Aprobada ampliación del fuero militar

Pese a los cuestionamientos de diversos organismos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, el Gobierno y su bancada apelaron a la ‘soberanía legislativa’.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acompañado de los altos mandos militares, durante su intervención ayer en la plenaria del Senado.  / Cortesía
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acompañado de los altos mandos militares, durante su intervención ayer en la plenaria del Senado. / Cortesía

Con la suposición de que cualquier acción en que incurran los miembros de la Fuerza Pública son actos del servicio y serán conocidos por los tribunales marciales —excepto los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado— el acto legislativo que reforma la justicia penal militar fue aprobada anoche por la plenaria del Senado, en último debate, por 54 votos a favor y cinco en contra.

Ninguna resonancia alcanzaron las críticas hechas por los relatores especiales de las Naciones Unidas ni las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mucho menos las alertas elevadas por José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch, o del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. Menos todavía se tuvieron en cuenta las voces de desacuerdo de los parlamentarios del Polo Democrático ni tampoco las de algunos legisladores de los partidos Liberal, Verde o de la U. Nada valió para frenar la tesis “de recuperar el sentido de la seguridad jurídica”, esgrimida por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Previamente, ante los temores de que con esta iniciativa se podía abrir camino a la impunidad para aquellos miembros del Ejército involucrados en falsos positivos, tratos inhumanos o crueles, detenciones arbitrarias, mutilaciones, acceso carnal violento y toda suerte de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitarios (DIH), el mismo ministro del Interior, Fernando Carrillo, había invocado la “soberanía legislativa” afirmando que “es el Congreso el que toma las decisiones y no por imposición; lo hacemos nosotros por una convicción absoluta y estoy seguro de que la norma que va a salir va a garantizar que no va a haber impunidad en Colombia”.

A su vez, también jurando en todos los tonos que no habrá impunidad, el coordinador de ponentes, Juan Manuel Galán, sostuvo que “el fuero busca la salvaguarda de la institución militar, incluso sobre aquellos militares y policías que a través de conductas delictivas buscan debilitar a una gran mayoría que tiene como función principal defender nuestra soberanía y la existencia y seguridad del Estado”. De paso, Galán le hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que asuma —de cara al país— el compromiso de defender la legitimidad del Estado y la institucionalidad, como órgano de cierre incluso en los proceso contra uniformados.

Y el senador Juan Carlos Vélez Uribe, furibundo defensor del proyecto, recalcó que “nuestros soldados y policías no son ningunos criminales, son héroes de la patria. Lamentablemente les hemos venido recortando sus garantías por decisiones de la Corte Constitucional y de organizaciones internacionales. Esta es la oportunidad para devolverles sus derechos”. En contraposición, el senador del Polo Democrático, Parmenio Cuéllar, señaló que “no se puede aprobar que los derechos humanos y el DIH sean potestad de la justicia penal militar, sería una vergüenza que tendrá que afrontar el Congreso. Eso está proscrito en los tratados internacionales”.

Incluso Cuéllar argumentó que existen contradicciones procesales en el proyecto, puesto que “si el sistema penal acusatorio no se aplica en la justicia penal militar, ¿cómo puede haber un juez de garantías si es una figura propia de este sistema?”. Y afirmó que es equivocado hacer un índice de delitos en la Constitución.

Por su parte, el ministro Pinzón defendió la reforma enfatizando que lo que busca es justicia y que a este texto se ha llegado producto de arduas y democráticas discusiones. “Esto salió como recomendación de una comisión de expertos de altísimo nivel. No es una reforma hecha en los cuarteles ni en los manteles, sino de cara a la sociedad”, dijo. Y agregó que la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública redunda en seguridad para todo el pueblo colombiano. “Las Fuerzas Militares y de Policía son los principales defensores de derechos humanos del país, pues ellos juran con su vida defender la Constitución y la ley”, señaló Pinzón.

Y frente a los reparos de algunos senadores, como Armando Benedetti o Juan Fernando Cristo, el mindefensa expresó que la reforma al fuero militar no será una ventana a la impunidad y que se ha logrado un texto equilibrado, respetando los acuerdos internacionales que tiene Colombia: “La justicia de las víctimas no puede pasar por la injusticia contra los miembros de la Fuerza Pública”, concluyó. Ahora queda esperar la conciliación entre Senado y Cámara de Representantes, donde no se esperan mayores sorpresas. El ministro Pinzón reveló que en marzo se presentará la ley estatutaria que reglamenta el proyecto. Eso sí, es de esperar demandas y, frente a ellas, el veredicto final de la Corte Constitucional ante a una iniciativa que levantó y seguirá levantando ampollas en el país y afuera.