Los escenarios paralelos de la paz

El proceso en La Habana ya incide en los tres poderes públicos. Altos tribunales deben adoptar decisiones que van a determinar su futuro.

El presidente Juan Manuel Santos dijo esta semana en Pereira que quiere dejar el Gobierno cuando Colombia pueda decir “tenemos paz”.  / Presidencia
El presidente Juan Manuel Santos dijo esta semana en Pereira que quiere dejar el Gobierno cuando Colombia pueda decir “tenemos paz”. / Presidencia

Como una carambola a varias bandas, el proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc que se desarrolla en La Habana (Cuba) ya trasciende las conversaciones entre los delegados de ambas partes. Además del tema de la reelección presidencial, de alguna manera sujeto a los avances en la mesa de negociación, por estos días en los tres poderes públicos y en la política internacional toman forma trascendentales decisiones que apuntan a complementar o a complicar el panorama de los complejos diálogos.

Aunque por lógica el frente alterno es el Congreso, y la prueba contundente fue la visita de seis legisladores a La Habana hace dos semanas, no es la única institución donde la paz se juega su suerte. En la Corte Constitucional, por ejemplo, se avecinan dos determinaciones que van a tener impacto en la negociación entre el gobierno Santos y las Farc, a tal punto que en otras entidades del Estado crece la expectativa sobre la incidencia que tales decisiones puedan tener en la búsqueda de la paz.

En primer término, la Corte Constitucional tiene que decidir varias demandas contra el denominado Marco Jurídico para la Paz, es decir, contra la reforma constitucional aprobada en junio de 2012, a través de la cual el Gobierno quedó facultado para impulsar una legislación especial cuando estime que están dadas las condiciones para negociar con un grupo armado ilegal. Esta iniciativa fue demandada por supuesta sustitución de la Carta Política y porque omite el deber de investigar todas las violaciones a los derechos humanos.

Una fuente de alto nivel institucional definió así la incidencia que puede tener este fallo: “Si la Corte Constitucional tumba la reforma, sencillamente se cae el proceso de paz de La Habana. Si la aprueba sin mayores argumentos, atendiendo sólo la parte formal, dejaría intacta la herramienta del Gobierno pero débil para su aplicación. Lo ideal sería una sentencia interpretativa, en otras palabras, que aporte elementos de juicio para aplicar el Marco para la Paz”. Una reflexión que necesariamente conlleva al escenario paralelo: el Congreso.

Para su aplicación, la reforma del Marco para la Paz quedó sujeta a la posterior expedición de una ley estatutaria en el Poder Legislativo, que determine cómo va a operar de manera concreta la justicia a la hora de evaluar las conductas al margen de la ley. Ahí es donde empieza a complicarse el asunto. En los últimos días quedó claro que, aparte de la agenda temática en La Habana, hay un tema donde la carrera es contra el reloj: la participación en política de miembros de las Farc. Un espinoso camino que choca con los deberes judiciales.

A pesar de que el negociador de las Farc Iván Márquez ha dicho que quiere hacer política “de manera abierta y legal”, él y sus demás compañeros de armas saben muy bien que, más allá de estructurar un movimiento político y participar en los comicios electorales, primero tienen que resolver sus cuentas con la justicia. Aunque la Constitución permite que vayan al Congreso condenados por delitos políticos, cuando las conductas ilícitas perpetradas entran en el terreno de los crímenes de guerra o de lesa humanidad, el asunto cambia.

Es en este escenario donde se daría el punto de encuentro o de transición entre el fallo de la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz y la ley estatutaria que debe tramitar el Congreso. Si bien la primera opción es que se mantenga la suspensión de las órdenes de captura o incluso que se suspenda la ejecución de las penas, hay temas más complejos por resolver. Hoy está claro que el modelo de la Ley de Justicia y Paz fue un fracaso o, por lo menos, no dio los resultados. El objetivo es encontrar un articulado más eficaz.

Por eso, se espera que la Corte Constitucional no se limite a decir sí o no a la reforma del Marco para la Paz, sino que dé unas directrices mínimas en materia de verdad, justicia y reparación, entre otros aspectos, para que el Congreso tenga elementos de juicio más sólidos a la hora de tramitar la ley estatutaria. Con un elemento adicional: por obligación esa ley tiene que ser revisada por el alto tribunal, y qué mejor que vaya blindada a su examen de constitucionalidad. Además, con la premura que exige la concreción de la paz con las Farc.

El otro aspecto que hoy pasa por la Corte Constitucional y que de alguna manera incide en el proceso de paz es la tutela que hoy examina el alto tribunal, a través de la cual Piedad Córdoba busca echar abajo la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría por supuestos nexos con las Farc. A pesar de que con o sin Piedad Córdoba, las Farc quieren hacer política con el Partido Comunista Clandestino o el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, no cabe duda de que la Marcha Patriótica va a jugar en esta opción.

