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Al tiempo que en La Habana se trabaja intensamente, y a puerta cerrada, sobre cuál sería la fórmula jurídica que le daría vida al Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc, incluyendo las observaciones de los voceros del No, la tropa guerrillera empezó su regreso desde la sabanas del Yarí, en Caquetá, hacia sus regiones de origen, como medida de seguridad. Y es que en la vereda El Diamante se había concentrado una gran cantidad de unidades guerrilleras, con el objetivo marchar hacia las zonas veredales donde iniciarían el proceso de dejación de armas y reinserción a la sociedad civil. (Vea acá el especial 'A construir la paz')
Pero el triunfo del No en el plebiscito dejó sin piso jurídico y sin margen político el acuerdo. Y ello ha significado el replanteamiento del cronograma previsto para el tránsito de las Farc a la vida política del país y ha dejado en el limbo los procesos que la mesa de diálogos había conseguido. Por ejemplo, ha quedado congelada la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y ha puesto en situación de extrema vulnerabilidad el cese bilateral del fuego y hostilidades, pues Naciones Unidas quedó sin mandato para verificarlo y quedó sobre los hombros del presidente Santos la responsabilidad de sostenerlo.
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Por eso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo un llamado urgente para que se resuelva esta incertidumbre. Llamado que está dirigido al diálogo nacional que instaló el propio jefe de Estado con los voceros del No, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, y que ayer cumplió su segunda cita. “Se requiere acelerar las conversaciones en el proceso de renegociación. El cese al fuego sin acuerdo de paz es muy débil y difícil de sostener, así el Gobierno tenga la potestad de prolongarlo”, expresó el titular de la cartera política.
Y es que conforme pasa el tiempo, los impactos del limbo jurídico del Acuerdo de Paz empiezan a sentirse con más fuerza. Ello ha significado que en La Habana trabajen sin pausa para consolidar un pronunciamiento conjunto, como mesa de diálogos. Para eso viajaron Humberto de la Calle, jefe negociador, y Sergio Jaramillo, comisionado de Paz. Del otro lado está la mayoría del Secretariado de las Farc, encabezado por el mismo Timoleón Jiménez.
“El trabajo ha sido positivo en estos días, y aunque aún no podemos entregar una conclusión sobre las discusiones, el país debe estar tranquilo porque trabajamos en la construcción de una propuesta para enfrentar esta coyuntura”, explicó a este diario una fuente que se encuentra en La Habana. El objetivo es claro: identificar los puntos en los que el Gobierno y las Farc estarían dispuestos a reabrir la discusión, teniendo en cuenta a los voceros del No.
Sin embargo, las propuestas del uribismo no parecen buscar puntos de encuentro, sino más bien le suben la tensión a la mesa de diálogos. Por una parte, las Farc sostienen que por cuatro años de negociación se invitó a Uribe y sus copartidarios a participar del proceso, con cartas de invitación de por medio, y que la respuesta siempre fue que no les interesaba, aunque pedían ser tenidos en cuenta. Para la guerrilla, la estrategia del Centro Democrático no es la concertación sino la dilatación para evitar que el acuerdo se implemente, al tiempo que se agota el período de Santos.
Y entre las propuestas que hacen surge una que de seguro levantará una nueva polvareda. El representante Samuel Hoyos, del Centro Democrático, radicará hoy un proyecto de ley que busca otorgar amnistía e indultos a los guerrilleros de base que no estén involucrados en crímenes graves o de lesa humanidad. El texto, conocido por El Espectador , contiene 10 artículos y asegura que su objetivo es “facilitar la reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos organizados al margen de la ley ”. (Lea: Uribe propone amnistía a guerrilleros sin condenas y "alivio judicial" a policías y soldados)
La iniciativa sostiene que serán beneficiados quienes hayan incurrido en acciones propias del delito político y sus conductas conexas, entendiéndolas como sedición, rebelión o asonada, y cuyas conductas conexas serán porte ilegal de armas o utilización de prendas e insignias exclusivas de la Fuerza Pública. Es decir, un delito político vacío, como lo explicó alguna vez De la Calle.
Y aunque el proyecto pareciera ser afín a lo acordado en Cuba, lo cierto es que en su artículo sexto se deja ver el “veneno”: “Esta ley será aplicable únicamente a miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley (Farc-Ep) y sólo podrá aplicarse con posterioridad al desarme y desmovilización de quien se quiera beneficiar”. En otras palabras, una propuesta de sometimiento que mina dos principios que rigieron esta materia en La Habana: Las Farc no hablan de entrega de armas, sino de dejación, y no la ven como un evento, sino como un proceso.
Algunos voceros de la Unidad Nacional, defensores del proceso con las Farc, creen que este proyecto a lo que apunta es a dividir a las Farc y provocar una desmovilización por fuera del Acuerdo de Paz, además de que no brinda garantías jurídicas a los guerrilleros rasos en este momento de incertidumbre institucional. Y vaticinan que será mal recibida en Cuba, en momentos en que la comandancia de las Farc ha ordenado a sus unidades tomar posiciones seguras para evitar incidentes que pongan en peligro el cese al fuego y se acabe definitivamente con el esfuerzo de paz de seis años, que hoy busca sobrevivir a las fuerzas de la democracia.