“La Procuraduría no es enemiga del proceso de paz ni de la paz misma, como algunos han querido mostrarlo”. Fue el mensaje que llevó a la Asamblea Nacional de Personeros, que se lleva a cabo entre hoy y mañana en Cartagena, la viceprocuradora general Martha Isabel Castañeda, quien reiteró que lo que pide el Ministerio Público es que se ponga en conocimiento del país lo que se ha pactado hasta el momento, pues hay cosas que no están claras.
La funcionaria advirtió que en la actualidad hay territorios donde las Farc han hecho presencia por décadas y ejercen control con imposición del miedo y ante la ausencia del Estado, a través de su economía del narcotráfico y la minería ilegal. Y según dijo, la preocupación de la Procuraduría es que los acuerdos de La Habana apuntan a “institucionalizar esos mecanismo de presión de la guerrilla”.
“No se debe confundir la firma de un acuerdo de paz con la consecución de la paz. El éxito de un proceso de paz radica en que lo que se acuerde se cumpla y se pueda cumplir. Los municipios van a ser laboratorios de paz y los alcaldes y personeros tendrán grandes responsabilidades, pero el gran desafío no es la desmovilización y el desarme, que son indispensables pero no suficientes. Sin la desarticulación total de las Farc, el Eln y las bandas criminales, no habrá paz absoluta”, sentenció Castañeda.
Las declaraciones de Castañeda llegan un día después de que la plenaria del Senado aprobara el proyecto de acto legislativo denominado plebiscito para la paz. El Gobierno impuso sus mayorías y aprobó la iniciativa con sus puntos de honor: el umbral de decisión del 13% del censo electoral -es decir, más de 4,5 millones de votos- y el carácter vinculante del instrumento de participación ciudadana.