Ley de Justicia y Paz para las Farc, un camino inviable

El fiscal Néstor Humberto Martínez propuso aplicar la Ley 975 de 2005, diseñada para los paramilitares, a las Farc. Expertos sostienen que es descabellado.

La Ley de Justicia y Paz comenzó a regir en 2005. / AFP
La Ley de Justicia y Paz comenzó a regir en 2005. / AFP

En tiempos donde la incertidumbre es la sensación que rodea el proceso de paz con las Farc, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se pronunció con una propuesta que nadie vio venir. Ayer, cuando instalaba la asamblea número 29 de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), periodistas presentes en el evento le preguntaron por las salidas jurídicas que él contemplaba como viables para destrabar el Acuerdo Final. Su respuesta fue: aplicar la Ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz. (Lea:  Los caminos jurídicos del presidente Santos tras la derrota en el plebiscito)

De esa manera, ayer, al proceso de paz que promovió el gobierno actual se le colaron dos ideas del pasado. En su reunión con el presidente Santos, el exmandatario Andrés Pastrana exigió la necesidad de activar de inmediato las “zonas de distensión”: él en su mandato estableció una de 42.000 kilómetros cuadrados sin presencia de Fuerza Pública. En el proceso con las Farc, que ahora está en el limbo tras el plebiscito del pasado domingo, los guerrilleros iban a congregarse en 23 zonas de concentración y ocho campamentos, todos custodiados por el Ejército.

La segunda idea del ayer que se trajo a colación, la del fiscal general, es el sistema de justicia transicional que se diseñó para el proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe. De hecho, la vicefiscal de Néstor Humberto Martínez, María Paulina Riveros, fue una de las arquitectas de ese modelo de justicia mientras trabajó como asesora entre 2003 y 2005 de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, cargo que ocupaba entonces el psiquiatra Luis Carlos Restrepo.

Precisamente, porque fue un esquema diseñado específicamente para los paramilitares, no es fácil prever para las Farc la propuesta no tiene ningún futuro. “Me parece completamente descabellada la propuesta del fiscal (Martínez) —le dijo a este diario Camilo González Posso, director de Indepaz—. Justicia y Paz no ha operado: de las cerca de 4.000 personas que se postularon al procedimiento, después de 10 años de que la norma entrara en vigencia, lo que se ha resuelto no llega ni al 10% en procesos y menos de un centenar de desmovilizados tienen resueltos sus casos”.

Ni González Posso ni otros expertos en materia de justicia consultados por este diario comprenden por qué el fiscal sugirió un esquema tan poco exitoso. En febrero de 2015, Indepaz publicó un análisis que señalaba que la Ley 975 de 2005 no era “ni justicia ni paz”. Su conclusión final fue contundente: “La ruta de la ley 975.2005 no debe repetirse pues conduce a una trampa para todos”. En su criterio, el sistema colapsó con más de 4.700 postulados que se traducían, a finales de 2014, en apenas nueve sentencias. “La justicia no opera y los postulados se hacen los héroes”.

González Posso, además, hizo énfasis en un segundo aspecto fundamental para entender por qué la propuesta del fiscal general es totalmente desatinada: “Es una modificación radical, un cambio brutal a lo pactado en términos de justicia en La Habana. No se puede usar un procedimiento tan cuestionado y tan fracasado”. Lo mismo indicó Eduardo Cifuentes, exdecano de la facultad de Derecho de Los Andes y exmagistrado de la Corte Constitucional: “El de justicia fue el punto más difícil de todos. Es la médula del acuerdo de paz.”.

Cifuentes recordó que el punto de justicia y víctimas fue “el mayor obstáculo en el progreso de las negociaciones con las Farc”. Fue, de hecho, el último sobre el cual se obtuvo consenso, lo cual ocurrió en septiembre del año pasado. Desde entonces, la ruta hacia el Acuerdo Final se despejó como por inercia, hasta que se firmó el pasado 26 de septiembre en Cartagena y luego quedó sin piso tras los resultados del plebiscito, cuando el 50, 2% lo rechazó.

La Jurisdicción Especial para la Paz, que era la propuesta del Acuerdo Final, se construyó de una manera diferente a la Ley de Justicia y Paz. En ambos escenarios, la verdad y la reparación para las víctimas era determinante a la hora de obtener beneficios legales y penas alternativas que, de igual forma, van de los cinco a los ocho años de cárcel. Con un punto de quiebre: en Justicia y Paz los paramilitares aceptaron la cárcel; con las Farc, por su parte, se plantearon otras ideas. Como que parte de la pena fuera, por ejemplo, trabajar en el desminado del país.

Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz gravitaba alrededor del Tribunal Especial para la Paz: investigadores nuevos se encargarían de nutrir los expedientes y magistrados nacionales y extranjeros tendrían la tarea de tomar las decisiones finales. En un sistema y en el otro había primera y segunda instancia —es decir, las determinaciones podían ser revisadas—, pero en Justicia y Paz todo se apoyaba en la justicia ordinaria. “No podemos ponerle un vestido ajeno al proceso con las Farc”, señaló una académica que prefirió omitir su nombre porque trabaja con el Estado.

La propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez, por último, podría tocar una fibra sensible: la paraeconomía. Si hay un hoyo negro en los resultados de Justicia y Paz, es sin duda el de las investigaciones a los empresarios que apoyaron el paramilitarismo. Martínez ha prometido siempre independencia y este tema, sin duda, será la prueba de fuego de su periodo. No obstante, la JEP prometía —al menos en el papel— que lo abordaría especialmente. Con Justicia y Paz, después de 10 años, de la paraeconomía solo se ha sabido que los paramilitares recibían dinero por cada banano exportado. Y pare de contar.