En su informe de seguimiento 2014, el organismo reveló que les ha informado a las autoridades colombianas que “una condena que fuera severa o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aun en caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”.
Asimismo, anunció que continuará trabajando con las autoridades pertinentes del país “respecto de los estándares en materia de admisibilidad establecidos, en un esfuerzo por cerciorarse de que cualquier acuerdo de paz a que se llegue, así como la legislación de aplicación del Marco Jurídico para la Paz, sea compatible con el Estatuto de Roma”.
En el informe la CPI se refirió, además, a la reforma a la justicia penal militar y, aunque no hizo un pronunciamiento de fondo al respecto, dijo que “toma nota de las opiniones expresadas por la sociedad civil nacional, las oenegés internacionales y las instituciones internacionales, respecto de las consecuencias que las reformas propuestas podrían tener sobre la investigación y enjuiciamiento independientes e imparciales de los crímenes pertinentes”.
Igualmente, se refirió a las investigaciones que se adelantan por falsos positivos, desplazamientos forzados y, sobre todo, delitos sexuales perpetrados durante el conflicto armado. Al respecto sostuvo que “a pesar de las dimensiones del fenómeno, el número de procedimientos relativos a violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas en el conflicto armado sigue siendo limitado”. Y que, durante el período informado, apenas ha recibido del Gobierno colombiano información sobre la condena de una persona por violación, dictada contra un miembro de las Fuerzas Militares.
Por otra parte, en relación con los 183 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto que la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía investigar y cuyos procedimientos pidió acelerar, el Grupo de Trabajo encargado del seguimiento de su implementación advierte que a marzo de 2013 sólo se habían dictado cinco condenas y una absolución por actos de violencia sexual, mientras que 95 casos seguían en la etapa de investigación preliminar, 16 de ellos estaban en etapa de investigación, cuatro habían terminado la etapa de investigación, 26 estaban sin actividad y cinco habían dado lugar a acusaciones.