'Que Farc confiesen sus delitos'

Además el Ministerio Público le aconsejó a los ministerios de Educación y Cultura que creen cátedras para la preservación de la memoria de las víctimas del conflicto.

La Procuraduría le aconsejó al Gobierno no descuidar los derechos de las víctimas en los diálogos de paz. / Archivo
La Procuraduría le aconsejó al Gobierno no descuidar los derechos de las víctimas en los diálogos de paz. / Archivo

Parece un lugar común aquella frase que reza que un país que desconoce su pasado está condenado a repetir su historia. Pero para la Procuraduría esa expresión es pertinente en momentos en los que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc dialogan en La Habana, Cuba, sobre la posibilidad de hallar una salida negociada al conflicto que vive Colombia hace medio siglo.

Por ello, en un reciente informe –de 50 páginas y conocido por El Espectador– sobre lo hecho por el Estado en materia de preservación de la memoria de las víctimas del conflicto, a un año de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas, el Ministerio Público le hizo varias recomendaciones al Gobierno para que, de llegar a un acuerdo con las Farc, no se olvide del derecho de las víctimas a la memoria y a la no repetición.

La Procuraduría le aconsejó al Gobierno que exija “como un requisito fundamental para llegar a eventuales acuerdos de paz con las Farc, el relato de los hechos victimizantes y la confesión de todos los delitos cometidos por este grupo armado al margen de la ley, como materialización del derecho a la memoria de todas las víctimas y de la sociedad a la reparación integral en sus componentes de satisfacción y garantía de no repetición”.

En total fueron 27 recomendaciones que el Ministerio Público le hizo al Gobierno y a sus instituciones para que la memoria de las víctimas del conflicto no se pierda o no se quede anquilosada en bibliotecas y centros de documentación. Por otra parte, a la Fuerza Pública le recomendó algo al parecer obvia: que “en los casos que se evidencie responsabilidad de sus agentes por violaciones a los derechos humanos, realizar actos públicos de perdón y reconocimiento de daños”.

Así mismo, a los ministerios de Educación y de Cultura y a las secretarías de Educación departamentales y municipales, les aconsejó “diseñar e impartir de manera obligatoria en colegios y universidades, cátedras de memoria histórica, más allá de las que puedan existir, respecto a derechos humanos o conflicto armado”.

El propósito no es otro que lograr que la verdad se convierta en reparación para las víctimas. “Este derecho se fundamenta en el hecho de que las atrocidades del conflicto armado no pueden entenderse como hechos naturales o consecuencias lógicas de las dinámicas de violencia. Por el contrario, las violaciones a los derechos humanos deben considerarse como hechos que no debieron ocurrir jamás y que, por tanto, el Estado deberá evitar que vuelvan a suceder. Una de las medidas más eficaces es, precisamente, recordando y haciendo pública la verdad de las atrocidades”.

También la Procuraduría hizo un diagnóstico respecto a los avances del Estado en la preservación de la memoria de las víctimas del conflicto. La Procuraduría destacó lo hecho por el Centro de Memoria Histórica (CMH), la Agencia Colombiana para la Reintegración y el Archivo General de la Nación.

Del Centro de Memoria Histórica resaltó los informes que presentó en la Semana por la Memoria, realizada en varios lugares del país entre el 2 y el 17 de octubre pasados, y destacó la labor que ha realizado para que Colombia cuente, como otros países que han vivido conflictos armados, con un Museo de la Memoria, un proyecto que, según fuentes consultadas por El Espectador, se ha propuesto sea construido en la Universidad Nacional de Bogotá. De hecho, en sus recomendaciones les aconsejó a varias entidades del Gobierno hacer uso de estos informes para campañas pedagógicas en pro de la memoria.

Por otra parte, del Archivo General de la Nación destacó las labores que ha hecho para organizar y proteger los documentos que son prueba de lo sucedido en el conflicto colombiano, que aún hoy persiste. Por último, de la Agencia Nacional de Reintegración subrayó la forma en que ha trabajado con el CMH para la realización de los llamados Acuerdos por la Verdad, que son, palabras más, palabras menos, los espacios con los que cuentan los desmovilizados para narrar su verdad y contribuir así a la memoria.

No obstante, el Ministerio Público dijo que sigue sin definirse muy bien cómo se pasará de la construcción de memoria colectiva a la individual y, por consiguiente, a la reparación de cada víctima. “Muestra de ello es que, como ya se mencionó, la memoria se concibe como una medida de reparación a las víctimas, pero en ningún momento se prevé la forma en que será satisfecho este derecho en su dimensión individual”.

Además aseguró que apoyaba el propósito de que los desmovilizados aporten “como parte de los relatos e historias acerca del conflicto colombiano, garantizando el conocimiento de los hechos y evitando que vuelvan a ocurrir. Sin embargo, la construcción de la memoria no podrá ser legítima sin la voz de las víctimas, quienes han sufrido las violaciones”.

Con este panorama, concluyó que la “ejecución del deber estatal de memoria debe ampliarse, contar con la debida inversión de recursos, proyectarse en el largo plazo y ser enmarcada en una política pública general que propenda por la garantía de los derechos humanos y la democracia. En tal perspectiva, el CMH debe ser fortalecido a través de una política pública de todo el Estado que asuma el deber de la memoria como una vía cultural, política y social para la inclusión ciudadana y la superación pacífica del conflicto”.

La Procuraduría fue enfática: “Pensar el pasado y asumir la historia del país, además de aportar a las medidas de justicia transicional en materia de verdad, justicia y reparación, constituye una oportunidad para la construcción de un proyecto de identidad nacional basado en la dignidad humana y la reconciliación”.