:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/PoQJD033FLnw1iz69W0mYcpO1g8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/4WLP26HMA5DUTNSZMFRMGA7ZU4.jpg)
En momentos en que las encuestas muestran un panorama político polarizado entre santismo y uribismo, de cara a la elección presidencial, las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc anuncian un acuerdo parcial en torno a la solución al problema de las drogas ilícitas. Un consenso que, además de enfrentar la coyuntura de los comicios del domingo próximo, se da también a las puertas de la audiencia pública que la Corte Constitucional adelantará este martes para discutir el artículo 67 del Marco Legal para la Paz, que se refiere a la conexidad de los delitos.
El comunicado conjunto del pasado viernes, el número 36, advierte que encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas es indispensable para proyectar una paz estable y duradera, pues como es reconocido por las partes, el narcotráfico ha sido el combustible de la guerra y la lucha contra éste requiere un enfoque que se aparte de la vieja doctrina de la guerra contra las drogas. Un ambicioso programa de sustitución de cultivos ilícitos con la participación de las comunidades afectadas por este flagelo, uno de prevención del consumo desde el enfoque de la salud pública y la intensificación de la lucha contra los aparatos criminales que se lucran del negocio ilícito —priorizando la persecución a quienes sacan las mayores utilidades de este negocio— son los principales temas acordados.
Sin embargo, la letra menuda del texto propone una serie de elementos novedosos en el tratamiento al problema de las drogas. Por ejemplo, el documento deja claro que la persistencia de los cultivos de uso ilícito se debe a la pobreza y marginalidad de las comunidades donde esta actividad ha encontrado asiento. Asimismo, el Gobierno asume la creación de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que hará parte de la reforma rural integral pactada en el primer punto de la agenda de diálogos, concertado en junio de 2013. El programa se apoyará para su construcción en la participación de las comunidades a través de asambleas comunitarias y planes municipales.
De igual manera, el Gobierno creará “el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel”, que contará con la participación de “instituciones científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, comunidades religiosas y consumidores”. Y asumirá el tema con un enfoque de salud pública. Y, finalmente, el acuerdo da cuenta de que la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos requiere una estrategia de política criminal que se enfoque en la lucha contra la corrupción, los activos productos del narcotráfico y la formulación de un estatuto de prevención, lucha contra las finanzas ilícitas, entre otras.
Los elementos más relevantes del documento refieren que se realizarán estrictos controles a la comercialización de insumos y precursores químicos con los que se produce la droga. También se asume el compromiso por parte del Gobierno de promover una conferencia en la Organización de Naciones Unidas para reflexionar y reorientar las estrategias de la lucha contra las drogas, ya que se reconoce que este es un asunto que requiere una nueva política global. Por último, se habla de la puesta en marcha de un programa de desminado y el compromiso por parte de las Farc “de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de acabar cualquier relación, que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno”.
En conferencia de prensa posterior a la lectura del acuerdo, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó que “en desarrollo de esta política, además, por primera vez en nuestro país se ponen en marcha todas las instituciones económicas y del sector rural, los campesinos y los antiguos alzados en armas, debidamente reincorporados a la vida civil luego de la firma del acuerdo del fin del conflicto y la dejación de armas, todos, repito, en función de un mismo objetivo, en este caso un país sin cultivos ilícitos y sin narcotráfico”.
Mientras que Iván Márquez, jefe negociador de las Farc, refirió que en este acuerdo, como en los anteriores, también quedaron asuntos pendientes, como el tema de las fumigaciones, la construcción de una nueva política criminal e insistió en la idoneidad de una Asamblea Nacional Constituyente para refrendar el eventual acuerdo final que se firme. En últimas, un acuerdo parcial en el tema de las drogas que no debe desligarse del proceso electoral que vive el país, pues sin duda el debate entre guerra y paz hace parte del debate presidencial.
Para la muestra un botón: en un hecho sin precedentes en el corto plazo, las Farc y el Eln anunciaron un cese al fuego de forma unilateral entre el martes 20 de mayo y el miércoles 28, para no interferir con el calendario electoral. Incluso, la mesa de conversaciones ampliará el receso hasta el 2 de junio, cuando Colombia ya sepa quién gobernará por los próximos cuatro años. Mientras tanto, la Corte Constitucional será el escenario de debate más próximo sobre la viabilidad de los recursos jurídicos plasmados en el Marco para la Paz, especialmente de aquellos que tratan la conexidad de los delitos, que mucho tiene que ver con el tema del narcotráfico.
Una serie de situaciones que fueron interpretadas por el presidente Juan Manuel Santos de la siguiente manera: “Ya cruzamos la línea media y podemos decir que el proceso adquiere unos bríos y una dinámica que debe conducirlo al final que todos queremos: la terminación de la guerra en Colombia. Nos quedan dos temas grandes, como son el de las víctimas y el de las condiciones de terminación del conflicto armado, y estamos listos para avanzar en ellos. Esto es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para terminar nuestra guerra”. Con un anuncio más: que en la semana posterior a la primera vuelta de la elección presidencial convocará al Consejo Nacional de Paz, que ni más ni menos implica la entrada definitiva de la sociedad civil en el proceso de paz.
amolano@elespectador.com
@AlfredoMolanoJi