Según campesinos, Gobierno incumplió en acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos

En el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, el Gobierno y los campesinos del municipio de Tibú, Norte del Santander, firmaron un acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. La comunidad busca una solución voluntaria que reemplace las plantaciones de coca.

Archivo El Espectador

En horas de la mañana de este miércoles, los campesinos del municipio de Tibú, región del Catatumbo, se sorprendieron por la presencia del Esmad en su territorio. Aproximadamente unos 200 uniformados, escoltando a los erradicadores, llegaron a la zona para comenzar las tareas de eliminación forzada de los cultivos ilícitos. 

El hecho se dio después de pasados cuatro días de un acuerdo colectivo de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos firmado entre el Gobierno, las instituciones departamentales y municipal de Tibú, la Asociación Campesina del Catatumbo y los mismos pobladores del sector que buscan una solución menos agresiva para la erradicación de la coca. 

"El Gobierno una vez firma un acuerdo, al otro día lo desbarata. Es una situación muy compleja", expresa a El Espectador, Yonny Abril, coordinador general de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). 

Los campesinos extrañados por la acción demandada por el Ministerio de Defensa, se conglomeraron en la zona para impedir el avance de las erradicaciones forzadas, que están contempladas también en el Acuerdo de Paz.  

"El gobierno tiene dos maneras de aplicar la política. Una es la sustitución voluntaria y otra la erradicación forzada. Las dos cosas están actuando en paralelo. Yo no podría juzgar o señalar de un incumplimiento en el sentido de que se suscribió un acuerdo con las comunidades para adelantar un proceso de sustitución voluntaria, previa a una forma de acuerdos individuales", indica Edgar Pallares, secretario del gobierno departamental del Norte de Santander. 

Según el informó el Ascamcat, fueron unos 500 campesinos los que llegaron al sitio a protestar, exigiendo por el cumplimiento del acuerdo firmado el 9 de septiembre que se deriva de los objetivos del punto cuatro de los acuerdos entre las Farc y el Gobierno el año pasado. 

Pallares afirma que este martes se comunicaron directamente con el Ministerio de Defensa para insistir en el tema de sustitución voluntaria por parte de los campesinos. El funcionario cataloga el asunto como "sensible" debido a que están en juego la subsistencia de los pobladores que en años pasados han estado ligados al cultivo de coca. Fallar en el procedimiento afectaría a las familias que pretenden seguir cultivando la tierra de forma legal y sostenerse económicamente. 

"Tenemos cuatro mil familias que han venido acompañando el proceso (de sustitución voluntaria). Esto recoge un número de unos quince mil campesinos que quieren salir de los cultivos ilícitos a lícitos por la forma bien negociada y dialogada para la implementación del punto 4 que tiene que ver con la sustitución de cultuivos", cuenta Yonny Abril.

De la vereda Caño Indio y alrededores, Abril afirma que un 80% de los cultivos ilegales se han retirado por los campesinos y se han sustituido por ganadería, siembra de yuca, frijol y maíz, que ayuda a la diversificación de las líneas productivas. 

A las familias sustituyentes el Gobierno ya pagó el subsidio que son unos 36 millones de pesos, pero aún no reciben los créditos, educación y salud. "El acuerdo y el diálogo están, lo que pasa es que el Gobierno va muy lento para la implementación, en este caso las cuatro veredas: Caño Indio, Palmeras Mirador, Chiquinquirá y Progreso Dos, con las 500 familias a bordo, están esperando realizarlo para que les den las ayudas pactadas", concluyeYonny Abril. 

De este modo, con el suceso ocurrido, el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Defensa, no dio el tiempo prudente para socializar vereda a vereda el acuerdo cerrado el 9 de septiembre que se concentra exclusivamente para la zona a los campesinos que deseen sustituir los cultivos voluntariamente y recibir los beneficios por parte de esto.

Los campesinos esperan que el malentendido se resuelva por el diálogo para evitar una movilización como la ocurrida en el 2013 que se declararon en paro durante 53 días esperando al Gobierno para negociar sobre la erradicación de los cultivos ilícitos.