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El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, le está haciendo seguimiento al contrato de cerca de $15 mil millones para obras de protección y control de la erosión costera en la subregión del golfo de Morrosquillo, en los municipios de Tolú y Coveñas, que ni siquiera cuentan con licencia ambiental y que más de un año después de haberse firmado el contrato, el avance es casi nulo a pesar de haberse entregado oportunamente un anticipo de más de $7.000 millones. Un contrato en el que están involucrados destacados dirigentes del grupo político del exrepresentante y eventual candidato a la Gobernación de Sucre Yahír Acuña, entre ellos el hermano de quien lo reemplazo en la Cámara, José Carlos Mizger Pacheco.
Así se lo dio a conocer a El Espectador el secretario de la Transparencia, Camilo Enciso, quien el pasado 16 de abril estuvo en la región revisando de primera mano los pocos avances de la obra, y aunque señala que hay disposición del alcalde de Coveñas, César Augusto Serrano, y el contratista representante del Consorcio Playa Coveñas-Tolú, Javier Eugenio Mizger Pacheco, solo hace pocos días fueron entregados a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) los documentos necesarios para que se les dé la licencia ambiental requerida y así poder dar inicio a los trabajos.
Sin embargo, más allá de las preocupaciones del Gobierno por evitar que el presupuesto entregado para las obras costeras se pierda y por hacer que los trabajos se cumplan, en la región hay voces críticas que plantean que la entrega de este contrato a un solo participante en el proceso —precisamente hermano del representante a la Cámara José Carlos Mizger Pacheco, quien casualmente entró en reemplazo de Yahír Acuña cuando éste renunció a su curul hace algunos meses para buscar la candidatura a la Gobernación de Sucre— no es normal.
Pero hay más coincidencias que han despertado el interés del Gobierno de que se concreten las obras por encima de eventuales intereses políticos. Los alcaldes de Coveñas, César Augusto Serrano, y de Tolú, Ariel Alvarado, fueron elegidos con el aval del movimiento político Afrovides, cuya cabeza visible es Yahír Acuña. En síntesis, un contrato por cerca de más de $15 mil millones en el que todos los involucrados tienen relación con quien es considerado el mandamás de la política sucreña y quien aspira a quedarse con la Gobernación, así sea a través de su esposa, Milene Jaraba, quien también renunció recientemente a la Asamblea.
Al margen de los intereses políticos y con la tarea de procurar que se concreten las obras, el secretario para la Transparencia, Camilo Enciso, ha estado haciéndole un rastreo al anticipo de $7.123 millones que, según señala, fueron depositados, como dice el contrato, en una fiducia con la cual se hicieron una especie de dos subcontratos. Uno por $5.000 millones para la compra de materiales como piedra y concreto, necesarios para construir los jarillones. Los otros $2.000 millones se emplearon para contratar maquinaria. Pero ninguno se ha ejecutado debido a la ausencia de licencia ambiental y la inquietud hoy es saber si todavía existe ese dinero en la fiducia.
Por ahora, Enciso señala que en el contrato decía que el Consorcio Playa Coveñas-Tolú tenía la obligación de contar con la licencia ambiental y por este hecho se podría haber cometido una “celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos”. En su visita a la región, a mediados de abril, el funcionario se reunió con la directora de la Fiscalía Seccional de Sucre, a quien le pidió estar atenta a posibles irregularidades en el contrato. También tuvo un encuentro con los mandatarios municipales y el contratista, a quienes les dejó claro que el Gobierno no quedará tranquilo hasta que las obras se terminen.
Por eso, para tener claridad de los hechos, Enciso le envió un derecho de petición al alcalde César Augusto Serrano, en el que le solicita enviar copia de varios documentos, entre otros, el acta de inicio de la obra; los informes técnicos o de interventoría; las órdenes de pagos realizados al contratista y al interventor; el cronograma definitivo de la obra; las pólizas de cubrimiento para el manejo y correcta inversión del anticipo; las pólizas para la devolución del pago anticipado; los documentos que soportan el trámite de afectación de las respectivas pólizas; los procesos de repetición, disciplinarios, penales y fiscales; la constancia de consignación de recursos a la cuenta fiduciaria y el resumen de todo el proceso de ejecución del contrato y de trámites. Lo que se busca es saber qué se hizo el dinero del anticipo y que las obras se concreten.
Lo cierto es que el equipo de la Secretaría de Transparencia está reuniendo pruebas para comprobar todas las irregularidades y presentarlas ante la Fiscalía y los órganos de control disciplinario y fiscal (que también tiene conocimiento de los hechos anómalos). La idea es que estas denuncias sean presentadas con el suficiente acervo probatorio para que el proceso avance rápidamente y se impongan sanciones. Pero la principal preocupación es evitar que el presupuesto que está aprobado para inversión en el departamento de Sucre, a través del Sistema General de Regalías, tenga un direccionamiento tal que termine favoreciendo a un grupo político de la región: el de Yahír Acuña.