Farc siguen destapando sus cartas en propuestas de política agraria

En la misiva, el grupo guerrillero propone que se “desganadericen” las economías rurales, que se regule la gran minería y que la política tributaria apunte a la desconcentración de la propiedad.

 las Farc sugieren que se contemplen acciones frente a los cultivos de uso ilícito “para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales”. / Archi
las Farc sugieren que se contemplen acciones frente a los cultivos de uso ilícito “para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales”. / Archivo

En una carta enviada a Milenko Skoknic, delegado del gobierno de Chile como acompañante de la mesa de diálogos de paz que se desarrolla en La Habana, las Farc aseguran que han encontrado “afortunadas coincidencias” con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en cuanto al primer punto de la agenda a pactar: la política de desarrollo agrario integral.

“Hemos sentado sobre la mesa, encontrando afortunadas coincidencias con el Gobierno, nuestros puntos de vista sobre la situación de miseria que ha generado en nuestro país la injusta estructura de la tenencia de la tierra, observando que es preocupación de nuestros interlocutores encontrar medidas de solución que coadyuven a concluir el estado de guerra que padecemos”, le dice la guerrilla al delegado chileno.

En la misiva, firmada por la “delegación de paz de las Farc” y fechada este 22 de enero, el grupo guerrillero le agradece al gobierno chileno el acompañamiento brindado y “la disposición para recorrer largas distancias con tal de acudir al apoyo constante que requiere nuestra búsqueda de las paz para Colombia”.

“No podemos responder a este loable gesto sino compartiendo nuestras aspiraciones y esfuerzos, hasta ahora realizados, sorteando el secretismo que a veces amenaza con rodear un proceso que es de interés de Colombia y el continente. Gracias nuevamente, con nuestra aspiración de tenerlos con más frecuencia de cuerpo presente dándole aliento a la sagrada causa de la reconciliación”, concluye la carta dada a conocer este martes, el mismo día en que las Farc, en un comunicado leído por uno de sus negociadores, Rubén Zamora, revelaron en detalle los puntos cuatro y cinco de su propuesta agraria, que incluye, entre otras cosas, la legalización de cultivos ilícitos con fines terapéuticos, medicinales e incluso culturales.

En concreto, las Farc sugieren que se contemplen acciones frente a los cultivos de uso ilícito “para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales”. Un asunto que para muchos críticos resulta inconcebible teniendo en cuenta que esa guerrilla ha hecho del tráfico de narcóticos su fuente de financiación para la guerra, pero que bien encuadra en la teoría de esas “afortunadas coincidencias” que mencionan en la carta a Skoknic.

Tal y como lo reveló El Espectador en septiembre del año pasado, el borrador del Estatuto Nacional de Drogas del gobierno Santos, iniciativa que espera ser presentada una vez se reinicien en marzo las labores en el Congreso de la República, incluye un capítulo sobre la regulación de la oferta de sustancias ilícitas el cual contempla, en el artículo 92, una propuesta en el sentido de crear áreas en donde sea permitido cultivar plantas “de las cuales se produzcan sustancias psicoactivas, siempre que sean destinadas para fines lícitos”.

En concreto, el cultivo de las plantas y la producción de narcóticos se limitarían a fines médicos, terapéuticos y científicos. Asimismo, según el citado borrador, esos cultivos tendrían que contar con la autorización del Consejo Nacional de Política de Drogas, el cual está analizando la posibilidad de que esta producción se emplee para el tratamiento de los adictos.

Pero además, en el ‘destape’ de su propuesta agraria, las Farc hablan de la creación de un “fondo de tierras”, conformado por “tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico”. La idea es que dichas tierras sean distribuidas entre “campesinos y mujeres, de manera prioritaria, al tiempo que se mejorarán las condiciones de propiedad y de producción de los pequeños y medianos propietarios, incluida la superación del microfundio”.

Las aportaciones dadas a conocer este martes también enfatizan la necesidad de un “ordenamiento social y ambiental” que garantice el derecho al agua y a los usos de la tierra de la población. Además, piden considerar de manera especial el derecho de las mujeres y mantener “una perspectiva pluriétnica y multicultural”.

En su propuesta agraria, las Farc abordan también temas neurálgicos y que prometen polémica. Piden, por ejemplo, que se estimulen usos agrícolas de la tierra, que “desganadericen” las economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, y que se establezcan límites y estrictas regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles.

De otro lado, para la guerrilla, las unidades de propiedad, medidas en Unidades Agrícolas Campesinas, deberán garantizar condiciones de vida y de trabajo digno a los campesinos y campesinas y evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra.

“El acceso a la tierra comprende el reconocimiento y definición de territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos. En el caso de la población desplazada y de las víctimas del despojo, la restitución de tierras debe ser superada por la reparación integral basada en el catastro alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización jurídica de la propiedad, es decir, la titulación. También exige la provisión de condiciones generales para su usufructo, la protección frente a la especulación financiera, la prohibición o regulación estricta, según el caso, del derecho de superficie”, dice su propuesta agraria.

Finalmente, consideran que la política tributaria “debe erigirse en un instrumento de la política de desconcentración de la propiedad; debe ser directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas; supone una actualización inmediata de los avalúos catastrales, atendiendo parámetros técnicos”.