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Política 29 Ene 2013 - 9:20 pm

Explica los vacíos de la consulta previa

Aníbal Fernández de Soto: 'No tememos revisar cosas del pasado'

Según el viceministro del Interior, se apelará a la Asamblea de Consejos Comunitarios para destrabar la consulta del Estatuto de Desarrollo Rural, el Código Minero y la reforma a las CAR con las negritudes.

Por: Alfredo Molano Jimeno
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Aníbal Fernández, viceministro del Interior para la participación. / Gustavo Torrijos

El viceministro del Interior para la Participación e Igualdad de los Derechos, Aníbal Fernández de Soto, es la persona encargada de que la consulta previa con minorías étnicas salga bien. Hoy más que nunca cuando los directores de las áreas de negritudes y consulta previa han presentado sus respectivas denuncias y Fernández de Soto ha sido el designado para llevar el encargo. Es abogado, especializado en economía y con un máster en estudios políticos. Antes de llegar al Ministerio del Interior trabajó en el de Ambiente, donde tenía a su cargo la consulta del proyecto de reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Una papá caliente que aún no ha sido resuelta y que tiene en vilo al gobierno. Lo mismo ocurre con el Estatuto de Desarrollo Agrario y con el Código Minero, que sin consulta previa no pueden hacer su tránsito en el Congreso.

En diciembre la Corte Constitucional nuevamente le mete la mano a la consulta previa con los afros y las negritudes y les pide que amplíen el espacio de representación…

Hemos acogido una propuesta que surge de las bases de las comunidades negras, con las que hicimos una hoja de ruta que implica apelar a la Asamblea de Consejos Comunitarios, consignada en el artículo 46 de la Ley 70, que es tal vez la instancia más amplia y más representativa que puede haber. Es un espacio autónomo de las comunidades negras y con ellos vamos a construir la arquitectura de la institucionalidad de interlocución entre el Gobierno y las comunidades negras.

¿Y cuándo va a ser convocada?

La idea es que sea a principios de marzo, para avanzar en los pasos que corresponden para cumplir con lo que la Corte nos pide, pero sobre todo para crear una interlocución con todo el blindaje jurídico y la legitimidad social y política que requiere.

Con los pronunciamientos de la Corte, esto que nos cuenta y la salida de dos altos funcionarios del Ministerio del Interior que trabajaban en el tema de la consulta, da la sensación de que se le quiere dar un vuelco al manejo de ésta…

Este ministerio, dirigido por Fernando Carrillo, tiene toda la prioridad de abordar el tema de la consulta previa y resolver varios cuellos de botella. No tememos revisar el pasado y lo que haya que corregir lo haremos. Pero sí queremos ir un poco más allá: atender los requerimientos de la Corte, resolver las urgencias que en esta materia se presentan, para que se garanticen los derechos de las comunidades a las que les asiste la consulta previa, pero también en equilibrio con el desarrollo económico del país y con el ritmo legislativo que el Gobierno quiere impulsar.

¿Cuáles son esas urgencias que usted menciona?

Hemos evidenciado que existen unas zonas grises en la aplicación de la consulta. Si bien existe un convenio internacional firmado por Colombia y una jurisprudencia de la Corte Constitucional que lo desarrolla, el mismo tribunal ha pedido al Congreso y al Gobierno legislar sobre la materia. Lo que queremos es que haya claridad en las reglas de juego para entender cómo se debe aplicar el derecho fundamental a la consulta previa. Es un debate que queremos dar con tranquilidad, incluyendo a todos los sectores que conocen sobre el tema (academia, comunidades indígenas, negras, gremios de los sectores productivo) y llevar al Congreso un proyecto de ley estatutaria que reglamente la consulta previa.

¿Y mientras tanto qué? Porque hay tres proyectos de ley muy importantes para el Ejecutivo que no se han consultado…

Hay unos procesos de consulta, tanto en materia legislativa como en obras importantes para el desarrollo, que el Gobierno busca que avancen. En este momento estamos generando unos planes de choque para que mientras desarrollamos la reglamentación y resolvemos los problemas de fondo de la consulta previa, podamos ir avanzando en las leyes y obras que se requieren.

