Ahora, paro minero

Promotores de las manifestaciones convocadas para el 17 de julio en el país dicen que sólo cuando comience el paro negociarán con el Gobierno, mientras éste busca fórmulas para detener las protestas.

Manifestantes de Ituango protestan   contra la minería a gran escala  /Archivo
Manifestantes de Ituango protestan contra la minería a gran escala /Archivo

El miércoles 17 de julio empezarán las concentraciones y movilizaciones pacíficas en Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Guainía, Putumayo, Bolívar, Magdalena y Valle. Esa fue la decisión que tomaron el pasado viernes en Medellín 31 voceros nacionales de los medianos y pequeños mineros. No aceptaron negociar con el Gobierno, que los instó dos veces la semana pasada sin éxito. La primera reunión fue el 10 de julio con los ministros de Minas y Energía, Federico Rengifo, y del Interior, Fernando Carrillo; el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, los alcaldes del Bajo Cauca y Amalfi y varios generales. Se acordó socializar las preocupaciones mineras y se creó una comisión de cinco voceros mineros, en cabeza de Ramiro Restrepo, presidente de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol).

Luego hubo reunión con la viceministra de Minas, Natalia Gutiérrez, y el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño. Un encuentro informal en el que los mineros no llegaron con ánimos de negociar. Llevaron una carta con tres directrices: el paro sigue, ningún vocero puede negociar y existe un pliego de peticiones que empieza por la derogación del decreto 2235 de 2012, que autorizó a la Fuerza Pública a destruir maquinaria de mineros sin título, registro minero o licencia ambiental. “Las únicas que lo tienen son las multinacionales. El Gobierno prometió formalizar a los mineros artesanales y lo que hizo fue meterlos en el mismo costal de los grupos armados ilegales. Durante dos décadas se han iniciado seis procesos de formalización de mineros que fracasaron por falta de voluntad política”, señala Mario Alejandro Valencia, de la Confederación Nacional de Mineros.

Van a paro porque quieren asistencia técnica, crédito oportuno y subsidios para la legalización de su oficio y seguridad social para la pequeña y mediana minería. También reclaman áreas libres para los mineros tradicionales y espacios entregados a través de licencias vencidas. “Somos al menos 15 mil colombianos”, aseguran los promotores de un movimiento de protesta que, como era de esperarse, ya los líderes políticos de oposición al Gobierno salieron a respaldar. La Marcha Patriótica que lidera la excongresista Piedad Córdoba convocó para mañana a una asamblea constituyente regional en Quibdó (Chocó), epicentro del paro, para tratar el tema de la mediana y pequeña minería. Asimismo, dirigentes del Polo Democrático, como el ex candidato presidencial Carlos Gaviria, también han manifestado su decidido apoyo a esta manifestación de inconformismo social y lo formalizó personalmente en una carta de respaldo.

El paro es inminente, pero el problema social en las zonas de  minería ya empieza a evidenciar también las divisiones entre las comunidades. El Consejo de Autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wcounaan, Katío, Chamí y Tule del Chocó, por ejemplo, a través de un comunicado, formalizó su decisión de no participar en el paro. “Tomamos esta decisión, pues para nosotros es muy claro que tanto la minería legal como la ilegal están afectando la integridad física y cultural de nuestras comunidades”. Rechazan el paro y a sus promotores “por estar amenazando y chantajeando” para que los apoyen. Otro sector apoya el paro y cree que va a extenderse a otras regiones del país donde la situación de los medianos y pequeños mineros es crítica.

Como en el Bajo Cauca, otro de los epicentros de la protesta, donde la minería informal es el eje de trabajo para una población de al menos 12 municipios. Seis del Bajo Cauca Antioqueño: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza; tres de Córdoba: Ayapel, Puerto Libertador y Montelíbano; y tres del sur de Bolívar: Santa Rosa, Puerto Rico y Montecristo. En las calles de Caucasia se han vuelto a recordar las manifestaciones de septiembre de 2011, cuando más de 4.500 mineros se congregaron para exigir al Gobierno suspender los operativos policiales contra las minas informales. En esa ocasión fue bloqueada la troncal a la Costa Atlántica y dejó un alto saldo de personas heridas  y daños materiales.

El Gobierno ha reiterado su disposición a dialogar, pero hasta ahora no encuentra la fórmula para conjurar las protestas. El ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, anunció que hoy se reunirá con los representantes de la Confederación Nacional Minera para buscar un acuerdo y evitar las protestas. “El Gobierno Nacional apoya la minería artesanal, sabemos que muchos de ellos no tienen sus títulos y requieren una protección porque hacen una actividad que es legítima; de modo que nosotros esperamos que en la reunión del lunes así sea comprendido y esperamos que algunos mineros del oro lo entiendan y no vayan a hacer un paro innecesario”, expresó Rengifo.

El paro minero  se convierte en un reto para el gobierno Santos, que en las últimas semanas ha recibido amenazas de movilizaciones por parte de  paneleros, cafeteros, arroceros, cacaoteros y zapateros, entre otros. La tensión aumenta con el paso de los días, porque en muchos casos ya se pasó del mero anuncio de movilizarse a poner fecha y lugar para realizar los bloqueos.