Alto riesgo de corrupción en entidades públicas: Transparencia por Colombia

El Espectador/Archivo.

Este miércoles se dio a conocer el informe anual de Transparencia por Colombia, en el que se evalúa los riesgos de corrupción en las entidades del sector públicos. En términos generales, el balance es que en Colombia existe un alto riesgo de que los dineros públicos caigan en manos de los corruptos.

“Ninguna de las 167 entidades evaluadas por esta herramienta de control social lograron el nivel de Riesgo Bajo de corrupción. Las calificaciones más aceptables se clasifican en Riesgo Moderado y la conforman en un 27 % las entidades nacionales, 22 % de las gobernaciones y sólo 11 % de las 28 alcaldías evaluadas”, señala el documento producido por esta organización de la sociedad civil.

Otro dato advierte que, de las 28 alcaldías evaluadas, el 60% están clasificada como en alto o muy alto riesgo de corrupción. La misma clasificación arrojó el 50% de las 32 Contralorías Departamentales evaluadas; así también están reseñadas el 40 % de las Gobernaciones y el 19 % de las entidades nacionales.

En esta versión, Transparencia por Colombia, estudió la gestión administrativa de las entidades públicas entre enero 2015 y abril del 2016, concentrando su atención en 167 entidades del nivel nacional, 32 gobernaciones y 32 Contralorías departamentales, y 28 municipios capitales. Y la conclusión de su director, Gerardo Andrés Hernández resulta alarmante: “los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones”.

Entre los resultados que contiene el informe se destaca que las gobernaciones y alcaldías de menor categoría son precisamente las que mayor riesgo de corrupción tienen. Mientras que a nivel nacional es el ministerio de la Justicia el más proclive a prácticas clientelistas o corruptas, seguido por el de Interior y el de Agricultura.

“En la rama judicial, de las dos entidades evaluadas la Fiscalía obtiene una calificación que apenas alcanza los 50 puntos, mientras que en la rama legislativa el Senado obtiene 55 puntos. Es importante resaltar que tanto la justicia como la agricultura y el desarrollo rural serán determinantes en la construcción del país del posconflicto, y debe prestársele especial atención para que sus procesos sean transparentes y que un manejo corrupto de sus recursos o de los procesos que allí se lleven a cabo no le generen al país una nueva frustración”, expresa el informe.

Entre las prácticas que más preocupan en las entidades públicas está la contratación directa, la cual se realiza el 74 % de las veces en el nivel nacional, 59 % en el departamental y 41 % en el municipal. También preocupa la realización de licitaciones con un solo proponente, práctica que ocurre el 59 % de las veces en las Gobernaciones y 53 % en las alcaldías.

Así mismo, el indicador de empleo público, que hace referencia a la contratación de personal por méritos, el crecimiento del número de contratistas o la brecha salarial entre hombres y mujeres, muestra un nivel aceptable en las entidades de carácter nacional, consiguiendo un puntaje de 72 sobre 100; mientras que a nivel departamental sólo se llega a 52 y en el municipal apenas al 48.

Respecto a los sectores que resultaron mejor posicionados en el índice de corrupción aparecen: Función pública (80,2), Comercio Industria y Turismo (79,4) y Salud (74,8); mientras que las entidades que resultaron mejor evaluadas por ubicarse en riesgo moderado fueron: la Superintendencia de Sociedades; la Superintendencia Financiera y el Departamento de Planeación Nacional.  

Este miércoles se dio a conocer el informe anual de Transparencia por Colombia, en el que se evalúa los riesgos de corrupción en las entidades del sector públicos. En términos generales, el balance es que en Colombia existe un alto riesgo de que los dineros públicos caigan en manos de los corruptos.

“Ninguna de las 167 entidades evaluadas por esta herramienta de control social lograron el nivel de Riesgo Bajo de corrupción. Las calificaciones más aceptables se clasifican en Riesgo Moderado y la conforman en un 27 % las entidades nacionales, 22 % de las gobernaciones y sólo 11 % de las 28 alcaldías evaluadas”, señala el documento producido por esta organización de la sociedad civil.

Otro dato advierte que, de las 28 alcaldías evaluadas, el 60% están clasificada como en alto o muy alto riesgo de corrupción. La misma clasificación arrojó el 50% de las 32 Contralorías Departamentales evaluadas; así también están reseñadas el 40 % de las Gobernaciones y el 19 % de las entidades nacionales.

En esta versión, Transparencia por Colombia, estudió la gestión administrativa de las entidades públicas entre enero 2015 y abril del 2016, concentrando su atención en 167 entidades del nivel nacional, 32 gobernaciones y 32 Contralorías departamentales, y 28 municipios capitales. Y la conclusión de su director, Gerardo Andrés Hernández resulta alarmante: “los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones”.

Entre los resultados que contiene el informe se destaca que las gobernaciones y alcaldías de menor categoría son precisamente las que mayor riesgo de corrupción tienen. Mientras que a nivel nacional es el ministerio de la Justicia el más proclive a prácticas clientelistas o corruptas, seguido por el de Interior y el de Agricultura.

“En la rama judicial, de las dos entidades evaluadas la Fiscalía obtiene una calificación que apenas alcanza los 50 puntos, mientras que en la rama legislativa el Senado obtiene 55 puntos. Es importante resaltar que tanto la justicia como la agricultura y el desarrollo rural serán determinantes en la construcción del país del posconflicto, y debe prestársele especial atención para que sus procesos sean transparentes y que un manejo corrupto de sus recursos o de los procesos que allí se lleven a cabo no le generen al país una nueva frustración”, expresa el informe.

Entre las prácticas que más preocupan en las entidades públicas está la contratación directa, la cual se realiza el 74 % de las veces en el nivel nacional, 59 % en el departamental y 41 % en el municipal. También preocupa la realización de licitaciones con un solo proponente, práctica que ocurre el 59 % de las veces en las Gobernaciones y 53 % en las alcaldías.

Así mismo, el indicador de empleo público, que hace referencia a la contratación de personal por méritos, el crecimiento del número de contratistas o la brecha salarial entre hombres y mujeres, muestra un nivel aceptable en las entidades de carácter nacional, consiguiendo un puntaje de 72 sobre 100; mientras que a nivel departamental sólo se llega a 52 y en el municipal apenas al 48.

Respecto a los sectores que resultaron mejor posicionados en el índice de corrupción aparecen: Función pública (80,2), Comercio Industria y Turismo (79,4) y Salud (74,8); mientras que las entidades que resultaron mejor evaluadas por ubicarse en riesgo moderado fueron: la Superintendencia de Sociedades; la Superintendencia Financiera y el Departamento de Planeación Nacional.