Una fue la conclusión de las intensas sesiones de trabajo que realizaron en Cartagena el presidente Juan Manuel Santos, el equipo negociador de paz, los asesores internacionales, los altos mandos de la Policía y el Ejército y cuatro ministros: el Estado debe prepararse contra reloj para el aterrizaje de un acuerdo de fin del conflicto con la guerrilla. Para esto el mandatario anunció que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias y que en febrero presentará una modificación a la ley de orden público (418 de 1997) para garantizar la concentración de las Farc para hacer el tránsito a la vida civil.
Una noticia que le recuerda al país que quedan 74 días del conflicto armado más largo del hemisferio occidental, o incluso pueden ser menos. “El equipo negociador regresa el próximo martes a La Habana con unas instrucciones muy claras: meterle el acelerador al proceso de paz, para culminarlo ojalá antes del 23 de marzo, que fue la fecha que acordamos con las Farc para poner fin al conflicto”, dijo el jefe de Estado.
En este afán, las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc volverán a la mesa de diálogos el 13 de enero para dedicarse de lleno a acordar los temas finales del acuerdo: ¿Cómo será la desmovilización de las Farc? ¿En que zonas se van a concentrar? ¿Quién hará la verificación del cese definitivo de hostilidades? ¿Qué va a pasar con las armas? Y ¿cómo se van a refrendar lo acuerdos?, son las dudas que se empezarán a resolver a partir del próximo miércoles.
Es por esto que el Gobierno tiene que preparar el terreno político y jurídico para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Y el primer paso es tramitar ante el Congreso una reforma al artículo 8 de la ley de orden público. En este se establecen las funciones que podrán ejercer los representantes del Gobierno para “promover la reconciliación, la convivencia pacífica y lograr la paz”.
El mandatario puntualizó que “el objeto de esa modificación es permitirle al presidente de la República, que hoy no tiene esa facultad legal, iniciar los procedimientos para la concentración de las Farc en los sitios que se negocien en estos último meses y la dejación de esas armas”. Hoy el artículo 8 de dicha ley, en su parágrafo primero, señala: “En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”.
Quizá este apartado sea el que el Ejecutivo busca modificar. De igual forma, esta norma versa sobre la facultad para que “las autoridades judiciales” puedan suspender las órdenes de captura de los miembros de los grupos armados que adelantenel proceso de paz. “La reforma introducirá los lineamientos generales que permitan crear zonas de concentración y los mecanismos jurídicos para garantizar los procesos de desarme, desmovilización y dejación de las armas”, detalló una fuente cercana al proceso de paz.
De esta manera, en las próximas semanas, al tiempo que en La Habana los equipos negociadores trabajen sin pausa para dar las puntadas finales al acuerdo de fin del conflicto, el Congreso de la República será convocado para realizar esta reforma y tal vez tenga otra misión: convocar el plebiscito para refrendar los acuerdos. Toda vez que en la recién aprobada ley sobre la materia se incluyó un parágrafo que permite aprobar su realización en sesiones extraordinarias.
En este aspecto, la pelota está del lado de la guerrilla, que ha expresado, desde que se inició el proceso de paz, que el mecanismo de refrendación de los acuerdos deberá ser una Asamblea Nacional Constituyente. Esta propuesta escandaliza al Gobierno, que ha encontrado en el plebiscito una propuesta novedosa que hoy ya tiene allanado el camino jurídico.
Al mismo tiempo, el presidente Santos refirió las nuevas directrices en materia de orden público. Decisiones que también parecen apuntar a preparar la llegada de la paz y que tienen que ver con el compromiso adquirido por parte del Ejecutivo de desarticular el paramilitarismo: “He dado instrucciones precisas al señor ministro de la Defensa, a los altos mandos y al director de la Policía para que se reúnan también con la Fiscalía, una vez a la semana, para analizar el trabajo que se va a realizar en la lucha contra el crimen organizado y las bacrim. Esa es la prioridad en materia de seguridad del Estado”.