¿Cuándo se ha proyectado presentar el proyecto de reglamentación?

Es una prioridad nuestra, pero queremos socializar bien las propuestas, discutir su construcción de manera amplia y sin afán. Nos parece mejor construir la propuesta de forma participativa y con un debate amplio que sacarla de afán. Somos conscientes de que si aceleramos la construcción de la reglamentación, implicaría que las comunidades se dediquen a eso, dejando de lado los procesos de consulta previa que se vienen adelantando. Por eso hemos decidido hacer la reglamentación con tranquilidad mientras se avanza en las consultas que están en camino.

Le voy a preguntar por los proyectos que se están consultando y usted me cuenta en qué van… ¿Reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que el ministro de Ambiente dijo presentará en marzo al Congreso?

Estoy seguro de que lo que quiso decir el ministro de Ambiente es que estamos haciendo todo lo posible para poder presentar ese proyecto de ley al Congreso en marzo. Este proyecto ha tenido un trabajo de construcción participativa con las comunidades indígenas. Una comisión ha venido construyendo algunos aspectos del proyecto en lo que se refiere a los indígenas y ese tema será llevado en los próximos días a la mesa de concertación. Con las comunidades negras tenemos el tema de la institucionalidad de interlocución. La Corte nos pide suspender los procesos de consulta con las comunidades negras hasta que el espacio de interlocución esté bien definido. Por eso estamos concentrados en construir ese espacio.

¿Pero en el proyecto de las CAR ya se surtió la fase de preconsulta?

En octubre pasado el Ministerio de Ambiente presentó su propuesta de ruta metodológica a la Mesa Permanente de Concertación —espacio de representación indígena—, al mismo tiempo venía trabajando con una comisión designada por esta mesa para trabajar aspectos concretos de la ley y hoy estamos esperando a que la mesa nos conteste.

¿Cuánto va a costar ese proyecto?

La consulta de una iniciativa legislativa normalmente cuesta $4 mil millones.

¿Estatuto de Desarrollo Rural?

El Ministerio de Agricultura ya tiene una ruta concertada con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas. Desde el año pasado se viene avanzando en el proceso. La semana pasada hubo distintas reuniones de conformidad con el cronograma y está previsto que, en lo que respecta a pueblos indígenas, esa consulta terminará en marzo. Y costará otros $4 mil millones aproximadamente, aunque habría que preguntarle al Ministerio, porque sé que ellos han incurrido en gastos adicionales del presupuesto propio de esa cartera, haciendo esfuerzos para acercarse más a las expectativas de las comunidades.

¿Código Minero?

En octubre pasado también fueron presentados ante la mesa indígena una hoja de ruta, un plan de trabajo y una metodología para consultar la ley minera. Estamos esperando respuesta.

¿Estamos hablando de que consultar estos tres proyectos cuesta $12 mil millones?

Ese es el cálculo, aunque siempre hay que mirar en particular cada proceso que se consulte. Pero esos son cálculos que nos ha dado la experiencia. Precisamente es uno de los aspectos sobre los que hay muchas zonas grises. La Corte ha sido muy clara en proteger esa instancia de preconsulta en el sentido de que no debe haber rigidez en tiempos y cronogramas, porque cada proceso dependerá de la comunidad y de la naturaleza del proyecto que se va a consultar. Ese es un tema que debe ser reglamentado en la ley estatutaria para que haya claridad y el Gobierno pueda prever lo que pueda costar una proceso de consulta.

Usted, como encargado del tema de la consulta previa desde el gobierno, ¿cuáles han sido los principales vacíos que ha visto en la consulta previa tal y como se hace hoy?

