Paz 15 Sep 2013 - 9:00 pm

La población LGBTI en el cese del conflicto

Y si dejamos el estigma...

La Unidad de Víctimas ha registrado 374 personas pertenecientes a esta comunidad para entrar en proceso de reparación. Ellos y ellas piden un cambio de mentalidad en la sociedad civil.

Por: Santiago Valenzuela /
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Andrea (izq.), Adionel y María Camila son tres víctimas que forman parte de la población LGBTI que sufrió hostigamientos de grupos insurgentes. / David Campuzano

En la historia de la población LGBTI en el país (lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) existen escenas de desapariciones, destierros, humillaciones, maltratos y mutilaciones. Durante años se han refugiado en espacios marginales, a veces llamados “zonas de tolerancia”, ante diferentes amenazas que llegan en panfletos, palabras o heridas. “Cuerpos marcados, crímenes silenciados”. Esa fue, durante las últimas dos décadas, la frase que resumía la impunidad de la que ellos y ellas fueron víctimas.

Desde que surgió la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), esta población decidió darle una nueva oportunidad al Estado. Aunque el ambiente sigue siendo adverso, a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctima empezaron a llegar casos de violencia que sufrieron estas personas en diferentes lugares del país. Hoy, dentro del plan de reparación, están inscritas 374 personas pertenecientes al grupo LGBTI. Las zonas con mayores solicitudes: Antioquia (80), Bogotá (38), Bolívar (21) y Nariño (19). Aún se están desarrollando los planes para la reparación. Se contempla una indemnización entre 20 o 30 salarios mínimos legales vigentes y una rehabilitación personal que cuenta con una serie de medidas psicológicas.

Detrás de estos registros están las historias de 278 desplazamientos forzados que estas personas denunciaron ante el Gobierno. Siendo la causa más común, la Unidad de Víctimas ha llegado a establecer narrativas similares en donde se repiten casos de amenazas y desplazamientos generados por fuerzas insurgentes y desapariciones o desplazamientos por parte de los grupos de “limpieza social”. Este diario conoció tres casos que están en manos de la Unidad de Víctimas:

Ella prefiere hablar desde el año 2000 en adelante. Entre líneas, narra algunos detalles de su pasado: “En 1999 fui objeto de persecución por haber pertenecido a las Fuerzas Militares. Era suboficial y estuve seis años y medio combatiendo… pero esos hechos son del pasado”. Andrea dice que su lugar de origen no es tan relevante. Cuenta que estuvo en Tolima, en Oslo, en Milán y Bogotá huyendo: “Me dieron cuatro horas para salir del pueblo. En uno de los municipios de Tolima tenía una peluquería y, como no me había ido del pueblo, llegaron cuatro tipos, me agarraron del pelo y me pegaron. Me habían enviado un volante, pero hice caso omiso. No le hacía daño a nadie. Ese día quedé tendida en el piso por un golpe que me dieron detrás de la cabeza”.

Andrea buscó una casa en el barrio Diana Turbay, de Bogotá: “Era entonces como 2002. Estaba caminando por el barrio y me interceptó un tipo y me preguntó mi nombre, luego me pidió la cédula. Me dijo que tenía que irme. Él era de los que me habían sacado del pueblo: los paramilitares”.

Fue entonces cuando ella se cambió el nombre. Le pidió plata prestada a una amiga y se fue para Oslo, Noruega: “Llegué al aeropuerto y otra vez me interceptaron. Era una mujer policía: me hizo desnudar, me tuvo metida durante tres horas en un baño diciéndome que la droga, que entregara la droga. Fue un trato muy degradante, no había cometido ningún delito. Me fui para Milán. Allá nada cambió: la policía me tuvo toda una noche sin agua ni nada, y yo con todos los documentos en orden. Me devolví a Colombia y todo seguía igual”.

Ella dice que si está en la Unidad de Reparación es porque ya no quiere ocultar más su identidad. Y habla sobre el Ejército: “Me presenté al Ejército y resulté en la Escuela de Suboficiales. Claro, era como un camaleón, siempre con la doble identidad. En la noche tomaba transformación de lo que era… pero llegó la ignorancia y el machismo de ciertas personas y me tocó irme y poner mi peluquería. Hoy me queda la autoestima”.

