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Paz 10 Jul 2013 - 10:44 am

Análisis

La paz, una mirada desde las regiones

La responsabilidad del Gobierno en materia de descentralización y la inversión que realice en las regiones será la clave en un escenario de paz.

Por: Víctor Barrera
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El segundo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y líder de los delegados de la guerrilla Luciano Marín (c), alias "Iván Márquez”. /EFE

En La Habana concluyó el un décimo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y las Farc cuyo tema central es el de las garantías de participación política, no solo para quienes dejen las armas, también para las minorías políticas y por esta vía garantizar la representación plena de las regiones. Es ese uno de los puntos que se han vuelto centrales en los diálogos de paz, pues es claro que para la guerrilla su construcción en la arena electoral debe surgir desde sus zonas de influencia histórica. En ese sentido, Víctor Barrera, investigador Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular), realizó un texto en el que analiza este panorama e identifica las responsabilidad del Gobierno en el contexto regional.

Las posibilidades regionales de la paz

Contrario a la discusión del primer punto de la agenda en La Habana, el debate alrededor del tema de participación política ha mostrado con claridad la existencia de dos posturas contrapuestas, para algunos irreconciliables. Las partes divergen no sólo en cuanto a las políticas que consideran necesarias para generar un escenario en el que le sea rentable a la guerrilla dar el salto a la política legal y sin armas, sino también –y sobre todo- en los presupuestos y diagnósticos que las respaldan. Mientras para el gobierno es claro que se trata de un tema de garantías enmarcadas en un proceso de transición que corresponde a un contexto democrático que es legítimo a pesar de sus fallas, para las Farc es un asunto de poder popular y depuración política donde el carácter democrático del régimen colombiano no es más que una fachada. A pesar de esto, el excesivo énfasis que se ha puesto en estas diferencias no permite ver los puntos de encuentro y las posibilidades reales que existen para construir acuerdos en esta materia. En este sentido, la dimensión territorial resulta fundamental.

La estrategia regional

Tanto las Farc como el gobierno son conscientes que cualquier esfuerzo por pensar en un eventual escenario de posconflicto requiere de la participación activa de las regiones en el proceso y de una apertura política que se iniciaría, en principio, desde la arena local. En el caso del gobierno, Sergio Jaramillo ha sido enfático en señalar la necesidad de implementar un verdadero proceso de “paz territorial” que, en sus palabras, “es la visión y la obsesión del presidente Santos”. Por su parte, en una de sus diez propuestas mínimas, las Farc contemplan la posibilidad de instaurar un Consejo de la Participación Territorial y demandan una mayor profundización del proceso descentralizador.

Se percibe, entonces, que la importancia de la dimensión territorial ha pasado de ser un cliché a ser una pieza fundamental al momento de pensar las estrategias de negociación de ambas partes. Y no es para menos.

El encanto de las pequeñas cosas

Sin caer en localismos simplones, pensar la paz a esta escala representa enormes ventajas siempre y cuando se conciba bajo un plan nacional que le dé sentido y la oriente. Primero, es bien sabido que no existe un conflicto armado en el país, sino muchos como resultado de las complejas formas en que ha interactuado con los intereses particulares y se ha articulado con problemas locales muy concretos. Segundo, las agendas locales de paz muchas veces resultan ser no tanto sencillas pero sí mucho más sensatas y acotadas, por lo tanto un poco más manejables. Tercero, ha sido a esta escala que se han acumulado una cantidad significativa de experiencias de construcción de paz “desde abajo” que, sin duda, representan un activo que habría que poner a jugar en el posconflicto. Y cuarto, el escenario local sería propicio para asegurar la consecución de resultados concretos y beneficios tangibles derivados de la acción política de excombatientes, lo cual alimentaría la confianza en la legalidad y haría que la opción de retomar las armas fuera demasiado costosa.

A pesar de estas ventajas, el espacio regional y local en Colombia es, cuando menos, un camino lleno de desafíos. No sólo por la posibilidad de una oposición velada a los diálogos sino también porque la mayoría de las regiones que han sido fuertemente afectadas por el conflicto presentan un rezago institucional impresionante.

Un clima político favorable

Aunque deben tomarse con beneficio de inventario, las reiteradas declaraciones de los mandatarios departamentales y municipales a propósito de su apoyo al proceso de paz y su compromiso con un eventual posconflicto parecen ser esta vez genuinas no tanto porque exista un resorte moral que los impulse –aunque sin duda existen casos donde ésta sea la razón principal- sino más bien porque en la coyuntura actual, como nunca antes en la historia reciente del país, estar del lado de la paz representa réditos políticos nada desdeñables. Y esa ha sido quizá la gran estrategia pero al mismo tiempo el enorme reto del presidente Santos: pretender alinear las preferencias individuales de una masa crítica de políticos regionales interesados en promover sus propias carreras, la mayoría de las veces a través de prácticas poco estéticas, con el objetivo más loable de lograr la paz para el país. Ese tipo de sintonías hacen la diferencia en cualquier esfuerzo por garantizar una transición exitosa.

Los desafíos institucionales

Sin embargo, asegurar que esta renovada voluntad política en favor de la paz se concrete implica contar con un conjunto de herramientas que lo posibilite y, en este campo, aunque el Estado ha dado pasos importantes persisten enormes problemas en términos del rezago institucional de los departamentos y municipios que han sufrido con mayor fuerza los rigores de la guerra. Una situación que resulta problemática si se tiene en cuenta que una eventual apertura del sistema político local en el que se espera participen nuevos agentes antes en la ilegalidad requiere de una infraestructura lo suficientemente robusta para tramitar demandas sociales de muy diverso tipo.

Así pues, hacer del posconflicto un escenario estable es un asunto no sólo de democracia sino de gobernabilidad en el nivel local, lo cual implica repensar las exigencias desmedidas en profundizar el proceso de descentralización y, más bien, imaginar un nuevo esquema que, sin afectar la autonomía local, corrija los defectos congénitos de este diseño tal y como se ha implementado. Por esta razón, la discusión debe trascender los aspectos procedimentales que tradicionalmente se asocian a la democracia y prestar un mayor interés en la reestructuración institucional del Estado mismo.

Concretamente, el país necesita con urgencia un nuevo modelo de intermediación política entre el Estado central y las regiones que posibilite una mayor coordinación entre los entes territoriales y facilite un monitoreo adecuado de los poderes delegados a cada uno de ellos, sobre todo cuando se trata de aprovechar el inmenso potencial de la arena local como escenario de construcción de paz.

*Víctor Barrera, investigador Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular).
 

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