Por un lado, falta claridad en el aspecto de la representatividad, es decir, ¿con quién se consulta? Por el lado de los pueblos afrocolombianos hemos tenido esa dificultad que ha venido desarrollando la Corte en sucesivas sentencias, pues cuestionó que la llamada Alta Consultiva es la instancia de representación de los pueblos afros. Con la Mesa de Concertación de los pueblos indígenas también existen posturas de algunos pueblos que no necesariamente coinciden con lo que se presenta en la mesa de concertación. Hay un tema de representatividad, particularmente cuando se refiere a iniciativas legislativas, que no tiene mucha claridad. Otro aspecto que tiene vacíos es lo que corresponde a tiempos, costos y quién debe hacer la consulta. Por ejemplo, cuando es una iniciativa parlamentaria o de una empresa, quién debe asumir los costos y hasta dónde van las funciones del interesado en el proyecto con la consulta. Ahí hay distintas interpretaciones, por lo que hay que definir qué camino es el que vamos a tomar.

Precisamente, es bastante complicado que quien lidere la consulta sea el directamente interesado en el proyecto, eso se presta para episodios como el ocurrido en la Sierra Nevada, donde compraron la consulta con palas y almuerzos. ¿No será que el responsable de adelantar esas consultas, no de pagarlas, deba ser un organismo internacional, las universidades o alguien con un perfil más técnico?

Hoy el Ministerio del Interior es garante de la adecuada aplicación de la consulta previa a petición del interesado. Pero quien impulsa y asume costos de esa consulta es el interesado en el proyecto: si es una empresa o si es una entidad pública. Ese es uno de los asuntos que queremos precisar en la reglamentación.

Una de las críticas más fuertes a los procesos de consulta es la manera como se manejan los viáticos para los consultivos…

Ese es otro aspecto a reglamentar. Hoy en día, a los representantes de las comunidades —negras o indígenas— les queda muy difícil incurrir en los gastos de trasladarse a Bogotá, entonces el Gobierno hace el rol de garantizar que el espacio funcione. Pero ahí están las dudas: ¿quién debe pagar eso?, ¿la persona que viene debe recibir honorarios?

¿Cómo recibe el Ministerio del Interior la última decisión de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con las Islas del Rosario?

Lo que podemos decir al respecto es que el Consejo Comunitario de Orika efectivamente existe, desde el año 2005 está registrado. Este gobierno tiene el interés de garantizar el goce efectivo del derecho a la consulta previa y el reto que tenemos es llegar al equilibrio entre los derechos de las comunidades y el desarrollo económico y legislativo del país. Para que eso funcione hay que crear una institucionalidad más precisa y participativa. Por eso queremos repensar la manera como venimos teniendo la interlocución con las minorías étnicas. Pero al tiempo tenemos urgencias como país. La paradoja es que no hemos podido avanzar en la consulta de proyectos que benefician a las comunidades.

¿Por qué se fue Boris Zapata, director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras?

En esa dirección no había habido suficiente continuidad. Boris es una de las personas que más han durado en esa dirección. Estuvo cerca de un año y medio. Él logró darles continuidad y un desarrollo muy valioso a los proceso con las comunidades. Lo que sentimos es que había unos acuerdos con él de cerrar unos procesos y él tenía otros proyectos en su vida. Ante los nuevos retos que estamos enfrentando es un momento oportuno para hacer un recambio. La dirección la estoy asumiendo directamente yo en esta transitoriedad y le deseamos todos los éxitos. Vamos a hacer un concurso de méritos para elegir a la persona que va a dirigir esa dependencia. Nos han llegado muchas hojas de vida.

Rafael Antonio Torres, director de Consulta Previa, también renunció. Se dice que fueron las mismas comunidades quienes exigieron su dimisión.

Todos los directores y quienes estamos en el Ministerio presentamos la renuncia una vez llegó a dirigir la cartera Fernando Carrillo. En el caso de Rafael Torres, quien también nos aportó mucho ayudando a crear la Dirección de Consulta Previa, que no existía, si bien hay opiniones como las que usted expresa, también hay muy buenos comentarios de otros sectores, como el empresarial. En ese sentido, el ministro y Rafael acordaron hacer un cambio atendiendo a los retos a los que nos enfrentamos.

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