Guiño al plebiscito: Farc aceptan que Corte Constitucional defina cómo se refrendarán acuerdos de paz

La guerrilla quería que se hiciera mediante asamblea constituyente pero, en la práctica, terminó acogiendo la propuesta del Gobierno, que está en estudio en el alto tribunal.

El Gobierno empeñó hace meses su palabra comprometiéndose a que los colombianos tendrán la decisión final  respecto a los acuerdos de paz con las Farc en Cuba. Aunque había cierta distancia entre las partes sobre cuál debía ser el mecanismo de participación ciudadana, este jueves quedó establecido -en el acuerdo- que ambas partes acogerán el que avale la Corte Constitucional. Dicha afirmación tiene dos importantes implicaciones. (Vea aquí el especial "Callaron los fusiles")

La primera, es que las Farc están aceptando la jurisdicción de la Corte, es decir, están haciendo un reconocimiento a una de las cabezas del poder judicial en el país. En el estado al que hasta ayer no reconocían, dejan ahora la potestad de definir, nada más y nada menos, que la forma en que los colombianos se pronunciarán sobre las negociaciones de paz. Esa es una buena noticia.

Pero la segunda, significa que el Gobierno terminó ganando el pulso sobre el mecanismo a utilizar. Desde hace muchos años, las Farc venían pregonando que los acuerdos de paz a los que llegasen con algún gobierno, fuera el que fuera, deberían terminar en una asamblea constituyente. Ya no solo dejaron atrás esta petición, sino que terminan admitiendo que se haga a la manera planteada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 

Así se desprende de los anuncios hechos durante la ceremonia de este jueves en La Habana, Cuba, concretamente, de las palabras del delegado de Noruega para el proceso de paz, Dag Nylander. El diplomático explicó los alcances del pacto para preparar el fin del conflicto en Colombia, que incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, garantías de seguridad y mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz. Según él: “El Gobierno y las Farc van a sanear diferencias al tema aludido en la agenda para terminación de conflicto, la Corte Constitucional será quien decida sobre los alcances de ley estatutaria para refrendar los acuerdos firmados”.

Nylander explicó que el acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional; medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios.

“Habrá garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición, al movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal y a los integrantes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil”, señala el texto.

Adicionalmente, el acuerdo contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el punto 5.

El delegado de Noruega manifestó que el documento establece las medidas necesarias de seguridad para el respeto de los derechos humanos, el monopolio de las armas por parte del Estado Colombiano, el fortalecimiento de la justicia, el monopolio de los tributos y la participación de la ciudadanía.

Así mismo, se pondrá en marcha una comisión nacional de garantías que será presidida por el presidente Juan Manuel Santos con el objetivo de establecer una política pública orientada a combatir las organizaciones que amenacen la paz.

Por último, el acuerdo dará vía libre a la creación de una unidad especial de investigación en la Fiscalía para acabar con las organizaciones criminales que hayan sido sucesoras del paramilitarismo y se garantizaran las medidas necesarias para que las Farc puedan participar en política.