Y para nadie es un secreto que la cabeza visible del movimiento Marcha Patriótica y de las constituyentes por la paz que quiere impulsar esta organización es la exsenadora Piedad Córdoba. No obstante, en este escenario no pinta favorable el camino para la dirigente política. Como lo reveló El Espectador en su edición del pasado martes 12 de marzo, la ponencia que va a estudiar la Sala Plena de la Corte le da la razón al procurador Alejandro Ordóñez. Pero de que hay presiones, las hay. Y para algunos, Córdoba es ficha clave en el tema de la paz.

Sin embargo, el asunto no es tan incidente como el que hoy tiene en sus manos el Consejo de Estado, que en breve deberá determinar si el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, debe dejar su cargo este año o sumar tres más a su gestión hasta ajustar un período institucional. Esta determinación, que parecería ajena a las negociaciones de paz en La Habana, tiene mucha importancia, porque será precisamente la Fiscalía la que entre a jugar en el momento de establecer qué delitos tiene que pagar la guerrilla y cómo va a hacerlo.

La inestabilidad a la que se ha visto sujeto el ente investigador en los últimos tiempos, con tres fiscales en menos de cuatro años, urge solución. Más aún si toma forma el proceso de paz y se hace necesario consolidar un esquema en consonancia con los acuerdos logrados. En tal sentido, la continuidad o no de Eduardo Montealegre pesa en los momentos actuales. Sobre todo ahora que el alto funcionario le ha dado un norte preciso al organismo implementando una nueva metodología para investigar organizaciones criminales.

Además de la unidad de contexto, que ya evalúa algunos casos de macrocriminalidad, el propósito hoy en la Fiscalía es estructurar una delegada de alto nivel para la justicia transicional, bajo un diseño que permita establecer niveles de culpabilidad por grupos y máximos responsables. Aunque el deber ser penal es que se aclaren todos los delitos, la experiencia de Justicia y Paz ha demostrado que resolver caso por caso necesitaría casi un siglo de trabajo investigativo. En esa perspectiva, el reto actual es ejercer justicia aportando contextos.

Una idea que quedaría en el aire, o al menos sujeta a una nueva evaluación, si el Consejo de Estado decide que Eduardo Montealegre no va más como fiscal. Pero no solamente incide en este aspecto. De concretarse cualquier jurisdicción especial para saldar las cuentas de las Farc con la justicia, en el terreno de la ley estatutaria que debe tramitar el Congreso para reglamentar el Marco Jurídico para la Paz, o en la aplicación de eventuales acuerdos entre el gobierno Santos y las Farc, el garante en el terreno penal va a ser el ente acusador.

En consecuencia, la decisión del Consejo de Estado respecto al período de Montealegre también va a influir notablemente en el tema de la paz. De hecho, hoy en la Fiscalía ya existen directrices de preparación para una eventual firma de la paz entre el Gobierno y las Farc. Si, como lo dijo el presidente Santos ante los empresarios, el pasado viernes, ya hay acuerdos suscritos con la guerrilla, es claro que en el nudo gordiano de la discusión, es decir, en el momento de aplicar justicia, la Fiscalía ya tiene una responsabilidad en marcha.

En síntesis, como era de esperarse, el proceso de paz ya no es asunto exclusivo de los negociadores del Gobierno y las Farc en La Habana. Su desarrollo ya tiene escenarios paralelos en los tres poderes públicos. El Ejecutivo, porque salta a la vista que la reelección está sujeta a los avances en Cuba. El Congreso, que tiene que prepararse para una verdadera maratón legislativa para la paz, pensada con nuevos protagonistas en la política. Y el Poder Judicial, que tiene en sus manos decisiones cruciales que engloban el momento.

Un panorama lleno de intereses encontrados, con dos inamovibles: la encrucijada de saber que, bien sea a través de constituyente o referendo (ver nota anexa), el Gobierno tiene que buscar una fórmula para refrendar ante el pueblo los acuerdos de paz; y la cuenta regresiva del tiempo que apremia, pues al presidente Santos y al Congreso actual les restan entre 16 y 17 meses de mandato. A la vuelta de la esquina, la sombra del expresidente Álvaro Uribe y su movimiento Centro Democrático, en la perspectiva de un Congreso 2014-2018 probablemente distinto al de las mayorías de la Unidad Nacional.

Las señales del presidente Santos

“Estoy empeñado, como presidente de la República,  pero sobre todo como colombiano, en dejar el Gobierno cuando Colombia pueda decir: tenemos paz”. Estas palabras, pronunciadas por el presidente Juan Manuel Santos el pasado miércoles en Pereira, constituyen una de las últimas señales inequívocas de que el primer mandatario ha puesto todos sus cartuchos en la búsqueda de la paz. Es más, ya admite, como lo hizo ante los empresarios el pasado viernes, que el tema va bien. Ese optimismo necesariamente va ligado a las perspectivas de su reelección. Cabe recordar las palabras de su hermano Enrique Santos cuando manifestó en Washington que el proceso de paz estaba atado a la continuidad del jefe de Estado. Por eso, si a corto plazo el tema no está despejado, otro camino político entrará a jugar.