Un arancel judicial que corresponde al 1,5 por ciento de las pretensiones y que deberá ser cancelado por el demandante antes de iniciar el proceso judicial (no aplica para personas que no declaran renta) fue aprobado este lunes por el Senado de la República en cuarto debate y queda listo para sanción presidencial.
Con este proyecto del Ministerio de Justicia, la Rama Judicial percibiría alrededor de 70 mil millones de pesos al año en procesos civiles y ante el Contencioso Administrativo, cuando el demandante sea un particular.
"El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de Justicia. Sin embargo, por tratarse de un pago que no se exigía si no hasta que se finalizara el proceso, estaba siendo evadido por las partes”, afirmó la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa
Así mismo, la jefe de la cartera señaló que “lo que hicimos fue convertirlo en una medida que se tome desde el comienzo del proceso".
Correa explicó además que los recursos recaudados serán destinados a la descongestión de los despachos judiciales, al fortalecimiento de los procesos orales y a la consecución de infraestructura técnica y tecnológica de la Rama Judicial.
"Con esta nueva Ley se establecen medidas que incentivan la conciliación de los litigios y que las partes puedan negociar y llegar acuerdos antes de llegar a la demanda. De esta manera, la instancia ante la Rama Judicial no podrá ser utilizada como mecanismo de presión para hacer valer sus pretensiones económicas", indicó la Ministra. Y agregó que este es un mecanismo clave para evitar las ya conocidas demandas temerarias.
Como en todo proceso judicial, al final del proceso el pago del arancel será asumido por quien pierda la demanda, sin embargo, la ley, que pasa a sanción presidencial, establece que asume este costo quien pierda la demanda siempre y cuando declare renta. De lo contrario, el costo lo asume el demandante.
La Ministra de Justicia agradeció el apoyo del Congreso a una iniciativa que según ella, redundará en un servicio más eficiente para todos los ciudadanos.
"Este es un proyecto equilibrado, que respeta el principio de equidad porque no va a afectar a los más pobres ni a aquellos que están constantemente embargados en un proceso ejecutivo. Creo firmemente que este proyecto va a beneficiar mucho a la Administración de Justicia trayendo recursos para invertir en una más pronta, eficiente y moderna justicia y desincentivando que los procesos escalen hasta llegar a un proceso judicial", dijo.