Este lunes el presidente de la República, Juan Manuel Santos, radicó en el Congreso el Proyecto de Ley de Víctimas, que busca dar atención y reparar a los casi cuatro millones de colombianos afectados por las más de cuatro décadas de conflicto armado en Colombia.
Según el Gobierno, el proyecto es un instrumento legislativo para generar una política masiva de reparación a las víctimas de la violencia y se espera sea aprobada este año, antes del 16 de diciembre, con el fin de poder avanzar en la consolidación de normas que garanticen un mínimo de apoyo para los afectados de la violencia en el marco de la no repetición.
Durante el acto de presentación, el mandatario señaló que en esa nueva Ley de Víctimas, a propuesta del Partido Liberal, no habrá discriminación para las víctimas, es decir, que serán reparadas por igual las personas que resultaron afectadas por guerrilla, los paramilitares y por los agentes del Estado.
El proyecto contempla medidas como asistencia en salud y educación, ayuda humanitaria de reacción ante nuevos hechos de violencia y de restitución de tierras, para que estas víctimas puedan volver al estado en que se encontraban antes de que sus derechos fueran vulnerados.
"Será la hoja de ruta para ejecutar una reparación integral a las víctimas" en un periodo de quince años, matizó Santos, al aclarar que en ese lapso se espera "reparar social, económica, psicológica y simbólicamente a cerca de cuatro millones de desplazados y víctimas de otros delitos derivados de la violencia".
El jefe de Estado agregó que ya hay asignados 40 billones de pesos para atender a esas víctimas y repararlas. Los recursos saldrán de los bienes incautados a los victimarios, impuestos y regalías recaudadas en los próximos 10 años.
"Son cerca de un millón de familias colombianas que han sufrido los estragos del drama nacional, y escuchen bien porque esto es muy importante: el propósito fundamental que tenemos es que las víctimas reconstruyan sus propios proyectos de vida. Esa es la columna vertebral de la ley", agregó.
Santos explicó que la restitución se realizará a través de herramientas como la indemnización por vía administrativa, entrega de recursos para inversión o adquisición de tierras y apoyo a proyectos productivos.
Asimismo, las víctimas tendrán prioridad en el acceso a subsidios y créditos blandos para vivienda, mientras que los menores de edad reconocidos como víctimas podrán obtener una indemnización que se mantendrá en encargo fiduciario "hasta que alcancen cierta edad".
El ponente de la iniciativa, representante Guillermo Rivera señaló que el proyecto contiene medidas de reparación administrativa para los afectados por acciones de la guerrilla, los paramilitares y los agentes de Estado, así como soldados y policías mutilados por minas antipersonales o secuestrados.
A su turno, el senador Juan Fernando Cristo señaló que el objetivo de la ley es armonizar la producción legislativa sobre víctimas y el tema de la reparación administrativa a la par que se desarrollan los principios de verdad, justicia y reparación en una política de Estado, para que no estén expuestas a "derogaciones coyunturales propias del criterio de cada gobierno".
El Proyecto de Ley de Víctimas recoge la jurisprudencia internacional en materia de víctimas de la violencia, establece las modalidades de la reparación, establece parámetros de la indemnización administrativa, desarrolla las garantías de no repetición y se plantea la rehabilitación y acompañamiento sicológico y terapéutico a las víctimas de la violencia.
Aunque las víctimas de crímenes de Estado están incluidas en el universo de los beneficiados, el proyecto protege al Estado al asegurar que al reparar a este grupo, no está acusando a los uniformados de victimarios.
En la reparación a los uniformados, la iniciativa es clara en señalar que sólo accederán a la reparación los policías y militares que hayan resultado mutilados por minas antipersona, secuestrados o desaparecidos y no se incluye a los ex guerrilleros o desmovilizados paramilitares que pidan su reparación.