barranca tuvo lugar el primer encuentro, donde se pidió rescatar la figura y echarla a andar de nuevo. El segundo se llevó a cabo en Corinto, Cauca, y acercó a indígenas con campesinos, una relación delicada. Ospina puso una nota alta: Señores —dijo—, la cuestión de las ZRC es un asunto de poder y ese carácter explica las resistencias que hay. Carlos Ossa, quien también asistió al encuentro de San Vicente, recordó que Jacobo y Marulanda habían planteado durante las conversaciones en Casa Verde la posibilidad de colonizar sin coca el fértil valle del río Duda, entre La Macarena y la cordillera Oriental, y textualmente añadió: “Se está viviendo hoy con las conversaciones de La Habana un minuto de oro, aprovéchenlo”.

Gerardo González, fundador de sindicatos agrarios que han defendido los intereses campesinos desde los tiempos de Juan de la Cruz Varela, explicó, muy emocionado, frente a los asistentes el origen y el sentido de las ZRC: “Son la nueva bandera agrarista, pero no la única”. El Gobierno estuvo representado por la directora del Incoder, Myriam Villegas, quien defendió dos tesis principales: primera, las ZRC deben ser abiertas a la legalidad y no una zona autónoma; segunda, una cosa son zonas reservadas para los campesinos y otra zonas de reserva campesina. Estas son una figura legal creada por la Ley 160. Con estas aclaraciones quería explicar, de un lado, la calificación que el ministro de Agricultura había dado a las ZRC al llamarlas “republiquetas independientes”, y de otro, el alcance del artículo 81 de esa norma, que dice que las adjudicaciones de baldíos se deben hacer en cabeza de campesinos.

El calificativo que usó Juan Camilo Restrepo tenía muy irritados —para decirlo con cuidado— a los campesinos, porque en rigor fue la manera como los generales han criminalizado el concepto y porque saben que hoy por hoy, como lo denunció César Jerez, las ZRC están siendo saboteadas por los militares que no tienen voz ni voto en materias agrarias. El alto mando militar afirma que si se superpone al mapa de presencia de las Farc, el mapa de los cultivos ilícitos y el mapa donde los campesinos están pidiendo 50 ZRC, las líneas coinciden. Y tienen que coincidir, aceptó Jerez, porque el conflicto agrario tiene tanto el componente insurreccional como el de los cultivos, y por eso, como solución a estos conflictos, se piden las ZRC.

La idea de éstas nació en las movilizaciones agrarias contra el desalojo ordenado por el gobierno de Barco de colonos que habían hecho pequeñas fincas dentro del Parque Nacional Natural de La Macarena. La historia era simple: la gran mayoría habían “invadido” el parque porque fueron expulsados del Ariari y al Ariari habían llegado expulsados del Tolima. Los colonos son campesinos itinerantes que hacen “mejoras” —fincas pequeñas en la selva— para venderlas acosados por las deudas. Las ZRC son una talanquera a la concentración de la propiedad, pero no son propiedad privada y no una propiedad colectiva como los resguardos indígenas. Y este carácter es de naturaleza esencialmente campesina; lo demás son babosadas de Lafaurie.

¿Por qué una solución tan razonable como la de ZRC, que es ley de la República, se niega a ser cumplida por los gobiernos? ¿Qué callos toca, qué peligros representa? Esas fueron las preguntas que flotaron todo el tiempo sobre el enorme escenario de la plaza de ferias de San Vicente. A los militares y a los hacendados no les conviene que los campesinos se organicen y puedan como colectivo defender sus intereses y convertirse en fuerza que pudiera expresar la política de la guerrilla. Si esto fuera, ¿de qué paz se está hablando y qué cosas no se pueden dar? 

Una respuesta a este enigma me la dio un presidente honorario del comité de ganaderos del Caguán, un hombre directo que conoce muy a fondo el negocio. “La cosa es así: a algunos miembros de la Fuerza Pública y a todas las mineras no les conviene la titulación, porque donde hay títulos no hay coca y donde hay propietarios las multinacionales no pueden hacer lo que les da la gana”. Más aún, me dijo: “Nosotros aquí, los ganaderos, hemos resuelto desafiliarnos de Fedegán porque no recibimos de la Federación ningún beneficio. Piense que aquí se comercializan 500 diarias que pagan $15.000 como impuestos parafiscales que maneja el señor Lafaurie, que dijo que yo era el veterinario de Jojoy. Lo demandé ante un juez por injuria y calumnia. Es él quien dice que el ganado aquí es robado y los ganaderos lo manejamos. Tengo el libro de Estadística Ganadera Bovina registrada en el municipio de San Vicente del Caguán, donde están los nombres de cada finca y de cada ganadero. Es un libro a la vista de todo el mundo. Nadie ha podido probar que hay un solo guerrillero en esa lista. Por esas acusaciones y por el negocio que hace Fedegán con nosotros se creó Fedeganca, afiliada a la Confederación Nacional de Ganaderos”.

A mí me quedaron claras las razones de la inquina de Fedegán contra los ganaderos del Caguán que, por cierto, participaron en el encuentro y apoyan las zonas de reserva campesina.