María Camila dice que ella fue “la primera mujer trans del pueblo. Había mucha comunidad gay, pero no había casi trans. Eso marcó un antes y un después en mi pueblo. Dabeiba (Antioquia) es demasiado religioso y católico; obviamente no era fácil que aceptaran a alguien como yo. En 2007 llegaron esos grupos de las autodefensas a hacer limpieza social. Para ese entonces había dos niñas más que eran trans en el pueblo. Una fue agredida físicamente y la otra fue asesinada. No iba a esperar a ver lo que iba a pasar conmigo y por eso me vine para Medellín en 2008. Allá, igual, hay mucho hombre transfóbico”.

En la ciudad fui aceptada en una peluquería: “Como estilista conocí más mujeres trans y fundamos Antioquia Trans, una fundación que trabajaba con toda la población LGBTI en Medellín, víctima del conflicto armado. Creo que merecemos una reparación. Pero fíjese que eso empieza desde el tratamiento de los empleados públicos. Cuando fui a registrarme como víctima me dijeron: “Usted no tiene cara de desplazada ni está vestida de desplazada. Me miraban como con temor y me sentí discriminada. El hecho de que sea desplazada no quiere decir que tenga que vivir en unas condiciones degradantes. Y le cuento a la gente y me dicen: tú te lo ganaste por ser como eres... la gente siempre está prevenida. Dejar el estigma sería el comienzo de la reparación”.

En una finca en las afueras de Paratebueno, Cundinamarca, Adionel sufrió diferentes episodios de violencia por parte del bloque Centauros de las autodefensas: “Es el único municipio llanero del departamento. Cada vez que pasaba un tipo de esos por la finca me decían cosas como “maricón, si quiere saber qué es un macho yo le voy a hacer la vuelta”. Llegaban, me maltrataban a mí y a mi hermana que tiene síndrome de Down (le decían “la loca esa”), se robaban todo lo que producíamos y se iban”. Desde 1999, cuenta Adionel, todo empeoró: “Llegaba ese tipo chiquito que le dicen El Ratón y me decía: “Maricón, usted va a terminar muerto en una bolsa. Nos amenazaban con revólver y nos tocaban y todo, y es que no era sólo la vacuna sino era que trataran así a mi hermanita… Nosotros nos fuimos al casco urbano porque ya había amenazas muy fuertes”.

Adionel está en la Unidad porque cree que, en caso de que llegue la paz, podría trabajar en un lugar sin ser discriminado: “Tengo estudios en el Sena y estoy haciendo una maestría, sin embargo, hace cinco años me echaron de la Alcaldía de Paratebueno sólo por ser gay. La reparación va más allá de la plata. Quiero que se creen herramientas para que mi municipio sea un territorio de paz, para que nos dejen de ver como bichos raros”.

Luis Miguel Hidalgo, alías El Ratón, cuenta con 200 asesinatos a cuestas. En su proceso de Justicia y Paz confesó haber cometido masacres y violaciones en los departamentos del Meta y Cundinamarca. Él llegó a estas zonas en 1999. Ha entregado a la Fiscalía las coordenadas de siete fosas comunes.

Uno de los referentes para la población LBTI es la organización Colombia Diversa, que desde 2004 ha buscado el reconocimiento de esta comunidad. De acuerdo con Mauricio Albarracín, abogado de esta organización, “el primer reto es la construcción y la visibilidad de las víctimas. Las instituciones deben ser flexibles y fomentar espacios seguros para que estas personas puedan expresar su identidad de forma tranquila. Los procesos de paz y la solución negociada al conflicto, así como el incremento de medidas de protección a estas comunidades, son urgentes para detener procesos de victimización, que van en aumento”.

Albarracín agrega que es necesario descentralizar el conflicto: “La mayoría de políticas públicas de derechos LGBTI se concentran en grandes centros urbanos y descuidan lugares rurales u otros centros urbanos donde el conflicto armado ha sido más fuerte.

Algo en lo que coincide el abogado de Colombia Diversa con las víctimas LGBTI es en que “el enfoque diferencial no puede ser un mecanismo únicamente de la Unidad de Víctimas, sino que debe incluir instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, las Fuerzas Militares, el Congreso y la sociedad civil”.

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@santiagov72

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CASTRO-OJO

Dom, 09/15/2013 - 21:18
Que desafortunado lo que han tenido que vivir estas personas. Cuando entendera nuestra sociedad que TOLERANCIA es rspetar al otro independientemente de su apariencia, de su condicion, de su forma de vestir, de su credo, de su filiacion politica....Etc. Y es cierto lo que dicen acerca de la intolerancia de los funcionarios publicos. En su mayoria son tan pedantes en su actuar, como si fueran los duenos de los recursos que administran. Ellos deben entender que estan al servicio de los ciudadanos y no para juzgarlos.
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