Decisiones importantes se tomaron en el primer encuentro de este año, el martes pasado, entre el presidente Juan Manuel Santos y los partidos de la coalición de Unidad Nacional, además del Polo Democrático y la Alianza Verde, que respaldan al Gobierno en el proceso de paz con las Farc, precisamente para que ayuden en la pedagogía de la negociación y se logre que la votación del plebiscito para refrendar los eventuales acuerdos supere los 4,4 millones de votos que se requieren para su aprobación.
En la Casa de Nariño reconocen que la popularidad del Gobierno del presidente Santos está en un mal momento por cuenta de la venta de la generadora de energía Isagén y por la filtración de las recomendaciones de la comisión asesora para la reforma tributaria, que hacen prever un incremento sustancial en los impuestos. Saben que si los ciudadanos vinculan esas medidas impopulares con el proceso, pasar el umbral resultaría imposible.
Por eso, según le informaron a El Espectador parlamentarios asistentes a la reunión con el jefe de Estado, la primera decisión que se tomó fue que, pese a los evidentes problemas fiscales, la anunciada reforma tributaria “será engavetada temporalmente” y no se presentará al Congreso en este semestre legislativo.
Uno de los asuntos más complejos abordados en el encuentro fue la posibilidad de abrir las puertas a la participación política de las Farc o buscar la forma de dar los primeros avances hacia este fin. Si bien se han dado pasos en la implementación de algunos puntos, como el cambio en la institucionalidad en temas de tierras, el desminado humanitario o la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, en participación política los avances son nulos.
Por eso, el presidente les pidió a los parlamentarios ayudar a buscar la fórmula para desatar este nudo gordiano, pues una de las finalidades principales del proceso de paz es que las Farc dejen las armas para empezar la lucha en la arena política electoral y, como están las cosas, esa posibilidad no es inmediata.
Las elecciones al Congreso serán en 2018 y se espera que para ese momento la guerrilla ya habrá dejado las armas, pero sus jefes estarán en procesos judiciales o probablemente condenados por la Justicia Especial para la Paz, que aunque contempla sanciones de restricción de movilidad y no cárcel, se trataría de parlamentarios legislando en condición de condenados.
La primera propuesta fue que se les tramitara un permiso de trabajo, como los que tienen los reclusos que reciben detención domiciliaria, pero fue descartada precisamente porque no resulta procedente que un condenado, sin cumplir la pena, tenga investidura parlamentaria.
La segunda fórmula es la asignación de curules directas a miembros de las Farc, más allá de lo que está planteado en el acuerdo sobre las llamadas circunscripciones especiales de zonas de conflicto. La idea se ve con buenos ojos, pero en la coalición santista saben de la férrea oposición de sectores como el uribismo, que ha hablado ya de la intención de “regalarles curules a miembros de las Farc”, lo que podría afectar también el plebiscito.
Lo preocupante es que estas dos propuestas están planteadas para que se apliquen luego de la firma del acuerdo de paz, y lo que se pide desde la Casa de Nariño es buscar la forma de avanzar o hacer gestos de buena voluntad en el punto de participación política. Esa es la tarea.
El compromiso es apoyar la campaña por el plebiscito para la paz. Así las cosas, los que esperaban que 2016 fuera un año tranquilo en materia político-electoral, hicieron mal sus cábalas, pues lo acordado en la Casa de Nariño es empezar a contrarrestar la campaña por el “no” que ya está haciendo el Centro Democrático. En síntesis, será la reedición de la disputa que se dio en las elecciones presidenciales, en las que el debate central giró en torno a la negociación con las Farc y muchos dividieron al país entre “los amigos y los enemigos de la paz”.