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Desde el comienzo, el Gobierno sabía que el trámite de la reforma de reequilibrio de poderes iba a levantar ampolla. Por eso, antes de radicarla en el Congreso, hubo varias reuniones de “socialización” convocadas por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con las diferentes fuerzas políticas del país, tanto de la Unidad Nacional como de sectores independientes e incluso de oposición. Señalando siempre que estaba abierto al debate, la discusión de la iniciativa comenzó en la Comisión Primera del Senado, y aunque el Gobierno salió inicialmente derrotado en algunos puntos, lo cierto es que la capacidad de persuasión sobre la coalición es evidente, en especial a puerta cerrada.
En efecto, en el primer debate los congresistas no acataron las indicaciones del Gobierno en lo referente al tribunal de aforados y aprobaron que éste tuviera facultades de investigación, acusación y juzgamiento, en contravía de lo que quería el ministro Juan Fernando Cristo, es decir, que dicho tribunal investigara y acusara, pero que el juzgamiento lo hiciera el Congreso. El cambio en ese “articulito”, propiciado por la senadora de la Alianza Verde Claudia López, fue lo que generó la ira del fiscal, Eduardo Montealegre, quien ha llegado a calificar la reforma como un “acto de revanchismo” e incluso llegó a compararla con una segunda toma del Palacio de Justicia.
Sin embargo, el Gobierno comenzó a apretar las tuercas desde ese momento. Según le contaron a El Espectador varios congresistas de la Unidad Nacional —pidiendo la reserva de sus nombres—, si bien el ministro Cristo ha sido franco con las posiciones del Gobierno frente a la reforma en las discusiones en el Capitolio y en los medios de comunicación, la presión en los encuentros previos y posteriores a la aprobación en el primer debate en el Senado reflejan una posición más radical. Mejor dicho: en el Congreso y ante la prensa habla de un interés de “conciliar y llegar a la fórmula que resulte más beneficiosa”, pero a puerta cerrada les dice a los legisladores que “la posición es que el Gobierno cree qué es lo que debe ser aprobado y qué no”.
“La verdad es que en el tema del tribunal de aforados se notó la empatía entre Gobierno, fiscal general y cortes. Al fin y al cabo, Montealegre ha sido uno de los defensores del proceso de paz”, dijo un senador de la Unidad Nacional. Eso habría sido evidente en la reunión del pasado miércoles en el Consejo de Estado, donde precisamente se buscaba el consenso de cara al segundo debate de la reforma, que se espera se dé esta semana en la plenaria del Senado. Y aunque después de ese encuentro se dijo que no hubo acuerdo y que la posición del Gobierno, las cortes y el fiscal se mantenía distante de la del Congreso, la ponencia radicada el pasado viernes muestra, por ejemplo, que en cuanto al tribunal de aforados se impuso el criterio de los primeros.
En el texto se plantea la fórmula de que el fiscal y los magistrados de las altas cortes sean juzgados por el Congreso, quitándole esa facultad al tribunal de aforados, que se queda con la investigación y la acusación solamente. Además se reduce de nueve a cinco el número de magistrados que integrarían dicho tribunal. O sea, el pulso lo está ganando, por ahora, no sólo el ministro Cristo sino también el fiscal, Eduardo Montealegre. De hecho, el texto radicado no fue firmado por dos de los ponentes, Claudia López y Jaime Amín, del Centro Democrático, quienes creen que, si de verdad se quiere equilibrio de poderes, es fundamental que el fiscal y los magistrados tengan un tribunal ante el cual respondan si violan la ley.
A juicio de otro congresista, que también prefirió no dar su nombre por lo complejo que puede resultar contradecir al Gobierno, “el Congreso ha perdido la soberanía para convertirse en un apéndice del Ejecutivo, y a eso hay que sumarle el clientelismo, pues hay compañeros que no presentan un proyecto de ley, pero son muy buenos para llevar hojas de vida”. Otros prefieren guardar silencio y no referirse al tribunal de aforados, pero ya quedó demostrado que a la hora de votar van en contravía del Gobierno. Ahora, hay quienes dicen —en voz baja— que las duras palabras del fiscal Montealegre tienen molesto a más de uno en el Capitolio. El ministro Juan Fernando Cristo ha dicho que respeta las decisiones que se toman en el Legislativo, pero es claro, por lo que cuentan parlamentarios de la Unidad Nacional, que más allá del debate se sienten las presiones.